Desde 2023 hasta julio de 2024, los Servicios Sociales de la Diputación de Araba han recogido 31 denuncias de familiares y allegados de usuarios de centros residenciales y viviendas comunitarias, de las que 29 han resultado en expedientes sancionadores. Entre una amplia variedad de causas que motivan las denuncias de familiares destacan el acoso a familiares por parte de trabajadores, la escasa cantidad de comida, la no administración de la medicación correcta, fugas del centro, falta de personal, perdidas de ropa, así como de dentaduras, y hasta una agresión sexual, denunciada también ante la policía.

El diputado Foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, respondió la semana pasada por escrito con el desglose de las denuncias a una pregunta de EH Bildu sobre este asunto. Después de que salieran a la luz testimonios de varios familiares de residentes, recogidos también en NAIZ, el grupo juntero de la coalición soberanista ha demandado hoy «repensar todo el modelo de cuidados» de Araba.

La portavoz de EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, ha anunciado en la comparecencia de hoy que mañana mismo se debatirá en el Pleno de las Juntas Generales una moción para exigir inspecciones y que se depuren responsabilidades en Arabarren, «porque hay denuncias que son realmente graves», ha destacado Lopez de Arroyabe.

La portavoz ha insistido en la responsabilidad de la Diputación en el cuidado de las personas mayores: «Creemos que es inaceptable que tengan que ser las mismas familiares las que denuncien estas situaciones». A su modo de ver, esto «quiere decir que la Diputación no está realizando correctamente su labor».

Así, ha hecho un llamamiento al Gobierno Foral a «repensar todo el modelo de cuidados» de Araba, destacando que EH Bildu apuesta claramente por un modelo de cuidados público-comunitario y adelantando que seguirán registrando iniciativas en ese sentido, más allá de iniciativas coyunturales destinadas a subsanar errores como los ya citados.

Inspecciones insuficientes

Sobre las 31 denuncias presentadas por familiares y allegados, la procuradora de EH Bildu Claudia Venceslao ha presentado las conclusiones de la coalición sobre la labor del servicio de inspección de residencias, destacando que «no se cumple el mínimo legal de una inspección al año por cada residencia». En cuanto a las quejas, ha añadido que «junto a pérdida de objetos personales o falta de personal, hay otras de más gravedad como errores en la medicación, agresión sexual o violencia».

Por último, Venceslao ha destacado que varios expedientes se refieren a la «obstrucción a la labor inspectora», que está tipificada por ley como falta muy grave, pero en los expedientes figura como archivada o tipificada simplemente como grave.

Para subsanar estas carencias, Venceslao cree que es necesario reforzar el servicio de inspección, cuya plantilla no ha aumentado de manera proporcional al aumento de servicios. «Por ello, hemos presentado una moción pidiendo de forma urgente un aumento de plantilla y también que haya diferentes perfiles profesionales para poder llevar a cabo una vigilancia integral», ha explicado.

Así, López de Arroyabe ha mostrado su compromiso con «el bienestar de la gente», al que se ha referido como «una de las prioridades de EH Bildu».

Huelga en las residencias privadas el día 17

Estas comparecencias han tenido lugar el mismo día en que ELA y LAB han convocado una nueva jornada de huelga en las residencias privadas y en las viviendas comunitarias de Araba para el próximo 17 de octubre, con el objetivo de reivindicar la firma de un primer convenio provincial ante la situación de «bloqueo» de las negociaciones con la patronal del sector.

La del día 17 será la jornada de paro número 37 y a lo largo del día las trabajadoras llevarán a cabo distintas movilizaciones, como una concentración en la Plaza de la Provincia y una manifestación a las 18.00 horas que partirá de la Plaza de las Desamparadas.