El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha citado a declarar al presidente del Gobierno español en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11.00 horas.
La prueba testifical se practicará en La Moncloa, hasta donde se desplazará el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
En una providencia dictada el pasado viernes, el juez Juan Carlos Peinado acepta así la petición formulada por las acusaciones populares, dirigidas por Vox, que solicitaban la declaración del jefe del Ejecutivo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Para practicar el interrogatorio, el magistrado se trasladará al complejo residencial de la Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de tomar declaración «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo» en su domicilio o despacho oficial.
La declaración de Pedro Sánchez será grabada, como establece la misma norma, según ha dispuesto el juez Peinado en su resolución.
La citación del jefe del Ejecutivo español como testigo se produce después de que el pasado viernes su mujer, Begoña Gómez, se acogiese a su derecho a no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó su abogado, Antonio Camacho, a la salida de la comparecencia.
Esta decisión motivó que las acusaciones populares solicitasen la testifical de Pedro Sánchez con el objetivo de conocer qué ocurrió en las reuniones mantenidas por Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés –también imputado– en La Moncloa.
En otra resolución, el magistrado acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a quien también cita el próximo 29 de julio a declarar y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas.
Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa, apenas cuatro días después de que prestase declaración como testigo.
De este modo, con Begoña Gómez son ya tres las personas investigadas en esta causa, abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia del autodenominado sindicato ultra Manos Limpias, a la que se unieron otras acciones judiciales de acusaciones como la organización ultracatólica Hazteoír.