Más de 2.000 personas se han manifestado este domingo en Donostia, desde Egia hasta el Ayuntamiento, para denunciar el veto impuesto por el Gobierno local a las cenas solidarias que el colectivo KAS (Kaleko Afari Solidarioak) sirve a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Tras una pancarta en la que se podía leer ‘Elkartasunari debekurik ez!’, los asistentes a la marcha han coreado lemas contra el alcalde, el jeltzale Eneko Goia –«Eneko Goia faxismoaren morroia» y «Goia eman zure koltxoia»–, y han defendido el papel de la sociedad vasca como pueblo de acogida –«Euskal Herria harrera herria»–.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido en la calle Iztueta, donde repartían las cenas los voluntarios de KAS. Han estado presentes y han recibido los aplausos de los congregados, que también han lanzado proclamas contra las normas aplicadas por las instituciones a las personas en situación irregular –«Ley de Extranjería mata a gente cada día» y «Arrazakeria eta kapitalismoa, aliantza kriminala»–.

El portavoz de los convocantes, Ximon Aranburu, ha señalado que la marcha responde al «auge del fascismo y el racismo en Donostialdea y a la criminalización de los sectores más empobrecidos de la sociedad y de la gente racializada».

Cabe recordar que el Gobierno de Goia decidió prohibir las cenas solidarias en Egia en respuesta a una concentración difundida en redes sociales y que contó con la participación de tres ediles del PP.

A juicio de Aranburu, esta decisión ha «reforzado las ideas reaccionarias»: «Nos parece inasumible que un acto de solidaridad que se hace mediante voluntarios que se dedican repartir comida a quien más lo necesita esté en el punto de mira de gente reaccionaria».

Contradicciones de Ibabe

En vísperas del pleno sobre el estado de Donostia este lunes, que tendrá este asunto en primer plano, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Martin Ibabe, ha ofrecido una entrevista a ‘El Diario Vasco’ que incurre en múltiples contradicciones sobre este asunto.

Así, Ibabe reitera que no hay vínculo entre los «problemas de seguridad» percibidos en la zona de Egia y la prohibición de las cenas solidarias, y no ofrece una explicación clara del motivo de este veto.

También admite que «esta decisión tiene unos efectos secundarios que no deseamos, porque no persigue dejar sin comida a la persona que tiene necesidad». Señala que el hecho de que «una persona sea delincuente no significa que no tenga derecho a una comida», pero al mismo tiempo asume que «aquellas personas que van con el espíritu de coger un bocadillo y marcharse son penalizadas sin tener responsabilidad».

Paradójicamente también, el responsable municipal de Seguridad asegura que la intervención policial tuvo como objetivo «una concentración no autorizada» y reprocha incluso a los concejales del PP que «tendrían que sonrojarse por ello». Más aún, argumenta que «en esa ciudad tenemos mucha experiencia en lo fácil que es calentar una situación y luego evadirse y no tomar responsabilidades». Sin embargo, lo cierto es que la policía hostigó exclusivamente a los partidarios de las cenas solidarias y no tomó ninguna medida contra los «contramanifestantes».

En la misma línea, Ibabe dice sentirse preocupado por los llamamientos a reprimir esas cenas solidarias en redes sociales y afirma que «nuestra responsabilidad es seguir todo tipo de actividad delictiva en redes que puede acarrear delitos de xenofobia». Sin embargo, no consta ninguna actuación en este sentido y su decisión da la razón a las demandas de este grupo.

Por último, preguntado por el perfil de las personas problemáticas, Martin Ibabe dice primero que son «de determinada nacionalidad». Repreguntado sobre cuál, responde que «todos sabemos cuál es». Y ante una nueva interpelación de la periodista, termina señalando a personas «de dos países en el norte de África: Marruecos y Argelia».