Stop Desahucios de Euskadi ha puesto en marcha una campaña para combatir los alquileres temporales fraudulentos, que incluye la difusión de «una guía» para que los afectados puedan identificar si sus contratos no se ajustan a la normativa y un modelo de petición a los arrendadores para que los conviertan en estables.

La campaña ha sido presentada este sábado por la portavoz de la plataforma, Rosa García, y otro representante, Marce García, junto a una decena de activistas, en una comparecencia en Donostia, en la que han estimado que ese fraude afecta a «miles de contratos».

Según han asegurado, esta iniciativa se extenderá en los próximos días al resto del Estado español de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ya «ha analizado» la propuesta impulsada por el colectivo vasco y «ha confirmado su adhesión».

Marce García ha afirmado que la guía para posibles inquilinos afectados y el modelo de burofax, que ya pueden ser descargados desde las redes sociales de Stop Desahucios, «permitirán convertir contratos temporales fraudulentos en contratos regulados» por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de al menos 5 años de duración y con actualizaciones de renta limitadas.

«La clave» está en que los alquileres temporales «deben tener una causa justificada» y «siempre que los inquilinos tengan otra vivienda habitual», pues están previstos para casos de estudiantes, traslados por cuestiones laborales u obras en casa.

«Dicha causa temporal es el elemento que define» ese tipo de contrato, ha subrayado Marce García, quien ha agregado que, en la práctica, se usa «sin causa temporal justificada» o «directamente» bajo «una causa falsa». Ha recalcado que los alquileres de temporada han de tener «una duración inferior a un año», de manera que no podrían suscribirse con familias que residen como vivienda habitual, están empadronadas y no tiene otra, como «ocurre muchas veces».

Marce García ha asegurado que los alquileres temporales y de habitaciones tendrían que haberse regulado en la Ley de Vivienda estatal aprobada en 2023, que «los menciona pero no los regula», por lo que «el Gobierno tiene en principio previsto hacerlo con un Real Decreto a principios del año que viene».

Ha afirmado que «muchos propietarios» se amparan en «el vacío legal» y optan por «trasladar» su oferta «del alquiler estable a temporal o turístico», lo que reduce las opciones de los demandantes y «lleva a personas desesperadas a firmar lo que sea», ha apostillado la portavoz.