Esta semana el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha hecho público el informe de la evolución de las relaciones laborales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa durante el pasado año. Un documento prolijo en datos que muestra que la negociación colectiva está recuperando su papel central en el ordenamiento del trabajo.

El porcentaje de personas activas en la CAV continúa por debajo de la tasa del Estado en más dos puntos, 56,2% frente a 58,9%. Una diferencia sustancial que tal vez se deba a la mayor cantidad de población jubilada, estudiantes, personas que se dedican al voluntariado o a las labores del hogar. En cualquier caso, esa tasa se tradujo a finales de 2023 en 971.000 personas ocupadas, de las cuales 797.000 eran asalariados, es decir, el 82% de las personas ocupadas.

Sin embargo, la negociación colectiva no les afecta a todos ellos. El informe recuerda que quedan fuera los funcionarios públicos, aunque sí afecta a empleados con contrato laboral que trabajan para sociedades públicas. El informe calcula que la negociación colectiva determina las condiciones laborales de unos 660.000 trabajadores en la CAV.

Dentro de este conjunto de asalariados habría unas 50.000 personas, algo menos del 8% del total, que nunca han tenido un convenio colectivo que regule su actividad laboral. En este apartado, el servicio doméstico sería el mayor colectivo, con unas 27.000 personas, prácticamente todas ellas mujeres, y el resto, según el informe, estaría formado mayoritariamente por mujeres que trabajan en consultas médicas y en actividades sanitarias, servicios administrativos, etc. Actividades que por una u otra razón todavía continúan sin tener la cobertura de un convenio. Restado este grupo, la negociación colectiva afectaría a unos 610.000 trabajadores y trabajadoras.

La reforma de 2012

La salida de la crisis de 2008 se diseñó como una devaluación interna, es decir, Europa siguió una estrategia que consistía en reducir la remuneración de los trabajadores para que la economía volviera a tomar impulso. En este camino de devaluación interna, además de reducir el gasto social, era importante también mermar la remuneración del trabajo. Con ese objetivo, el Gobierno del PP aprobó en 2012 una reforma laboral sin el acuerdo de los agentes sociales, algo que no inquietó a la patronal: recogía todas sus demandas. El principal objetivo era destruir la negociación colectiva provincial, los convenios de sectoriales, y sustituirlos por convenios estatales que, por lo general, recogían unas condiciones más laxas.

La piedra angular de aquella reforma fue la derogación de la ultraactividad de los convenios, lo que significaba que si en el plazo de un año tras la denuncia de un convenio no se alcanzaba un nuevo acuerdo, este perdía su vigencia y se debía aplicar, si lo hubiere, un convenio de ámbito superior, esto es, estatal. Este cambio legal hizo que la patronal tuviera poco interés en cerrar acuerdos, al aplicarse los de ámbito estatal, que en principio eran más favorables a sus intereses.

Otra vía fue sustituir los convenios sectoriales por los de empresa, un ámbito donde la relación de fuerzas puede ser, en muchos casos, más favorable a la patronal. La reforma daba treinta y uno de mano a la patronal para negociar salarios, jornadas,  pero al mismo tiempo creó otro tipo de problemas y disparó la confrontación.

En la tabla adjunta se observa cómo a partir de 2013 se redujo la cobertura de los convenios negociados en la CAV, aunque no aumentó significativamente la cobertura de los de ámbito estatal. Una situación que se prolongó hasta 2017, cuando los agentes sociales ELA, LAB, CCOO, UGT y Confebask firmaron un acuerdo interprofesional para desbloquear la negociación colectiva y dar prioridad a los convenios firmados en la CAV. El acuerdo sirvió para que se revitalizara la negociación colectiva. En 2018 y 2019 se firmaron los convenios de Limpieza de Edificios y Locales y el del Comercio del Metal de Bizkaia; y en 2022 el de la Industria Siderometalúrgica de Araba. Todavía no se ha alcanzado el nivel de cobertura de 2013, pero el ámbito autónomo de negociación colectiva continúa activo y recuperando influencia.

Pactos de empresa

Los convenios de empresa, por regla general, suelen mejorar las condiciones del convenio sectorial. El problema es que no suele haber información, ya que no se publican y tampoco se suelen depositar ante la autoridad laboral. Según los datos recopilados por el informe, en 2023, los convenios de empresa afectaban a unos 155.000 trabajadores, aproximadamente el 25% del total, mientras que 455.000, el 75% del total, estaban sujetos a un convenio sectorial.

En los años 2013 y 2014, tras la reforma laboral, el número de nuevos convenios de empresa creció de los 37 firmados en 2012 a los 129 y 140 firmados en 2013 y 2014, respectivamente. Posteriormente, el número ha descendido y en 2023 solo se firmaron 52 nuevos. En cualquier caso, en un tejido empresarial formado principalmente por pymes, su impacto es limitado, de ahí que la proporción de trabajadores afectados por este tipo de convenios de empresa no haya variado sustancialmente en los últimos años; se mantiene alrededor del 25% del total de trabajadores.

El ritmo de la negociación en 2023

En la memoria destaca que los procesos de negociación se alargan en el tiempo: han pasado de los 345 días en 2008 a 624 en 2023. Se necesitan más de veinte meses para acordar un convenio en la CAV, lo que invita a pensar que la negociación es muy dura. Los estatales que tienen incidencia en la CAV se negociaron bastante más rápido: de media tardaron 396 días.

Con procesos de negociación tan largos no es extraño que la vigencia de los mismos sea de tres años o más para el 91,5% de los trabajadores. La proporción se mantiene desde hace 20 años. Solamente entre 2011 y 2014, a causa de la incertidumbre que provocó la crisis económica, se redujo el número de convenios a largo plazo.

Aumento del salario

El incremento salarial medio pactado en 2023 fue del 4,22%, 0,76 puntos por encima de los incrementos pactados en los convenios estatales, que fue del 3,46%. Fueron algo mayores en los sectoriales, 4,25%, que en los de empresa, 4,14%. El informe señala, además, que la aportación de las cláusulas de revisión salarial en función del IPC fue prácticamente nula, 0,01 puntos.

El documento apunta que la poca influencia de estas cláusulas se debe a que en muchos convenios se están sustituyendo por otro tipo de disposiciones que supeditan la revisión de salarios al cumplimiento de determinados objetivos empresariales. Una forma interesante de unir la remuneración del trabajo al desempeño general de la empresa. En cierto modo, estas estipulaciones crean otro marco para el reparto del beneficio entre el capital y el trabajo.  

La inflación en 2023 creció un 3,1%, por lo que los incrementos salariales han permitido a los trabajadores ganar poder adquisitivo este año, más en el caso de los convenios propios que en los estatales. Con todo, la parte de los salarios en el PIB en 2022 (46,5%) seguía por debajo del registro alcanzado en 2019 (47%), lo que significa que, a pesar de las mejoras en salarios y cláusulas de revisión, todavía queda pelea para mejorar el reparto de la riqueza.
 
Reducción de jornada

La jornada laboral media pactada en 2023 fue de 1.698 horas en los convenios vigentes en la CAV y 51 horas más en los estatales, esto es, 1.749 horas. En este caso, la jornada en los convenios sectoriales (1.705) ha sido superior a los de empresa (1.679). En los estatales la jornada sube hasta 1.752 y 1.699, respectivamente.

Durante 2023 continuó la reducción de jornada. Se registró en el 9,5% de los convenios y afectó al 12,6% de los trabajadores, menos convenios pero más trabajadores que en 2022. La cuantía de la reducción también fue menor, 39 minutos frente a los 45 minutos de 2022.

Conviene reseñar que las 37 horas semanales corresponden con 1.684 horas anuales, por lo que la media de los convenios de la CAV (1.698) estaría prácticamente en ese rango de jornada. Según la nota del CRL, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que pretende aprobar el Gobierno recortaría la jornada a unas 250.000 personas, lo que supone 43,5% de los asalariados con un convenio en vigor.

Actividad sindical

Los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas son UGT (87%) y CCOO (84%) seguidos de ELA (82%) y LAB (81%). ELA es, además, el sindicato que menos convenios sectoriales firma y más de empresa, fruto de su decisión de priorizar los convenios de empresa frente a los sectoriales.

En cuanto a los conflictos laborales, en 2023 descendieron en relación con el año anterior tanto el número de huelgas (-5%), asalariados afectados (-46%) y jornadas no trabajadas (-56%). El informe señala que descenso es, en gran parte fruto, del cierre de las negociaciones de convenios en los años previos.