Vivir de alquiler en el Estado español supone llegar a experimentar inseguridad residencial y caer en el riesgo de pobreza, según se recoge en un estudio elaborado por los investigadores de IDRA Pablo Pérez, Jaime Palomera y Marta Ill-Raga, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Karlsruhe y la Universidad de Leipzig, entre otros centros.

El citado informe, titulado ‘Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley’, analiza cómo el diseño del mercado de alquiler en el Estado español desde 1985, cuando con el Decreto Boyer se eliminó los contratos indefinidos, ha resultado «en un modelo de inseguridad residencial y alto estrés financiero que contrasta con las garantías que existen en otros países europeos», como sería el caso del Estado francés, Alemania o los Países Bajos.

En este sentido, añade que en esos lugares, «los alquileres son por norma indefinidos y solo pueden rescindirse por causas justificadas», mientras que en el Estado español «sucede lo contrario: los contratos son por definición temporales y al finalizar, el inquilino queda completamente desprotegido y puede ser desahuciado sin causa justificada». Y apunta que «los contratos temporales son funcionales a los beneficios de tres actores: caseros, agencias y portales inmobiliarios».

Incluso se destaca que en los últimos años, se está asistiendo a un nuevo fenómeno: la hiper-inseguridad, «caracterizada por una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, con una duración de apenas unos meses y mayores beneficios para caseros e inmobiliarias».

Además, ese tipo de contratos «facilitan que los precios suban a mayor velocidad», mientras «los portales inmobiliarios empujan el mercado al alza: sus precios de oferta son un 30,92% superiores a los precios reales».

Esas subidas de precios no solo afectan a los nuevos contratos, sino que, como especifica el informe de IDRA, «también a aquellos inquilinos que permanecen en su vivienda, ya que los caseros les hacen renovar contratos aplicando subidas abusivas».

Destinar más del 50% de los ingresos

Como consecuencia del aumento del precio, «la mitad de los inquilinos queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda (menos de 561 euros por unidad de consumo)». Al respecto, especifica que «uno de cada tres hogares destina más del 50% de sus ingresos al alquiler» y en el caso de las familias, «cerca de la mitad destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y suministros». Una situación que se vuelve todavía más crítica en el caso de las personas que viven solas, ya que «cerca de la mitad dedican más del 50% de sus ingresos a estos gastos».

Y sin embargo, en el estudio se recoge que «la tasa de impagos del alquiler es muy baja», de tal manera que «solo el 8,5% se ha retrasado en algún momento en el pago del alquiler». En este terreno, el estudio pone el acento en que, «teniendo en cuenta que la mayoría de inquilinos destinan más ingresos de los recomendados al alquiler y que la mitad queda en situación de pobreza severa relativa, los datos muestran que la vivienda es lo último que las familias dejan de pagar».

Ese empeño en abonar el alquiler vendría a «desmontar el mito de que hay muchos inquilinos que no pagan o de que hay un riesgo alto de inquiokupación».

El informe ‘Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley’ concluye que la combinación de la falta de protección debida a los contratos temporales y las subidas de precio habituales «se traduce en una alta inseguridad residencial». Una circunstancia que se traduce en que «alrededor del 40% han sufrido dos o más mudanzas, tres de cada diez mudanzas son forzosas y la mitad de los inquilinos de 35 a 64 años han cambiado de residencia en los últimos cinco años».

Unos datos que vienen a indicar que «las mudanzas son una realidad muy presente entre las familias con menores a cargo, con todo lo que ello conlleva» y que «se trata de una dinámica derivada de la falta de protección en los contratos: los inquilinos se ven obligados a desplazarse periódicamente para sobrevivir, exponiéndose a precios más caros con cada mudanza».

Recomendaciones

Una vez realizada una radiografía de lo que entraña vivir de alquiler en el Estado y los problemas que supone, en el informe se plantea una serie de recomendaciones públicas.

Así, se propone «implantar contratos indefinidos para el alquiler», es decir, adoptar una legislación similar a la del Estado francés y Alemania, «con contratos renovables automáticamente, salvo en casos de necesidad por parte del casero o incumplimiento grave. Esto proporcionaría mayor seguridad a los inquilinos y facilitaría la rehabilitación del parque inmobiliario».

Otra medida pasa por una «regulación efectiva de los precios del alquiler. Ajustar los precios del alquiler a los ingresos reales de los hogares, mediante un sistema de contención de rentas más integral». El índice de precios debería incluir «datos adicionales como el valor catastral, la renta familiar disponible y el desempleo en la zona, y debe contar con un régimen sancionador».

Finalmente, se insta a «proteger el uso residencial de las viviendas», limitando el alquiler turístico, el alquiler de temporada y los ‘colivings’, «que permiten la evasión de la Ley de Arrendamientos Urbanos y aumentan la inseguridad residencial». Unas modalidades que «deben estar sujetas a las mismas normas que el alquiler habitual para evitar el fraude y la precariedad».

Todas ellas constituyen una serie de medidas con las que intentar mejorar el acceso a la vivienda en el Estado, que «no se limita a un problema de mercado, sino a un diseño político que favorece la acumulación de riqueza en detrimento de la estabilidad de las familias inquilinas».

El informe recuerda que en el Estado español, el sistema de tenencia de la vivienda «ha evolucionado hacia una estructura cada vez más parecida a la de otros países europeos, con un aumento del alquiler como modalidad. Sin embargo, esta transición ha estado marcada por una alta inseguridad residencial, ya que el cambio no ha sido el resultado de políticas centradas en el bienestar de los hogares».

En lugar de eso, «se ha producido a partir de una serie de decisiones impulsadas por la incapacidad de mantener el modelo inmobiliario anterior, que se basaba en la promoción de la vivienda en propiedad. Este enfoque ha dejado de lado la protección de los inquilinos y ha contribuido a una creciente precariedad en el mercado del alquiler».

Y esa desprotección del mercado de alquiler «exige reformas estructurales que garanticen una mayor estabilidad y protección para los inquilinos. Es necesario equilibrar el poder entre arrendadores y arrendatarios, asegurando el derecho a una vivienda digna y asequible. La relación arrendador-arrendatario no es un pacto entre partes iguales, sino una relación donde la rentabilidad para unos supone la inseguridad y desprotección para otros». Una realidad que se agudiza en el caso del Estado español.