Mientras que en la CAV la vivienda pública, el suelo industrial y los alquileres públicos se gestionan a través de varias sociedades (Sprilur, Visesa, Alokabide...), en Nafarroa todo lo maneja una única entidad: Nasuvinsa. Desde 2023, Javier Burón (Basauri, 1970) lleva los mandos.

Menudo perfil, el suyo. Ha tenido responsabilidad en el Gobierno de la CAV y en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora maneja toda la vivienda pública de Nafarroa tras la asunción de Contigo-Zurekin de la Consejería de Vivienda.

Es habitual que gente que está en lo público en vivienda haya ocupado distintos cargos, que haya trabajado en distintas áreas o en empresa pública, que haya estado en vivienda y también en urbanismo, servicios sociales... De esos hay algún perfil más. Pero en vivienda y empresa pública y en tres comunidades, quizá solo yo.

¿Cómo de diferentes son esas tres realidades?

Donde hay mayor similitud es entre Euskadi y Navarra. No dejamos de ser... Bueno, no me quiero meter en lo identitario, que cada uno se perciba como quiera. Yo en Navarra me siento en casa siendo vasco. Lo suelo expresar así y de este modo no le molesta a nadie. A lo que voy: hay mucha continuidad económica y social. Viví diez años en Gasteiz, que es distinta de Iruñea, sí, pero tienen mucho en común: han crecido desde los años 50, están en provincias muy industriales con clases medias con un nivel de equilibrio que comparativamente está bastante bien, las administraciones–todo es mejorable en la vida– se han preocupado por la vivienda y el espacio público... Lo más distante, sin duda, es Barcelona.

Esa Gasteiz que conoció y esta Iruñea en la que estamos, ¿llevan camino de ser Barcelona?

Barcelona es la ciudad cabeza de un área metropolitana, de un área urbana de las más densas y potentes de Europa. Es un sitio abierto al Mediterráneo, cosmopolita. Esto trae un montón de cosas buenas y otras que no lo son tanto. Era un lugar muy industrial que ha pasado a serlo menos. El sector inmobiliario, tanto en Navarra como en Euskadi tiene un peso relativo. Aquí la mentalidad es más industrial y el driver [hilo conductor] del mundo económico es la banca industrial y el mundo fabril. Obviamente, también producimos servicios, pero fundamentalmente producimos bienes y exportamos.

Además, Barcelona es otra galaxia por tamaño. Su área metropolitana tiene 3,3 millones, mientras que Euskadi y Navarra tienen tres pelados. Solo la ciudad de Barcelona, que es enana en cuanto a kilómetros cuadrados, tiene 1,7 millones de habitantes. Y, por si fuera poco, allá operan otros actores que igual aquí no los queremos tener.

¿Cuáles?

Frente a nuestra economía industrial, más pausada, allá funciona el turismo, lo inmobiliario, los eventos... Les está pasando una apisonadora. No creo que nosotros vayamos a dejar que la inversión extranjera dirija nuestras ciudades, ni en Navarra ni en Euskadi. Algunos fundamentales de la economía y de cómo entendemos la vida en sociedad no son iguales. Nosotros no vamos a reducir nuestro 31% de PIB industrial. Porque el problema llega cuando tú pones tu economía al servicio de la tríada: turismo, sector inmobiliario y eventos. Le ha pasado a Barcelona, le ha pasado a Palma y parece que, ahora, a Málaga.

¿Qué políticas va a desplegar Nasuvinsa para garantizar ese derecho a la vivienda?

Una vez que se hizo el cambio legislativo de que una VPO será VPO toda la vida, es el momento de reactivar que no haya solo alquiler social. Estamos en una estrategia de diversificación, aunque dependemos de cómo acaben los presupuestos. Hasta ahora, toda la vivienda que producía Nasuvinsa se destinaba al alquiler social, al igual que la vivienda que captamos para la bolsa de alquiler (lo que en Euskadi se llama Bizigune), y también van a alquiler social todas las de promotores privados que hacen VPO. Somos monoproducto.

¿Hacia dónde plantean transformar Nasuvinsa?

Necesitamos más tipologías, como esas VPO para venta, aprovechando la calificación de por vida. Queremos vender, pero no venderemos la propiedad plena ni para siempre. Venderemos el vuelo durante 75 años, pero el suelo seguirá de propiedad pública. Firmaremos un derecho de superficie a favor de una persona o de una familia y eso le dará derecho a vivir ahí 75 años.

Pasado ese tiempo, usted se queda con el edificio.

Hombre, yo no. Estaré muerto. La Administración sí, que es inmortal. Lo recuperará

¿A quién atrae algo así?

A alguien que tiene cierta capacidad de pago, pero para el que los precios de mercado son excesivos. Tiene que tener el 20% ahorrado para que le den el crédito. Esa persona tiene el problema de la vivienda solucionado de por vida. Un proyecto así no es caro de financiar para Nasuvinsa. Y, como ese alguien va a vivir allá toda la vida, desarrolla un sentimiento de pertenencia. Cuidará esa vivienda, asumirá el mantenimiento. No inventamos nada, hay decenas de miles como estas en Euskadi.

Lo desconocía.

Sí. Se hicieron a partir de 2003, cuando estaba yo. Fue una de las fórmulas para financiar Alokabide y Bizigune y las 17.000 unidades que tiene el Gobierno Vasco en alquiler. Puso dinero el Gobierno Vasco, claro, pero una parte también se hizo construyendo vivienda protegida en venta, pero con calificación definitiva, y en derecho de superficie. Con lo cual, había garantías de que no iba a haber especulación. Como esas viviendas te dejan un pequeño margen, se hacía una parte de derecho de superficie para atender a gente y hacías un poquito de caja. Así después tenías un dinero para invertir en vivienda protegida de alquiler. Unías esos dos recursos y tirabas para adelante. Sin embargo, ahora en Nasuvinsa no nos planteamos esto por simple cuestión de fondos. La reflexión ha llegado por el tipo de personas que tenemos inscritas en el censo de vivienda.

¿Quién está en ese censo?

Hay diferentes tipos de demandantes de vivienda protegida: diferentes edades y clases sociales, diferentes niveles de renta, diferentes familias... Buscan diferentes cosas. Por esto, vamos a pasar de un modelo con solo alquiler social y con venta en propiedad plena únicamente en el sector privado, a otro con: alquiler social, la venta de vuelos a 75 años que ya hemos tratado, cooperativas en cesión de uso, alquiler asequible...

¿«Alquiler asequible», le he escuchado?

Eso es. Entendemos que entre el alquiler social, que en Navarra está en 6,53 euros el metro cuadrado, y el alquiler de mercado, que en la Comarca está en entre 11 y 12 euros, existe un espacio para alquileres de pisos un 20% o un 30% más bajos que los que ofrece el mercado. Se ofrecería a gente que ya la tenemos inscrita como demandante o que podría inscribirse, pues el tope está en 53.000 euros. Hay gente que la única ayuda que necesita del sector público para tirar para adelante es un precio de alquiler más ajustado. Personas con empleo, perfectamente integradas en la vida social y que no perciben ayudas de otro tipo. Adaptarnos a esto forma parte del proceso de diversificación por el que pasaremos de una única opción a ofrecer, como empresa, varios productos.

Aquí va a haber una divergencia con la que lleva ahora mismo Euskadi. Allá solo trabajan en alquiler, debido a la declaración del derecho subjetivo a la vivienda y la autoobligación que se ha puesto la administración. Es un enfoque respetable, pero consideramos que esto será más sólido a futuro. Aunque, por descontado, el alquiler social seguirá siendo un pilar fundamental.

¿Nasuvinsa trabajará también con el sector privado?

Ese es un terreno delicado, donde hay que tener muy claro cuáles son tus líneas rojas. Nosotros las tenemos: que el suelo debe ser siempre público, que las viviendas sean siempre protegidas y siempre alquiler... y que el socio que quiera venir a invertir dinero en vivienda protegida de alquiler va a ganar dinero, pero va a ganar la mitad. Va a ganar la mitad, claro, porque nosotros vamos a hacer la otra mitad de la inversión.

¿Cómo lo plantea, entonces?

A día de hoy hay dos tipos de proyectos de colaboración público-privada en España. El primero es que empresas públicas ceden suelo a un privado a través de una licitación. Ese actor privado a riesgo y ventura invierte, y a riesgo y ventura se queda con todo el beneficio. Este es el modelo más general y lo está haciendo sobre todo Madrid. Tiene cosas buenas, pero a mi modo de ver también tiene cosas malas. Lo bueno, que no hay inversión pública y que te desentiendes. Pero si opinas como yo que desentenderte no es tan positivo, entonces surge la colaboración público-privada contractual. Dentro de este segundo modelo, por colaboración público-privada empresarial, se puede montar una empresa que la mitad es pública y la otra privada. Invertimos juntos, cada uno aporta la mitad del capital social. El suelo, siempre, en derecho de superficie.

De esta forma, el consejo de administración se divide al 50%. Si ganamos, ganamos todos. Y si perdemos, nos despiden a todos. Repartiendo a la mitad del beneficio, se evita discutir por el límite ético de que puede ganar ese privado.