El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha pedido al Gobierno español el indulto parcial de la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a la expresidenta del Parlament Laura Borràs por contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha suspendido su ingreso en prisión.

Tal y como ya apuntó en su sentencia, la Sala Civil y penal del TSJC ha acordado elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de Borràs, de un máximo de dos años y medio de cárcel, lo que permitiría a la expresidenta de Junts eludir la prisión.

Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, la sala ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los nueve años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que la expresidenta del Parlament no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. Además, en el auto, la Sala Civil y Penal del TSJC pide también que se ejecute la multa de 36.000 euros que la sentencia impuso a Borràs.

Tras esta resolución del TSJC, la expresidenta del Parlament ha sido citada el próximo 4 de abril ante el alto tribunal para ser apercibida de que no puede ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público y para que abone esa multa que le impuso la justicia.

Pena «desproporcionada y excesiva»

La semana pasada, Gonzalo Boye, abogado de Borràs, pidió al alto tribunal catalán que formalizara su petición de indulto y que suspendiera la ejecución de la condena mientras el Gobierno resuelve si le concede la medida de gracia, solicitud que ahora ha oficializado el TSJC en su auto, fechado el 27 de marzo.

Además, la Fiscalía también avaló que se suspendiera su ingreso en prisión, mientras el Gobierno resuelve sobre la medida de gracia, y consideró que el indulto era «pertinente» por tratarse de una pena «excesiva».