Hace más de dos años nació el primer gobierno de coalición entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox. Fue en las autonómicas anticipadas de Castilla y León, que acabaron luego con un pacto de investidura y de reparto de consejerías. La entente se fortaleció en el verano de 2023, cuando la Generalitat del Pais Valencià y los gobiernos de Murcia, Extremadura y Aragón conformaron un cogobierno entre ambas formaciones. En Illes Balears el reparto de poder fue entregar el Parlament a Vox a cambio de votar a la candidata del PP.

Pero esta semana este esquema ha entrado en eclosión por el rechazo de Vox al reparto solidario entre comunidades autónomas de 110 menores migrantes no acompañados, motivado por la situación de colapso que tiene al respecto la administración de Canarias. La amenaza de ruptura comenzó en declaraciones, siguió con un comunicado publicado el miércoles por la noche y la posición final, tras la reunión de la Ejecutiva Nacional del partido de derecha radical, ha llegado el jueves a última hora.

Con más de una hora de retraso (la rueda de prensa había sido convocada a las 20.00 y comenzó después de las 21.00), Abascal dijo tras reunirse con su Ejecutiva: «Es imposible pactar con quien no quiere hacerlo. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva».

«No tenemos ningún apego a los cargos», afirmó en alusión a algunas críticas que señalaban el gusto «por los sillones» que algunos altos cargos de Vox habían adquirido. «Vox ha cedido, quizás a veces demasiado (para mantener los gobiernos de coalición) y ser una alternativa al Gobierno corrupto», señaló, pero acusó a Alberto Núñez Feijóo de dedicarse «a impedir primero y torpedear después todos los acuerdos en las regiones».

Según los cálculos, el partido ultraderechista tiene más de un centenar de altos cargos en las cinco autonomías donde participa del Ejecutivo, entre consejeros, viceconsejeros, directores generales y directivos en empresas públicas. Supuestamente renunciarán todos en las próximas horas, aunque no se puede descartar que haya algún dirigente que caiga en la indisciplina (y sea tentado por el PP para hacerlo).

La primera muestra en los hechos de la ruptura fue en Murcia, cuando los consejeros de Vox de la región no participaron de la reunión de gobierno. También cabe señalar que no todos parecen en el partido ultra muy dispuestos a renunciar: así como el vicepresidente de Castilla y León se expresó muy a favor de la reacción de Santiago Abascal, los consejeros de Vox en la Generalitat valenciana dejaron ver que harían lo que decida el partido pero no estaban muy por la labor.

Reacción por Alvise

Desde Génova se han ocupado de hacer trascender la siguiente reflexión: la embestida de sus socios tiene que ver con la irrupción en el sistema político de la plataforma Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, que obtuvo tres escaños y el 4,6% de los votos (más de 800.000) en las elecciones al Parlamento Europeo.

La línea discursiva e ideológica de Pérez es más cercana a una ultraderecha desacomplejada, rabiosa y menos dogmática, del estilo del salvadoreño Bukele o del argentino Milei, con un estilo menos casposo que Vox, volcado hacia el neofalangismo desde que Jorge Buxadé copara los altos cargos del partido y se decidiera una purga de los neoliberales que quedaban en el partido (como Iván Espinosa de los Monteros).

De hecho, importantes actores de la derecha españolista, como Federico Jiménez Losantos (muy influyente en el espectro conservador del Madrid-sistema), señalaban la contradicción de querer romper gobiernos autonómicos por una cuestión sobre la migración, cuando no fue ni siquiera un asunto importante en la campaña del 28M el año pasado.

La radicalidad frente al tema de la migración, con el añadido de alevosía que implica querer rechazar a menores en situación de extrema vulnerabilidad, en una sociedad como la del Estado español (cuyo mayor ingreso de migrantes tiene que ver con Latinoamérica y no con África), encuentra explicación en la reacción de Vox ante la aparición exitosa de un competidor en el ala derecha.

La preocupación en calle Bambú (sede nacional de Vox, en el barrio madrileño de Chamartín) no es baladí. Los datos del CIS son elocuentes al respecto: el 47% de los votantes de Alvise Pérez se había decantado por Vox en las últimas generales del 23J y solamente el 19% lo había hecho por el PP. El 14% no había acudido a votar. Además, la nueva plataforma ultra cosecha apoyos en el mismo segmento en el que le va bien a Vox: dos tercios de sus votantes son hombres menores de 44 años y muy activos en las redes sociales.

Esto ocurre en un contexto también peculiar para la ultraderecha española: ha decidido distanciarse del grupo europeo Conservadores y Reformistas, liderado por Giorgia Meloni, y pasará a estar en el que constituirá el ultra húngaro Viktor Orban. Esto es, de un grupo atlantista, enfrentado a Putin y que es eurocrítico, se trasladará a un grupo cercano a Putin, orientado a la llamada ‘Europa de Visegrado’ y euroescéptico.

Sumado a esto, ocurre en momentos en que la extrema derecha de Marine Le Pen ha acariciado su mejor resultado histórico en unas parlamentarias, con el 33,2% de los votos, haciendo de su principal caballo de batalla las críticas a la política migratoria y abrazando la conspiranoica «teoría del reemplazo».

La reacción dramática y crispada de Vox muestra una necesidad de querer hacer un punto y aparte e intentar recobrar la iniciativa. Su comunicado del miércoles, por ejemplo, exhibe algunos párrafos que parecen una narrativa de conflicto escolar: «Los consejeros del PP han votado que sí [a la petición del Gobierno] porque Feijóo se lo ha ordenado, en su afán por arrodillarse ante Sánchez (…). Feijóo les ha llamado uno a uno esta mañana y les ha obligado a votar a favor de las pretensiones del presidente». Sobre el final, dejaba una frase que exhibe la peligrosa deriva que orilla con el racismo: «Vox no va a ser cómplice de las violaciones, los robos y los machetazos».

110 menores

La propuesta de Moncloa, básicamente, es que las autonomías en las que el PP y Vox gobiernan en coalición acojan un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Pais Valencià, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. En Balears tan solo diez. El PP ha accedido a esto exigiendo que mejoren las partidas de dinero para financiar todo el proceso y también obligado por la situación: cogobierna en Canarias con Coalición Canaria, y es esa región la que tiene miles de menores en acogida.

Este jueves, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, había dicho en el Congreso que «no se entiende» la actitud de Vox, que el acuerdo celebrado en el Consejo Territorial que tuvo lugar en Tenerife es «un principio de solidaridad» y que «no puede ser esta» la razón de la ruptura: «Vox está siendo absolutamente irresponsable solo por plantear un órdago de estas características, cuando lo que creo que quiere es romper por otras circunstancias».

Por su parte, desde el Partido Socialista no paraban de acusar esta semana al PP de «cabalgar» en las ideas sobre migración de Vox y de haber cedido ante el dogma de los ultras. Pero en las últimas horas del jueves, antes de la rueda de prensa de Abascal, dijo a través de fuentes que «la pelea entre PP y Vox se produce por una competición entre ambos por ver cuál de los dos es más insolidario con las comunidades fronterizas».

También han recordado que el Gobierno «tiende la mano» al PP para aprobar una reforma a la Ley de Extranjería para «hacer efectiva la solidaridad entre territorios». Un miembro del equipo más cercano a Sánchez opinaba al respecto: «En Vox saben que jamás serán Le Pen de la mano del PP y en el PP piensan que con Vox no van a gobernar nunca porque la izquierda los parará y por eso llega este supuesto divorcio».

No son pocos los que piensan que, quizás no en los hechos concretos de la administración de los gobiernos pero sí en lo simbólico, esto puede acabar beneficiando a Feijóo, quien sabe que su acercamiento con Vox le espanta no solo a la derecha moderada sino a socios posibles como el PNV y Junts per Catalunya.

PP y Vox cogobiernan en cinco comunidades y nada menos que 140 ayuntamientos, aunque en las cinco tienen ya aprobados los presupuestos de 2024 y eso podría ser un oxígeno suficiente para evitar una convocatoria electoral anticipada. Los próximos días serán definitivos. Feijóo analizará en la sede de Génova los pasos a seguir durante toda la mañana. La disputa no ha terminado.