En el informe en el que advierte de la necesidad de una nueva política hídrica, al que hicimos referencia en el anterior reportaje, la Comisión Mundial sobre Economía del Agua (GCEW) esboza también una hoja de ruta para alcanzar ese estadio en el que el agua deje de ser elemento de preocupación y vuelva a ser motivo de celebración. Propuestas para no encallar en esta marejada donde el acceso al líquido elemento ha dejado de estar garantizado.

Los autores del estudio identifican en primer término algunos factores «facilitadores del cambio», entre los que mencionan el de la financiación. Lo hacen partiendo de la constatación de que «el agua, como sector, y la eficiencia hídrica en todos los sectores, siguen estando gravemente infrafinanciados».

Exponen como ejemplo que para alcanzar el número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aquel que plantea «garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas», se necesitarán unos 500.000 millones de dólares anuales en inversiones adicionales. Y esa es solo una parte, pues añaden que «se necesitan inversiones mucho mayores para conservar el ‘agua azul’ y el ‘verde’ y ampliar las innovaciones para un uso más eficiente del agua en la agricultura, en la industria, en la minería y en otros sectores fundamentales».

Lamentan al respecto que en muchos países «la inversión pública en seguridad hídrica sufre una negligencia desconcertante, y el enfoque de las infraestructuras hídricas ha sido a corto plazo y reactivo, lo que ha dado lugar a activos descuidados, interrupciones del servicio y fugas, que culminan en mayores costes a largo plazo», y que «la inversión privada en la economía del agua ha sido escasa».

Se necesitan unos 500.000 millones de dólares anuales extra en inversiones para alcanzar el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que insta a garantizar el agua a todo el mundo

A su juicio, «los gobiernos nacionales y locales deben prever ajustes realistas de las tarifas y una mayor seguridad en las políticas y la regulación, así como volver a dar prioridad a las inversiones en agua en las propias finanzas públicas», mientras que «los bancos de desarrollo –nacionales, regionales y multilaterales– también deben volver a desempeñar un papel catalizador, para movilizar cantidades mayores de financiación privada, incluida la financiación paciente y a largo plazo de los proyectos de infraestructuras hídricas».

Una Gobernanza mundial del agua

Otro de los factores que se plantea como crucial para implementar un nuevo modelo de gestión del agua es el de los datos, o el manejo correcto de los mismos. Según indica el GCEW, «para los gobiernos, los datos son fundamentales para una gestión sostenible del agua a todas las escalas, desde la cuenca hidrográfica a la intercuenca, pasando por las sensibles cuencas de evaporación».

Visto lo ocurrido, cabe preguntarse si lo que falló en València fueron las métricas que manejaba la Generalitat o fue la solidez de la vocación de servicio público de sus máximos dirigentes.

«Unas métricas del agua sólidas permiten a los gobiernos calcular las externalidades y exigir responsabilidades a los contaminadores por los daños que causan», explica, y añade que «también sirven de apoyo a los sistemas de alerta temprana de fenómenos climáticos e hídricos extremos». Visto lo ocurrido esta semana, cabe preguntarse si lo que falló en València fueron las métricas que manejaba la Generalitat o fue la solidez de la vocación de servicio público de sus máximos dirigentes.

Volviendo al informe, la Comisión explica que «el panorama actual de los datos sobre el agua está muy fragmentado y presenta grandes lagunas» y que, incluso, «de forma alarmante, la recopilación, calidad y comparabilidad de los datos han disminuido en los últimos años».

«Debemos trabajar para crear una nueva infraestructura mundial de datos sobre el agua que permita tomar decisiones con base científica, utilizando y aprovechando los datos de todos los niveles del ciclo del agua, incluidos los conocimientos locales e indígenas», concluye este apartado, para, a continuación, y también como elemento facilitador, abogar por establecer «una gobernanza mundial del agua».

La GCEW insta a «reconocer las necesidades mínimas de agua para una vida digna», centrándose en los más desfavorecidos, y ofrece la cifra de 4.000 litros por persona y día como referencia

«El agua –arguye el estudio– está presente en prácticamente todos los ODS, ya que afecta a las economías y al bienestar humano en todas partes. Además, el ciclo hidrológico trasciende las fronteras locales y nacionales, conectándonos a todos. Y los problemas del agua están reforzando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, nuestra actual gobernanza multilateral del agua está fragmentada y es incompleta e ineficaz».

El GCEW apuesta por un Pacto Mundial del Agua que «debe reconocer que el agua es una cuestión tanto local como global, y que el ciclo hidrológico, que abarca tanto el agua azul como el verde, es un reto colectivo y sistémico», que debería marcar «objetivos claros y cuantificables para estabilizar el ciclo hidrológico y salvaguardar los recursos hídricos mundiales para un futuro sostenible y justo del agua».

Matiza, en todo caso, que ese camino «requiere un enfoque cuidadoso y multilateral, que identifique hitos intermedios y mejore los convenios existentes tanto en el sector del agua como en otros relacionados, basándose en los tres convenios de Río: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como el Convenio de Ramsar sobre los Humedales».

Nueve recomendaciones

Una vez abonado el terreno de los principios, y tras insistir en que «los retos a los que nos enfrentamos están lejos de ser insuperables», y que «podemos y debemos transformarlos en una inmensa oportunidad global», la GCEW ofrece nueve recomendaciones concretas «para valorar y gobernar el agua con el fin de estabilizar el ciclo hidrológico, hacer posible la seguridad alimentaria y la dignidad humana, y mantener el sistema terrestre seguro para la humanidad».

La primera, en línea con lo expuesto antes, insiste en que «debemos gobernar el ciclo hidrológico como un bien común global, reconociendo nuestra interdependencia a través de los flujos de agua azul y verde; las profundas interconexiones entre la crisis del agua, el cambio climático y la pérdida del capital natural del planeta; y cómo el agua fluye a través de todos los  Objetivos de Desarrollo Sostenible».

En segundo lugar, insta a «reconocer las necesidades mínimas de agua para una vida digna», y ofrece la cifra de 4.000 litros por día y persona como referencia. Añade que ese suministro «debe centrarse primero en los más desfavorecidos».

«Debemos valorar el agua, el recurso más preciado de la Tierra, para reflejar su escasez, garantizar su uso eficiente y equitativo y preservar su papel fundamental en el sostenimiento de todos los demás ecosistemas naturales», observa la Comisión en tercer lugar.

Desde esa reflexión, considera que se debe «poner un precio adecuado al agua para incentivar su conservación, sobre todo por parte de los mayores usuarios», «tener en cuenta las repercusiones del desarrollo industrial, nacional y mundial en los recursos hídricos azules y verdes», así como «integrar sistemáticamente el valor del agua verde en las decisiones sobre el uso de la tierra para proteger mejor los focos de evapotranspiración, como los bosques, los humedales y las cuencas hidrográficas».

Como cuarta recomendación, el informe emplaza a «dar forma a los mercados para estimular una oleada de innovaciones orientadas a la misión, la creación de capacidades y las inversiones en todo el ciclo del agua, incluidas las aguas azules y verdes, para transformar radicalmente la forma en que se utiliza, suministra y conserva el agua».

«Estas inversiones –sostiene– deben evaluarse no en términos de costes y beneficios a corto plazo, sino por cómo pueden catalizar beneficios económicos y sociales dinámicos a largo plazo». Junto a ello, emplaza a «forjar alianzas entre todas las partes interesadas, desde las locales hasta las mundiales», y a «impulsar la innovación en políticas, instituciones y tecnologías».

Alianzas sobre todo en torno a estos objetivos: «Lanzar una nueva revolución en los sistemas alimentarios para mejorar la productividad del agua en la agricultura y satisfacer las necesidades nutricionales de una población mundial en crecimiento»; «conservar y restaurar los hábitats naturales críticos para proteger las aguas verdes»; «establecer una economía circular del agua, incluyendo cambios en los procesos industriales»; «lograr una era rica en energía limpia con una intensidad hídrica mucho menor»; y «garantizar que ningún niño muera a causa del agua insalubre para 2030, asegurando el suministro fiable de agua potable y saneamiento a las comunidades desatendidas».

Proponen «alianzas simbióticas entre los sectores público y privado»,  y, en concreto, invitan a los gobiernos a «incorporar condicionantes en los contratos y derechos de propiedad para garantizar altos niveles de eficiencia y de protección del medio ambiente, incluida la responsabilidad de las empresas en los programas de conservación de cuencas hidrográficas».

Asimismo, apuestan por «aumentar la cantidad, calidad y fiabilidad de la financiación del agua en todos los sectores», advirtiendo de que hay «subvenciones perjudiciales para el medio ambiente estimadas en más de 700.000 millones de dólares anuales sólo en agricultura y agua y en saneamiento».

Aprovechar el Big Data «como base para la acción de gobiernos, empresas y comunidades» y conformar ese Pacto Mundial del Agua antes mencionado cierran el listado de recomendaciones para construir un sistema hídrico acorde al contexto actual y que garantice nuestro futuro.

Parecen puro sentido común, pero en lo que se refiere a ignorar ese sentido, o el de la responsabilidad, en este planeta desgraciadamente llueve sobre mojado.