El Ayuntamiento de Getxo abrirá expediente sancionador a la promotora que derribó el palacete

El Ayuntamiento de Getxo ha informado de que abrirá expediente sancionador a la promotora de doce viviendas de lujo en Algorta que derribó un palacete de 1845. Niega que los ediles del PNV, que son cooperativistas del proyecto, hayan participado del procedimiento administrativo.

Aspecto del solar del número 11 de la calle San Nicolás de Algorta, donde estaba el palacete.
Aspecto del solar del número 11 de la calle San Nicolás de Algorta, donde estaba el palacete. (Mikel Martínez de Trespuentes | FOKU)

El revuelo creado en torno al derribo del palacete Irurak Bat de Algorta ha obligado al Ayuntamiento de Getxo a romper su silencio y anunciar que abrirá expediente sancionador a Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa, la promotora de las viviendas de lujo que se pretenden levantar en el solar. Asimismo, el Gobierno municipal indica que, «como cooperativistas», ni Inaxio Uriarte Gorostiaga ni Irantzu Uriarte Gómez han participado del procedimiento administrativo.

Recuerda que el pasado 9 de agosto dictó una resolución en la que ordenó la paralización «inmediata» de las obras y la adopción de medidas de seguridad y cierre de la parcela, «al haberse ejecutado trabajos de derribo no autorizados en los elementos constructivos existentes sin la aprobación previa por el personal técnico municipal».

En este contexto, informa de que se está tramitando «un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras ejecutadas», advirtiéndose de que, en caso de que se constate el incumplimiento de la orden, «se procederá a la imposición de las correspondientes multas coercitivas».

Dentro de ese expediente y a partir de la documentación que entregue Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa, los técnicos de Urbanismo y Disciplina Urbanística «analizarán y evaluarán las posibles medidas sancionadoras y las futuras acciones correspondientes».

Protección de la legalidad

El Gobierno municipal defiende que «ha desplegado las medidas necesarias para proteger la legalidad urbanística dentro del marco normativo vigente» y está «a la espera de la adopción de las medidas por parte de la promotora que permitan recuperar las construcciones habilitadas por la licencia, respetando las condiciones de la ‘custodia municipal’ de las obras inicialmente autorizadas».

«Precisamente el expediente de restauración de la legalidad no se abre por el derribo parcial de unos elementos constructivos existentes, sino por no ajustarse al proyecto inicialmente presentado, que optaba por dicho mantenimiento de parte del edificio, lo que contraviene la licencia previa», expone en un comunicado tras días en que el caso no ha hecho sino convulsionar más a los y las vecinas de Algorta.

Las explicaciones dadas a conocer a través del comunicado se producen a una semana de la comisión en la que los grupos de la oposición han solicitado explicaciones al Gobierno municipal. EH Bildu, por ejemplo, ya ha pedido que se inicie un expediente sancionador y está a la espera de la información que se le facilite para dar nuevos pasos si lo considera conveniente.

«Sin previo aviso»

«La licencia –expone el Consistorio– se otorgó a partir de la propuesta presentada por la promotora en el proyecto correspondiente. Sin embargo, aduciendo el grave riesgo derivado de una serie de desprendimientos, la dirección facultativa ordenó, sin previo aviso al Ayuntamiento, el derribo de los tres muros del edificio a rehabilitar y que se iban a preservar parcialmente».

Al haberse derribado el edificio entero, a la hora de levantarlo nuevamente, la promotora deberá cumplir con la normativa de aplicación vigente en el momento de la construcción.

Apunta a que el palacete Irurak Bat estaba protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de 2011, al haber sido calificado con el régimen de ‘custodia municipal’. «Esto significa –explica en el comunicado– que el Ayuntamiento vela por el mantenimiento o rehabilitación de elementos del edificio, si bien la “custodia municipal” no impide el derribo o su rehabilitación integral».

EH Bildu se persona y pide informar a la Fiscalía

EH Bildu ha anunciado este viernes que se personará en el expediente con el fin de «obtener así de primera mano la información sobre las posibles irregularidades relacionadas con el derribo y adoptar las medidas oportunas». De momento, solicita al Ayuntamiento «que ponga la documentación de la que disponen en conocimiento de la Fiscalía, por si los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal».

En paralelo, EH Bildu exige al Consistorio que inicie un expediente sancionador a la promotora «para que no quede impune el derribo de nuestro patrimonio histórico» y también solicitará que se adopten las medidas de control e inspección necesarias «para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro».

Como ya publicó NAIZ, recuerda que el derribo comenzó realmente en febrero, aunque se haya consumado ahora, después de que el Ayuntamiento otorgara en 2022 licencia de construcción de varias viviendas de lujo. «La empresa alegó que se tuvo que derribar el edificio por motivos de seguridad y riesgo de derrumbe», ha explicado sobre la aceleración del proceso en agosto, tras lo que el Ayuntamiento paralizó las obras.

«EH Bildu solicitó en ese momento la consulta del expediente, y observando que no se estaba cumpliendo el proyecto inicial y que se podían haber incurrido en irregularidades, registró una pregunta en la Comisión de Territorio, que se celebrará el jueves 19 de septiembre. En la misma, EH Bildu exigirá que se informe sobre todos los pasos dados hasta el momento por el Ayuntamiento, que se inicie el expediente sancionador a la empresa y que se aclaren el resto de posibles irregularidades.

Así mismo, EH Bildu también quiere aclarar las circunstancias en las que se da la participación de dos concejales del PNV en la cooperativa promotora de las viviendas de lujo para poder actuar en consecuencia».

Octavos adjudicatarios

En una nota hecha pública por Biurban, la gestora de Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa asegura que estas personas fueron las octavas adjudicatarias que conforman el polémico proyecto. «Firmaron su adjudicación el 13 de marzo de 2023, mucho después de que fuera otorgada la licencia de obras en octubre de 2022», desvelan.

En su lectura de la situación, añade que «lamentablemente no es un hecho aislado» porque en los últimos años «se han derribado decenas de edificios históricos y singulares en nuestro municipio, como la antigua haurtegi de Algorta, los edificios de la bajada de Arrigunaga, el caserón de Ollarretxe o los edificios de Lope de Vega, que albergaban la Nagusien Etxea de Romo. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado de forma provisional por PNV, PP y PSE contempla seguir en la misma línea, derribando varios baserris y edificios históricos en varias zonas de Getxo, incluyendo la misma calle San Nikolas. Desde EH Bildu seguiremos presionando para proteger el patrimonio histórico de la especulación y la construcción masiva».

También ha solicitado el expediente Elkarrekin Podemos, que ha instado al Consistorio a que abra la vía judicial. Para este grupo, las explicaciones que el Gobierno municipal ha dado «llegan tarde y además apuntan hacía una exculpación de la ilegalidad cometida contra el patrimonio dado que en el comunicado se habla reiteradamente de restituir la legalidad modificando el proyecto y reconstruyendo el palacete algo que, aún siendo deseable ahora mismo, no repara la pérdida del edificio original».

El PSE ve «precipitación»

Curiosamente el PSE de Getxo, que forma parte del Gobierno municipal, ha salido a la palestra para criticar la transmisión de esta información del expediente. Lo considera «una acción precipitada» del PNV.

El PSE se ha desvinculado de esa nota, cuyo contenido conoció «poco tiempo antes de su envío», debido a que no ha tenido «la oportunidad de conocer el expediente y los pormenores que puedan desprenderse del mismo».

Según ha explicado, el pasado 9 de septiembre el PSE solicitó «las explicaciones oportunas y conocer en profundidad el conjunto del expediente, con anterioridad a la celebración de la Comisión Informativa de Territorio prevista para el próximo 19 de septiembre, cuestión que aún no se ha materializado».

El PSE considera que «la publicación de la nota de prensa sin haberse facilitado la información solicitada y sin esperar al resultado de la comisión del 19 de septiembre es una acción precipitada por parte de PNV».

«Mientras no se conozcan los detalles pormenorizados incluidos en este expediente y las actuaciones derivadas del mismo, el PSE-EE se va a mantener en una posición de cautela y prudencia, como ya ha manifestado estos últimos días», señala la formación.