Europa pide firmeza al Estado español para adoptar medidas que eviten las torturas
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha pedido a las autoridades españolas mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos y presos por parte de las FSE y funcionarios de prisiones. El informe hace hincapié en la falta de garantías de la detención incomunicada y denuncia las trabas impuestas por la Guardia Civil. El informe hace hincapié en el tertimonio de Beatriz Etxebarria.
La delegación del CPT, que visitó el Estado español entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011, ha elaborado un informe en el que pide «tolerancia cero» ante esos casos en comisarías, prisiones y centros de internamiento de extranjeros.
Según el informe, los entrevistados aseguraron haber sido tratados correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibieron algunas alegaciones de malos tratos durante la detención.
El informe pide que se prohíba vendar los ojos o encapuchar a los detenidos, incluso en los interrogatorios.
La delegación obtuvo alegaciones creíbles de 10 de los 11 ciudadanos vascos detenidos en régimen de incomunicación con los que se había entrevistado.
Bolsas, golpes, porrazos y agresión sexual
En el apartado correspondiente al régimen de incomunicación, el CPT recoge alguno de los testimonios de malos tratos recabados.
Destaca que los malos tratos empiezan durante el traslado desde el lugar de detención a Madrid y consiste «fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo».
Ya durante el interrogatorio, relata, «les colocaron una bolsa en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia» y, simultáneamente, «les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados».
Una persona –detalla el informe– alegó que la amenazaron con abusar sexualmente de ella, después de haberle quitado los pantalones y la ropa interior, mientras que otra persona afirmó que abusaron sexualmente de ella.
Otros testimonios recogidos por el CPT coinciden al señalar que recibieron golpes y escucharon gritos de detenidos en celdas contiguas durante los interrogatorios.
El objetivo de los malos tratos, continúa, era conseguir una declaración firmada de cara a la vista oral.
El organismo expresa su «profundo recelo» hacia este tipo de prácticas y, por ello, recomienda establecer un código de conducta para los interrogatorios. «También se debería prohibir expresamente –destaca el informe– vendas los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial, incluso durante los interrogatorios». Añade que debería prohibierse «expresamente obligar a los detenidos a realizar ejercicios físicos o a permanecer de pie durante periodos de tiempo prolongados».
El CPT reitera su recomendación de que los detenidos en régimen de incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su detención y durante los interrogatorios. También insta a notificar a la familia el hecho de la detención y el paradero de la persona detenida, la cual considera debería tener la posibilidad de ser visitada por un médico de su elección junto con el médico forense designado por el juez de instrucción.
Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz natural, sistema de ventilación y timbre.
Los miembros, además, de la delegación encontraron palos y bates de béisbol en salas de interrogatorio de comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y Moratalaz).
Obstáculos de la Guardia Civil
La delegación asegura en el informe que su relación con las autoridades españolas fue «excelente», salvo una «excepción importante»: la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid.
Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.
El informe asegura que el CPT «ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil» y que este «sigue sin resolverse».
Por ello, solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos empleados por oficiales de la Guardia Civil durante las detenciones incomunidacadas. El CPT «desea recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado de las acciones adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Además, destaca que las alegaciones de malos tratos «son sistemáticamente consideradas como no fiables y parte de una estrategia de defensa para restar validez a la declaración hecha hacia el final de la detención en régimen de incomunicación».
En ese sentido, el organismo «reitera» su recomendación de que cuando una persona denuncie malos tratos por parte de oficiales de las FSE, «el juez/fiscal debería tomar nota de las denuncias por escrito, ordenar de inmediato un examen médico forense –en los casos en los que no sea proporcionado automáticamente un examen médico forense– y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las denuncias sean investigadas adecuadamente».