Los dos partidos del Gobierno español –PSOE y Sumar–, EH Bildu –con quien la han pactado–, PNV, ERC y BNG han registrado conjuntamente este viernes la llamada Proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que sustituiría a la polémica Ley Mordaza implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy y vigente desde 2015 con graves afecciones.

El texto registrado es la consecuencia del acuerdo anunciado el jueves por EH Bildu, que se basa en cuatro cuestiones: acabar con discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de las pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

La implicación de seis grupos ya en la firma de la iniciativa la pone muy cerca de prosperar. Faltaría el apoyo de Podemos, que argumenta de momento que ve insuficiente el texto, y de Junts, que ha avanzado que prefiere negociar por su cuenta con el Ejecutivo a adherirse a acciones del resto.

Sindicatos policiales, por su parte, están poniendo el grito en el cielo ante medidas como la supresión de las pelotas de goma o el fin de su arbitrariedad para imponer sanciones. También el PP se declara soliviantado e interpelará en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si «le parece razonable que EH Bildu decida sobre Seguridad Ciudadana».

Acuerdos ya avanzados y otros nuevos

La proposición de ley recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que encalló hace un año (al desmarcarse ERC y EH Bildu) y añade el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y EH Bildu sobre los artículos polémicos que no se lograron consensuar en 2023.

En su exposición de motivos, el texto defiende que la seguridad debe ser «un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y no un fin en sí mismo» y resalta que cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de libertades por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y proporcionalidad.

Declaración de intenciones inicial: «La seguridad debe ser un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades, no un fin en sí mismo»

Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la propuesta incluye el derecho de manifestación espontánea, la reducción de las cuantías de las sanciones en sus tramos máximos, la incorporación al criterio sancionador de la capacidad económica del infractor o la conversión de tipos antes considerados graves en leves.

La iniciativa también prevé la eliminación de las sanciones al «top manta» y reduce las de tenencia de cannabis. Pero, sobre todo, propone cambios en los cuatro artículos más polémicos: material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional).

Pelotas de goma

Respecto las pelotas de goma, la proposición prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.

La proposición sitúa la erradicación de las pelotas de goma en los estándares internacionales al respecto

También pretende también acabar con las sanciones «injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas» en las faltas de respeto a la autoridad. Así, se considerarán infracción leve «los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».

Además, según justifican los promotores de la iniciativa, «se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones».

De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: Será infracción leve «la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal».

También lo será «La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal».

Asimismo, se considerá infracción leve «la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal».

Devoluciones en caliente

Otro de los aspectos que incluye la iniciativa se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.

Según el texto registrado este viernes, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que «deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional».

«En consecuencia -añade el texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión».