Representantes de las ocho mujeres activistas de diferentes colectivos que se querellaron contra un policía al que acusan de haberse infiltrado en movimientos sociales de Barcelona han denunciado la «impunidad» de este tipo de prácticas, después de que la justicia rechazara investigarlo.

En una rueda de prensa este martes en Barcelona, las abogadas de la asociación por los derechos humanos Irídia y del sindicato CGT, Mireia Salazar y Laia Serra, respectivamente, han subrayado que agotarán todas las vías legales, e incluso acudirán a instancias internacionales.

El pasado mes de enero mujeres activistas de distintos movimientos sociales presentaron una querella contra un agente de la Policía española a quien acusan de delitos de abusos sexuales, tortura, contra la integridad moral e impedimento del ejercicio de los derechos civiles entre los años 2020 y 2022 en los que el agente se habría infiltrado en esos colectivos.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del juzgado de instrucción número 21 de la capital catalana de inadmitir a trámite la querella presentada por las ocho mujeres contra el agente por haberse infiltrado y mantener relaciones con ellas engañándolas sobre su identidad real.

Además, los representantes de las personas afectadas anunciaron el lunes que recurrirán la decisión del Tribunal Supremo con el objetivo de agotar todas las vías judiciales «hasta conseguir que tan graves hechos se investiguen, se depuren responsabilidades políticas y todas las personas afectadas sean reparadas».

Durante la rueda de prensa, Salazar ha calificado de «muy grave» la inadmisión a trámite de la querella, «porque se confirma que no se iniciará un proceso de verdad y de reparación a las personas afectadas».

«No tenemos garantías de que estas operaciones cesen», ha manifestado la letrada, que también ha añadido que «el Ministerio del Interior se ha negado a hacer público este tipo de operaciones».

«Carta blanca» para los agentes

Por su parte, Serra ha afirmado que se trata de una infiltración policial para llevar a cabo una investigación «prospectiva»: «Hay carta blanca donde los agentes policiales tienen aval para espiar a cualquier movimiento social», ha añadido.

«El Código Penal se queda corto, no cubre una serie de prácticas de Estado», ha denunciado.

Al final de la rueda de prensa, han reproducido un audio grabado por las querellantes, que han preferido mantenerse en el anonimato para defender su intimidad, y han criticado que esta infiltración ha supuesto que caiga sobre ellas «el peso del patriarcado».

Además, han subrayado que este tipo de prácticas han sido reconocidas como tortura «a nivel internacional», y han añadido que también tienen consecuencias sobre las personas a las que afectan.