El Ayuntamiento de Bilbo ha anulado la multa que se le impuso en mayo de 2023 a un padre que circulaba en bici con sus hijos por el parque de Doña Casilda, al no estar «debidamente acreditado» el expediente administrativo.

El afectado ha hecho público un comunicado en el que recuerda que este mes de septiembre estaba fijado un juicio por estos hechos y cree que, al anular la multa, el Consistorio «evita responder» a si es cierto que, en base a sus ordenanzas municipales, es posible «la circulación en bicicleta en zonas peatonales cuando la concurrencia de personas así lo permite».

En la nota recuerda que recurrió esa multa en julio, pero fue desestimado. En diciembre del pasado año interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Bilbo para recurrir la multa mediante un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.

No «fue debidamente tramitado»

Según ha apuntado, tras varios aplazamientos, el juicio, en principio, estaba fijado para el jueves 19 de septiembre, «justo en mitad de la Semana Europea de la Movilidad». No obstante, ha añadido que «ya no es seguro que se vaya a celebrar» porque el Ayuntamiento ha anulado la multa, «al menos aparentemente, para intentar evitarlo». En la resolución se alude a que el expediente no «fue debidamente tramitado» y, por tanto, se anula la multa.

El afectado ha señalado que su objetivo en todo este proceso es «esclarecer» que «si alguien vuelve a ir en bici por el parque no le pondrán una nueva multa». «Queremos saber qué implican, en la práctica, las confusas normativas municipales sobre ir en bici por el parque de Doña Casilda. Y ya que estamos, sobre todos los parques y otras zonas peatonales donde también han puesto multas a ciclistas», afirma.

A su juicio, el Gobierno municipal «no parece estar interesado en esclarecer nada de esto» porque «ha propuesto al juzgado que no se lleve a cabo el juicio porque ha anulado la multa».

«Me quitan la multa, pero por problemas en el trámite, sin especificar, así que nos quedamos como estamos. La dificultad, por no decir imposibilidad, de interpretación de las normas genera una inseguridad jurídica que lleva indirectamente a establecer un margen de arbitrariedad que no permite nuestro ordenamiento jurídico», asegura.