El TC estudia la paga extra de Lakua a 67.000 funcionarios
La decisión del Gobierno de Lakua de abonar la extra de diciembre a sus empleados públicos ha sido incluida en el orden del día del pleno del TC que comienza hoy.
El Gobierno de Lakua en funciones ha iniciado el procedimiento para hacer efectivo el abono de la paga extra de Navidad a sus funcionarios, una medida que será estudiada por el pleno del Tribunal Constitucional (TC) que comienza hoy mismo.
La nómina de diciembre, junto con la extra, la cobran habitualmente los 67.000 funcionarios de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia el día 20, con lo que ayer era la fecha tope para iniciar los trámites administrativos con el fin de hacerla efectiva. Fue el propio Patxi López quien anunció el inicio de estos trámites para abonar la paga.
La decisión del Gobierno autonómico ha sido incluida en el orden del día del pleno del TC que comienza hoy se prolongará, previsiblemente, hasta el jueves.
En el caso de que admita a trámite el conflicto de competencias, el Tribunal podría pronunciarse además sobre la suspensión cautelar del pago de la extra.
El Gobierno de Patxi López no ha querido analizar lo que podría ocurrir en caso de que el TC decida paralizar la orden de pago, aunque ya ha avanzado que «sin daños es imposible» ejecutarla, en referencia a los perjuicios que pudiera ocasionar a los funcionarios.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, opinó hace unos días que cuando el Gobierno autonómico en funciones ejecutase la orden de pago de la extra, el Constitucional no podría ya suspender esta medida.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó de «ilegal» el abono de esta paga y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan «aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años».
Esta circunstancia, podría conllevar finalmente que un consejero o el lehendakari, como responsables últimos de esa decisión política, fueran imputados por un delito de prevaricación administrativa que acarrearía penas de inhabilitación.
López aseguró ayer no temer «en absoluto» las consecuencias de una posible inhabilitación por ordenar el abono de esa paga, porque los argumentos del Gobierno de Lakua «son muy sólidos».