
El 70% de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está a favor de que se declare su municipio zona tensionada. Además, el 71,4% apuesta por limitar las ganancias que los propietarios de más de cinco viviendas puedan obtener de su inversión inmobiliaria; y el 55,8% defiende la aplicación de un canon a las viviendas vacías.
Así lo constata el último DeustoBarómetro Social, presentado este jueves, en el que se evidencia el apoyo de la ciudadanía a aquellas medidas dirigidas a fomentar el alquiler social. De hecho, el 67,1% aplaude que se concedan ayudas públicas de 300 euros mensuales a jóvenes para alquilar; el 87,1% defiende que existan programas para movilizar viviendas vacías, como Bizigune; y el 84,3% reclama que se aumente el parque de viviendas sociales de alquiler.
El 62,3% pide que se reduzcan las deducciones por compra de vivienda a las rentas más altas; y el 80,7% pide que las instituciones públicas rescaten las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para ponerlas en el mercado. El 79,4% que se pongan «más trabas» a los fondos de inversión, a los que la ciudadanía atribuye una mayor responsabilidad en la crisis de vivienda.
En lo referido a la limitación de la inversión inmobiliaria, más de la mitad de la población cree que las personas no deberían tener en propiedad más de dos viviendas. De hecho, el 26,7% apuesta por establecer el límite en una sola propiedad, y el 37,7% en dos. Solo el 13,9 defiende que las personas puedan tener entre tres y cinco viviendas en propiedad, el 1,1% de seis a diez, y el 10,6%, más de diez.
Viviendas turísticas y desahucios
En cuanto a las viviendas turísticas, el 20,6% opina que se debería prohibir la concesión de nuevas licencias y retirar todas las licencias existentes; y el 29,5% aboga por prohibir la concesión de nuevas licencias y reducir la oferta existente.
El 41,3% creen que se debería regular el sector, manteniendo algunas licencias y concesión de nuevas licencias según la zona. Y el 8,6% sostiene que no debería haber límites a la concesión de licencias para viviendas de uso turístico.
El contrapunto al apoyo a medidas positivas: casi al 60% le parece bien que haya empresas que desalojan por la fuerza a quien haya ocupado
El 72% comparte que en ningún caso se puede desahuciar a una persona vulnerable; el 88,4% considera necesario modificar la legislación para que sea posible «desocupar» un piso «de manera más rápida y efectiva». En este sentido, el 84,7% opina que «en ningún caso se puede ocupar una vivienda vacía por la fuerza», y al 59,8% le parece bien que existan empresas que se dedican a desalojar por la fuerza a quienes hayan ocupado una casa.
Suspenso a las políticas públicas
Preguntados sobre la valoración que realizan las políticas públicas de vivienda, la media se sitúa en el 3,84 en una escala de diez. Un suspenso. A buen seguro propiciado por el oscuro futuro divisado por una parte importante de los encuestados, que, de poder elegir, eligen de forma mayoritaria tener una casa en propiedad (91,6%).
Sin embargo, el 31,4% cree que nunca podrá comprar una vivienda, y el 28,9 que tardará más de diez años. Esta expectativa está muy vinculada al coste de la misma y al dinero al pago del alquiler o de la hipoteca: el 19,8% destina entre el 30 y el 50%, el 6,6% más del 50% y el 4,6% más del 70%.
Un futuro poco halagüeño
Basta con señalar que el 23,4% ha pensado en renunciar a emanciparse; y el 41% considera que solo una minoría de la población de la CAV tiene acceso a una vivienda digna. El 14,8% cree que nadie tiene garantizado el acceso a una vivienda digna, y muchos estarían dispuestos a valorar la posibilidad de vivir en una lonja habilitada (34,1%), un piso de menos de 30 metros cuadrados (29,5) o una vivienda sin calefacción (29,1%). Un 4,3% tampoco descarta vivir en trastero habilitado como casa.
Y, sobre la última etapa de la vida, la mayoría, el 53,8%, cree factible vivir en una residencia. No obstante, muchos también plantean otras opciones, como el coliving (33,3%), el cohausing (30,3%), o las viviendas dotadas de inteligencia artificial (33,3%).
Los datos han sido dados a conocer en rueda de prensa por los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi. El estudio ha sido elaborado por 40dB en función de un millar de entrevistas realizadas entre los días 19 de noviembre y el 4 de diciembre.

El portavoz del PNV en Getxo abre una crisis tras acusar al personal de una pérdida millonaria

Ziklista baten heriotza eragin zuen istripua salatu eta «errespetua» eskatu dute Usurbilen

Las consecuencias económicas del rearme de Europa

Fallece un hombre de 55 años durante las tareas de extinción de un incendio en Hondarribia
