La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cerrado este viernes en Montevideo el acuerdo comercial con los países de Mercosur que la Unión Europea negocia con esta región desde hace 25 años y al que aún se opone de pleno el Estado francés. El presidente galo, Emmanuel Macron, avisó la víspera de que el pacto en su estado actual «es inaceptable» pero no logró frenar a Bruselas.

«No sólo es una oportunidad económica, es también una necesidad política», ha destacado la jefa del Ejecutivo comunitario, en una comparecencia sin preguntas junto al presidente de turno de Mercosur y mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para anunciar el acuerdo que ya avanzaron la víspera los ministros de Exteriores del Mercosur con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

No están de acuerdo las organizaciones agrarias y cooperativas europeas, que consideran que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur envía un «mensaje catastrófico a millones de agricultores europeos».

La organización pide a «los Estados miembros y al Parlamento Europeo que se movilicen contra este acuerdo», que «exacerbará las presiones económicas a las que están sometidas muchas explotaciones agrícolas».

La Confederación Europea de Sindicatos y la organización europea de consumidores BEUC también criticaron el acuerdo por el impacto que podría tener sobre las condiciones laborales y la sostenibilidad, mientras que la patronal BusinessEurope celebró el pacto porque envía «una señal positiva» en un momento de auge del proteccionismo.

Alineada con la opinión de la patronal europea, Von der Leyen también ha celebrado este «hito histórico» con el que «estamos derribando barreras y permitiendo que entren inversiones, formando un mercado de más de 700 millones de consumidores».

El nuevo marco permitirá, según las cuentas de Bruselas, ahorrar a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros en aranceles cada año.

Lacalle Pou, por su parte, ha puesto en valor la importancia de dejar atrás una relación que «no generaba confianza» por la consecución de desacuerdos y pactos frustrados en las dos últimas décadas; al tiempo que ha defendido que se trata de mucho más que un pacto comercial.

«En un mundo en el que el conocimiento se duplica cada tres años, es ilógico que los países no se puedan entender en esos plazos de tiempo», ha razonado el mandatario uruguayo, después de bromear con que hoy volverá a casa «más tranquilo» y asegurar que los líderes de Mercosur coinciden, «con distintos conceptos», en la «trascendencia del día».

A falta de que el resto de líderes de Mercosur se pronuncien públicamente, el uruguayo ha adelantado que Santiago Peña (Paraguay) ha dicho en la reunión que «no estaba satisfecho, pero estaba entusiasmado», mientras que Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) lo ha considerado un «día histórico» y Javier Milei (Argentina) ha apuntado la «trascendencia e importancia» del convenio.

El convenio comercial supone la eliminación progresiva del 91% de los aranceles que se aplican a los contingentes europeos que entran en Mercosur, por ejemplo a productos agroalimentarios como el aceite de oliva, el vino, frutas y hortalizas y el porcino. A cambio, la UE abre liberalizará también la mayor parte del acceso a su mercado aunque quedan contingentes arancelarios para productos especialmente sensibles.

Largo proceso para su ratificación

Poco antes de que se confirmara el acuerdo tras más de dos décadas de negociaciones, el portavoz comunitario en materia comercial, Olof Gill, avisaba en una rueda de prensa desde Bruselas de que el acuerdo no se podía dar por firmado, porque lo ocurrido en Montevideo, en los márgenes de la cumbre de Mercosur, es un acuerdo político sobre los textos negociados a nivel técnico.

«El acuerdo político es sólo el primer paso de un largo proceso, sólo es el inicio», ha indicado, en referencia a que ahora se inicia un largo proceso que arrancará por el examen legal de los textos por parte de los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario y su traducción a todas las lenguas oficiales de la UE. Sólo entonces, Bruselas dará a conocer cuál es la base legal que propondrá para su ratificación tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo.

Este es un acuerdo entre negociadores que necesita aún, del lado europeo, pasar un proceso de ratificación que llevará tiempo y que probablemente pasará por que Bruselas ‘trocee’ el Tratado. De este modo, la parte comercial podrá ser adoptada por mayoría cualificada de los Veintisiete y evitar así que el Estado francés pueda vetarlo si no gana apoyos suficientes para formar una minoría de bloqueo. También tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, pero esquivará la ratificación en los 27 parlamentos nacionales si se confirma que el marco comercial irá por separado.

La UE y Mercosur ya lograron un principio de acuerdo como este en 2019, pero en el proceso de ratificación chocó con las reservas de países como el Estado galo e Irlanda, que reclamaron salvaguardas medioambientales más duras y cláusulas espejo para evitar una desventaja en los agricultores europeos.

Estas exigencias son las que las partes han negociado en una declaración adjunta que completará el Tratado que negociaron entonces y que incluye, según fuentes comunitarias, una cláusula que permitirá suspender parcial o totalmente el acuerdo si una de las partes se aleja de los compromisos del acuerdo climático de París.

Por el momento, sólo el Estado francés ha sido tajante en su rechazo categórico al nuevo acuerdo pese a las disposiciones adicionales negociadas, aunque Polonia, Irlanda, Países Bajos o Austria también han mostrado reservas si no se buscan medidas de acompañamiento para compensar el impacto en sectores propios estratégicos.

Sin embargo, de la última reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada la semana pasada, distintas fuentes europeas consultadas por Europa Press señalan que con la calculadora en la mano el Estado galo no suma aún los apoyos suficientes para contar con una minoría de bloqueo, aunque sí podría lograrlo si convence a Italia, aún dubitativa.