Decir que hace un año comenzó lo que está pasando ahora en Palestina es un acto de ignorancia o de perversión. Antes del 7-O el mundo se había adaptado a la rutina criminal de los gobiernos de Israel, había homologado su apartheid, miraba hacia otro lado ante su colonialismo, convivía con el exterminio del pueblo palestino. Tanto era así que la sociedad israelí creía que ese conflicto pertenecía al pasado.

Esa percepción de seguridad sí que terminó con el ataque de las milicias palestinas, que mataron a unos 1.200 israelíes, más de la mitad civiles. Lo que no terminó fue la conciencia de su impunidad. Gracias al apoyo de EEUU, las normas internacionales para la paz y para la guerra no se le aplican a Israel. El sionismo tiene bula para cometer crímenes contra la Humanidad. Lo han hecho durante este año hasta un punto desconocido desde que se crearon esas normas, precisamente para que no se repitiese lo que los nazis le hicieron al pueblo judío.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha matado a más de 43.000 palestinos en Gaza, la mayoría familias con niños y niñas. Ha matado de hambre y sed a miles, bombardeado hospitales, forzado al éxodo, torturado hasta la muerte a cientos en toda Palestina, arrasado barrios enteros de terceros países con bombas y armas ilegales. En medio, Israel mató en Teherán a su interlocutor de Hamas, Ismail Haniyeh, y al líder de Hizbulah, Hassan Nasrallah, en Beirut.

Hace un año a muchas personas el boicot a Israel les parecía una medida extrema y la referencia a Sudáfrica, extemporánea. Ahora, es lo mínimo. Fue el Ejecutivo de Cyril Ramaphosa el que denunció ante los tribunales internacionales a Israel por genocidio. Hay que apoyar las causas contra sus crímenes de guerra, como la de La Corte Penal Internacional (CPI).

Tal y como defendió Angela Davis mucho antes del 7-O, «Palestina es una prueba de fuego moral para el mundo». Esa conciencia debe guiar la solidaridad, los pensamientos y las acciones de quienes creen en la Humanidad.