Hace más de cuatro décadas, Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero viajaban desde Santander -donde residían- rumbo a la ciudad almeriense de Pechina, para participar de la comunión de Paquito, el hermano menor del primero de ellos. En la costera Roquetas de Mar, a tan solo 32 kilómetros del destino final, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil.

Los tres jóvenes nunca llegarían a la celebración familiar de los Mañas, aquel 10 de mayo de 1981. En la víspera serían identificados por los agentes como presuntos miembros de ETA, sufrirían torturas, sus cuerpos serían quemados y luego lanzados junto con el coche en una curva de la comarca de Gérgal.

El crimen se convirtió en uno de los más emblemáticos de la transición y pasó a la historia como el «caso Almería». Hubo tan solo tres condenados entre todos los participantes, y la sentencia fue por homicidio y no por asesinato, ignorando las evidencias de tormentos sufridos por los injustamente detenidos.

A comienzos de 2023, el Gobierno español hizo un intento de resarcimiento de este daño histórico del Estado para con unos ciudadanos mediante un acto de reparación celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Almería. La por entonces directora de la Benemérita, María Gámez, dijo que no cabía justificación alguna para el crimen, acompañada por altos cargos del Ministerio de Memoria Democrática.

Sin embargo, Francisco Mañas, aquel niño cuya comunión fue arrasada por la tragedia, no ceja en la búsqueda de la verdad y la impulsa junto a otras decenas de familiares de víctimas del Colectivo por los Olvidados de la Transición. Hace pocos días, de hecho, se acercó hasta el madrileño barrio de Carabanchel para hablar en un simposio sobre los muertos a manos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos años, organizado por el Espacio Rosa Luxemburgo.

Allí contó algo que no era de público conocimiento aún. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuya cartera depende la Guardia Civil, lo recibió en su despacho en una reunión privada, fuera de agenda oficial y sin informar a la prensa, y durante la conversación le recomendó «pasar página» y «olvidar» el crimen.

El consejo de olvidar

Al escuchar esa declaración, hecha en público, NAIZ contactó con Mañas para saber más del sorprendente hecho. No solo se trata de uno de los casos históricos de violencia estatal más reconocidos sino que es uno de los que ilustran la deuda de memoria, verdad y justicia para con los hechos acaecidos.

En conversación con NAIZ en medio de su complicada agenda (vive de lunes a viernes en Castelló por trabajo a cargo de una fábrica y se traslada los fines de semana a ver a su familia a Almería), Mañas brindó estos detalles: «La reunión con la ministra fue a mediados de mayo de este año, a las 11 de la mañana y en su despacho. Lo gestionamos a través de un amigo mío, activista de memoria histórica, que colabora con nosotros y suele escribir cartas pidiendo colaboración. Había pedido la cita, motivado por buscar justicia y la verdad del caso, y finalmente le avisaron que Robles nos iba a recibir».

«No van a pagar por ello los que hayan quedado impunes, es difícil porque han pasado muchos años –asume Mañas– pero buscamos la verdad»

Mañas acudió acompañado de su pareja, de su amigo facilitador y de la esposa de éste, esperanzado en poder recibir algún tipo de ayuda para el esclarecimiento final del terrible crimen. «Se juzgó pero quedó como homicidio y no como asesinato, que es lo máximo que el abogado pudo conseguir en aquel momento. Hay una verdad que no ha aparecido, que son las torturas que le hicieron a mi hermano y a sus dos compañeros. Todas las mentiras que dijo la Guardia Civil, también sobre la forma de detenerlos y sobre posibles encubridores, todo eso queremos que se esclarezca. No van a pagar por ello los que hayan quedado impunes, es difícil porque pasaron muchos años, pero buscamos la verdad», señala.

«El reconocimiento que hubo en 2023 fue reconfortante, yo estuve presente. Ya es algo que pidan perdón, pero aun así seguimos luchando para conseguir la verdad y que algunos de los guardias civiles que participaron y aún viven, porque fueron 11, cuenten la verdad ante un juzgado y que haya constancia de ello y la sociedad lo sepa. Esto es lo que le expliqué a la ministra», añade.

Preguntado por la respuesta de Robles, explica: «Ella dijo que no podía ayudar, siempre volvía a lo mismo, a que el caso ya tuvo su sentencia, aunque en la sentencia no constan las torturas, le dije, aunque los forenses describieron cuerpos desmembrados y que faltaban trozos de carne».

«Luego fue cuando me dijo algo que me causó tristeza. ‘Hay que pasar página’, me dijo, y aconsejó que nos olvidáramos del caso para que nuestra vida sea más reconfortante. Yo le dije que no iba a parar mientras pueda y que seguiría luchando por la verdad, en los medios y en las asociaciones. Parece que a los guardias civiles se les ha regalado impunidad, porque salieron de la cárcel y recibieron fondos reservados, según salió en los medios, y nadie lo ha desmentido», asegura.

Al preguntarle si recuerda efectivamente que Margarita Robles haya pronunciado las palabras «pasar página» y «olvidar», Mañas se ratifica y asevera que lo escuchó nítidamente. «Cuando les comenté esto a los familiares de los otros dos asesinados les pareció de vergüenza que desde el propio Gobierno nos inviten a olvidarlo y seguir con la vida normal. Es evidente que mi vida y la de las familias de los chicos quedó marcada y es algo con lo que tenemos que convivir», explica.

Cuando se despidió de la ministra le dijo que no pasaría página y que entendía que haya gente que necesitara hacerlo pero que él si se había desplazado hasta Madrid para verla «era justamente no para pasar página sino para buscar la verdad y tratar de gestionar que algún guardia civil cuente lo que sabe, porque al día de hoy siguen siendo unos cobardes».

Los dos padres de los hermanos Mañas ya fallecieron sin tener la reparación justa. «Mi madre sabía que nosotros estábamos luchando por esto, ellos también lo hicieron pero cuando fueron muy mayores nosotros cogimos el testigo», relata. También pide recordar que el Parlamento de Cantabria en 2018 recordó a las tres víctimas (que trabajaban en Santander) e instó en aquella oportunidad a que el Gobierno central hiciera lo mismo. Pero por ahora, según su vivencia, un miembro de ese Gobierno del Estado lo ha invitado a fingir demencia.