Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa han comparecido este miércoles en el Parlamento de Gasteiz en nombre de la Comisión de Valoración de solicitudes de víctimas de violencia estatal, para presentar el informe de este año. Se han aceptado 93 casos (sobre 96 analizados en total), ocho de ellos correspondientes a personas fallecidas a consecuencia de esa vulneración de derechos. De ellas 75 sufrieron malos tratos y torturas, dos con resultado de muerte. El resto, agresiones policiales de diverso tipo (balas, pelotas de goma, botes de humo, un secuestro –Joxe Mari Larretxea en Lapurdi, en las mismas fechas que Joxean Lasa y Joxi Zabala–…).

Entre todos ellos figura el caso de Gurutze Iantzi, nunca reconocido judicialmente pero producido «en un contexto de torturas bajo custodia policial» según ha resumido Juana Balmaseda, ya que falleció en el cuartel de Tres Cantos (Madrid) en 1993. «Además del hecho incontrovertible del fallecimiento, están los testimonios anexos», ha detallado. Y aquí ha reproducido algunos extractos de otras personas detenidas junto a Iantzi, que incluso tuvieron que taparse los oídos para no escuchar los terribles gritos, «hasta que en un momento se terminó todo. Antes se escuchó mucho nerviosismo, alteración, y pasó una camilla o algo con ruedas».

El informe atribuye además «negligencia grave» al peritaje realizado sobre el caso (corrió a cargo de Leonor Ladrón de Guevara, forense de la Audiencia Nacional). Y sobre la investigación judicial, dice que «careció de exhaustividad y efectividad». Juana Balmaseda ha recordado que se descartaron las líneas que apuntaran a malos tratos.

Entre los casos destacados por la comisión en el Parlamento figura una mujer a la que se introdujo un palo por la vagina y una pistola por la boca en calabozos de la Guardia Civil, en 1992

Hay otras siete personas fallecidas que son reconocidas como víctimas en el informe. Algunos casos ya han sido muy detallados en NAIZ y GARA, como el de José María Quesada, machacado por la tortura hasta morir en 1968; Bernardo Bidaola, Txirrita, presentado como un falso suicidio en 1976; los fusilamientos de la playa de Asturiaga, en Hondarribia, en 1974 (se ha reconocido a una de las dos víctimas); la muerte a tiros de Karlos Saldise en Lezo en 1980...

Amodo de mero ejemplo del total de casos reconocidos, los responsables de la Comisión de Valoración se han detenido en otros dos. El primero es el de H.L.O, un joven de Arrasate golpeado por una pelota de goma lanzada por la Guardia Civil intencionadamente al asomarse a la ventana de su casa. Y el segundo corresponde a una mujer víctima de violencia sexual en un cuartel de la Guardia Civil en 1992. Balmaseda ha detallado que sufrió «tocamientos, insultos y finalmente una violación, al introducirle el palo de una escoba por la vagina. También le metieron una pistola en la boca diciendo ‘ahora te vamos a disparar porque eres una hija de puta’. Y le obligaron a masturbarse ante los guardias civiles».

De las 93 víctimas reconocidas como tales, 73 son hombres y 20 mujeres, y entre todas ellas figuran 9 menores. El 90% de los casos se los reparten casi a partes iguales Policía española (42) y Guardia Civil (41).

Forenses, nuevo obstáculo

Los responsables de esta comisión han incidido en las mismas demandas del informe del año pasado, que ya hacía hincapié en la falta de medios, los obstáculos judiciales o la falta de adecuación legal. Todo ello contribuye a que en este momento tengan sobre la mesa todavía 417 expedientes pendientes de analizar. Los que se han reconocido en total de estos cuatro años, con los 93 ahora incorporados, suman 238. Sin olvidar que todo ello no deja de ser la punta del iceberg, porque el informe del Instituto Vasco de Criminología encargado por Lakua señaló en la CAV más de 4.000 casos solo de torturas.

«La tramitación está siendo demasiado larga», han admitido Landa y Balmaseda, para añadir a continuación que «la demora se ha producido en algunos casos por causas ajenas a nuestra voluntad, como la reapertura de investigaciones judiciales o la entrega de informes médicos», a lo que se suma una triste novedad: la actual falta de forenses.

La labor de la comisión ha tenido que detenerse por vez primera en cuatro años por falta de forense, algo que Landa tilda de «incomprensible» y por lo que señalan al anterior Ejecutivo de Lakua

«Es un problema gravísimo», ha señalado Jon Mirena Landa, puesto que de hecho ha supuesto que «nuestra labor se detenga por primera vez en cuatro años. Es incomprensible». Ha agradecido la labor de los forenses que han participado hasta ahora de modo totalmente gratis, pero ha coincidido en que resultaba insostenible continuar así: «Esto no se puede plantear como un voluntariado, no es serio ni digno ni aceptable». «Si esto no se soluciona, estamos de brazos cruzados», ha insistido Landa, que ha citado que esta designación compete al Instituto Vasco de Medicina Legal dependiente de Lakua.

Según han apuntado, el anterior Gobierno ya era consciente de esta situación pero no hizo nada por resolverla. La actual Dirección de Derechos Humanos estaría abordando el problema y según la representante del PSE en la comisión es posible aumentar la dotación presupuestaria para esta labor.

Landa y Balmaseda han subrayado la necesidad de reactivar y acelerar este trabajo. «Por lo desgarrador de los casos, somos conscientes de que la demora en resolver incrementa el sufrimiento y la injusticia». El primero ha indicado además que cuestiones como la tortura «no son del pasado» porque sus víctimas siguen viviendo, y por tanto padeciendo, hoy día.

La Comisión insta a afrontar ya una reforma de la ley para «reformar radicalmente el sistema de indemnizaciones» (discriminatorio respecto a otras víctimas) o «ampliar el ámbito temporal»

Más allá de las trabas puntuales, la Comisión de Valoración apuesta, como ya hizo en su informe de 2023, por una reforma de la ley. «Ahora que se inicia el curso parlamentario, es momento de tomar una decisión firme al respecto», ha emplazado a los grupos Juana Balmaseda. Plantean que en esa reforma se produzcan una «reformulación radical del sistema de indemnizaciones», la «ampliación del ámbito temporal de la ley» (que actualmente abarca hasta 1999) o «posibilitar la legitimación activa de asociaciones» para participar en estos procesos.

La Comisión pide en paralelo al Parlamento la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes por parte de quienes no lo han hecho hasta ahora.

Han trasladado dos recomendaciones finales: que estos informes anuales se difundan –algo que estamos pidiendo y no se está haciendo» según ha dicho Jon Mirena Landa– y que se celebre un simposio al respecto. Y una última consideración sobre los actos de reconocimiento de 2021, 2022 y 2023; han lamentado que no se haya atendido su propuesta de realizarlos «al máximo nivel» (posiblemente una alusión a la ausencia del entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, en las tres ocasiones).

Fraude policial

En su comparecencia, los miembros de la Comisión de Valoración han dado a conocer además que los tribunales vascos están validando «de forma categórica» la desestimación de solicitudes fraudulentas por parte de agentes policiales (523 en total, sobre todo de guardias civiles) que querían acogerse a esta ley, pese a contar ya con la suya propia para víctimas de ETA. Con todo, el representante del PP en la comisión ha seguido erre que erre con ese argumento, quejándose en la comisión parlamentaria de que en estos informes no se reconozca a quienes sufrieron violencia de la organización armada vasca.

Desde el otro lado del arco político, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha saludado que «hoy ya no se sostiene el negacionismo» gracias a estos informes y al trabajo de la comisión. Ha recordado cómo uno de los reconocidos en este 2024, Pello Mindegia, compareció en su día en el Parlamento para reivindicar la ley.