Anunciando el nombre del segundo vicelehendakari y de algunos consejeros antes de que los hiciera públicos su jefe, Imanol Pradales, el PSE y su secretario general, Eneko Andueza, arrancaron con ímpetu (y algo de deslealtad institucional) su reforzada presencia en el nuevo Gobierno de Lakua. Y con la publicación el 29 de agosto de una foto en Miramar solo con los y las representantes del PSE, y el anuncio de que «vamos a vivir muchos cambios que van a transformar nuestra sociedad de forma muy significativa», parecía que el partido de Andueza iba a volver por ese camino. Pero resulta que las cuitas del socio mayoritario le han hecho sombra incluso a la ronda de Mikel Torres con sindicatos y patronal.

En julio, el consejero Denis Itxaso logró repercusión con algunos anuncios en materia de vivienda. Algo se habló también de María Jesús San José. Pero en agosto la mayoría de los integrantes del Ejecutivo, incluido el lehendakari, vaciaron sus agendas. No es mal trabajo el que con apenas poco más de un mes en el cargo ya te ofrece semanas de vacaciones.

Poco se ha sabido en estas semanas de los gobernantes hasta el primer Consejo de Donostia. Tan solo algunos nombramientos de cargos que, por cierto, en numerosos casos muestra falta de cantera de los socios y la omnisciencia de varios de los elegidos. Por ejemplo, Tontxu Rodríguez, tras haber sido secretario de Estado de Justicia con Pedro Sánchez, pasa a ser director de Kontsumobide, mientras que Alfredo Retortillo, quien fue consejero de Consumo y aspirante a la alcaldía de Barakaldo, (que ya tuvo Rodríguez) pasa a ser viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación. O, por ejemplo, el exalcalde de Beasain Aitor Aldasoro ha pasado de ser viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental a viceconsejero de Política Lingüística. Precisamente, quien ocupaba ese cargo en la pasada legislatura, Miren Dobaran, ya había anunciado que dejaba la Administración para volver a su trabajo en una ikastola, pero pasa a dirigir la Academia de Arkauti, quizá porque está claro que hay mucho trabajo que hacer allí con el euskara, aunque no parezca que esa sea la razón.

Precisamente el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, está siendo criticado en algunos sectores jelkides por estar llenando el organigrama con amistades, algunas provenientes de EiTB, como la nueva jefa de recursos humanos, Miriam Anitua.

Zupiria sí que ha tenido cierto protagonismo estas semanas. Cabe recordar que ya el 2 de agosto este medio daba cuenta de su respuesta parlamentaria poniendo en duda que la herida en el exterior de Anoeta fuera golpeada por una bala de foam y eludiendo que en un vídeo se ve que además un ertzaina la patea.

Parece que el nuevo consejero sigue la línea de defensa corporativa de sus antecesores con unos sindicatos que piden la universalización de las pistolas Taser diciendo que los calambres son poca cosa («Produce 2.1 miliamperios (0.0021), una cantidad de corriente muy baja que no es peligrosa») y que piden medidas contra la mujer que denunció amenazas en redes y se quejó del trato poco profesional recibido en comisaría, en lugar de ponerse de su lado. Por cierto, no consta en esta redacción ninguna nota de ningún sindicato ni asociación de ertzainas sobre el bochornoso robo de material policial en el coche oficial del propio lehendakari.

Las propuestas de pactos éticos y de salud han pasado por encima al PSE

Tras las vacaciones del Ejecutivo -resulta discutible antecederlas del tópico de «merecidas»- el mensaje fuerza del lehendakari no fue su calendario legislativo ni figura todavía en el orden del día cuándo empezarán los consejeros y consejeras a informar de sus planes al Parlamento. Se centró en la presentación de un Pacto Ético que, según admite él mismo, no parece necesario en la CAV, aunque no está del todo claro que no sea así.

De hecho, el propio Imanol Pradales afirmó en la misma rueda de prensa que el que EH Bildu presente iniciativas parlamentarias, entre otras la de solicitar la comparecencia del consejero de Salud cuando acababa de morir una persona en Laudio por falta de médico en una ambulancia «medicalizada», le «ha recordado a una forma de hacer política del pasado, a puño de acero en guante de seda. Creo que estamos en otros tiempos». Y al día siguiente y en otros posteriores, el presidente de su partido y quien le ofreció la candidatura a lehendakari, Andoni Ortuzar, definió esas iniciativas de «agresiones» y «jo ta ke contra el Gobierno».

Resulta difícil encajar esas expresiones en la búsqueda de «la ejemplaridad en el ejercicio de la actividad pública y política», más aún cuando la hipérbole (o hiperventilación) no encaja con datos anteriores del propio PNV ni de EH Bildu.

Pero ha habido otro efecto: la propuesta de Pacto Ético ha hecho que el PP se desmarque y que EH Bildu haga aportaciones, mientras que el PSE ha desaparecido, quizá porque no era lo que habían firmado con el PNV en el acuerdo de coalición. Repasen.

Como también ha pasado desapercibida cuál ha sido la aportación del PSE al Pacto Vasco de Salud e incluso su mera presencia en la reunión de la Mesa. Ni en teletipos ni en medios aparece ninguna declaración del partido de Eneko Andueza sobre esto. Como si no habrían estado.

De lo que sí han hablado dirigente del PSE es sobre el enlace de la  ‘Y vasca’ en lo que tendrían mucho que callar. Tanto la diputada foral de Araba Cristina González como la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, han asegurado que lo lógico es el enlace con el corredor navarro por Gasteiz. Pues se lo podrían haber explicado antes al expresidente de su partido y consejero, Iñaki Arriola, que ordenó construir una estación en Ezkio-Itsaso el 4 de marzo de 2021 y paró la obra el 27 de setiembre de 2022 cuando ya estaba casi terminada y tras gastar2,2 millones de euros.

Y al igual que el PSE haría bien en no asomar la cabeza demasiado en esta materia, tampoco se entiende por qué el PNV se ha enfrascado en una batalla interna entre sus responsables de la Diputación de Gipuzkoa y de la de Araba, que erosiona la imagen del lehendakari, Imanol Pradales, cuando no se prevé una decisión final ni siquiera en todo 2024 y, según la ley, está en manos del Gobierno español que, por si a alguien se le ha olvidado entre encomiandas y cupo, es el que al final paga la obra.

Sin dejar de lado que cada discusión sobre si hacer el enlace por allá o por acá recuerda que esta es la obra de nunca acabar, un saco sin fondo de dinero público, en la que todo parece un despropósito.

Habrá que esperar a que todas estas relaciones se reajusten, aunque cuentan que las relaciones entre socios no son todo lo engrasadas que debieran.