«Cuando estás en el campo, frente al sufrimiento, replanteas tus juicios»

Investigadora del Centro de Memoria Histórica desde sus comienzos, en 2007, Martha Nubia ha coordinado el informe ‘¡Basta Ya!. Colombia: Memorias de guerra y dignidad’, presentado en julio tras seis años de trabajo. Los procesos de reconstrucción de memoria, así como el estudio de los movimientos sociales, los derechos humanos y el desplazamiento forzado han marcado su trayectoria profesional, por la que ha recibido varios reconocimientos.

Afirman que la de Colombia es una guerra «difícil de explicar».
A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Colombia no hay un conflicto entre dos actores armados. Hablamos en plural de guerrillas, paramilitares, fuerzas militares estatales. Hablamos además de un conflicto armado en el que no solo está en juego una disputa de orden político sino que también se suman las dinámicas de otras violencias como las asociadas al narcotráfico, y eso es lo que lo hace particularmente complicado.

Leyendo el informe impacta la sevicia de los grupos paramilitares y el ensañamiento con las víctimas.
La sevicia es una característica que está asociada a un periodo de la historia del conflicto armado. La observamos entre el periodo 1995-96 y 2002, años en los que se produjo una importante escalada de la violencia y en los que los grupos paramilitares irrumpieron con mucha fuerza, desplegando una estrategia de sangre y fuego por el control de los territorios que habían tenido presencia guerrillera o que consideraban estratégicos para sus intereses. Es durante este periodo cuando más observamos prácticas de sevicia y degradación. Dentro de la dinámica bélica de ese momento, los paramilitares intentaron disputar la reputación de terror que ya tenían otros actores armados y trataron de posicionarse como el actor con mayor capacidad de terror, por lo que incurrieron en prácticas realmente aberrantes. A ello se suman otras prácticas de sevicia asociadas a estrategias de invisibilización. El hecho de descuartizar los cuerpos, lanzarlos a los ríos o incinerarlos, más que sembrar terror, tenía por objeto esconder crímenes que, en algunos momentos, no les convenían.

Sorprende el alto número de actores armados no identificados.
El hecho de que los porcentajes sean tan elevados está ligado a varios factores: a estrategias de confusión que despliegan los propios grupos armados -hemos encontrado acciones cometidas por grupos paramilitares que fueron atribuidas a grupos guerrilleros-; a los cruces entre las diferentes violencias -hay muchas acciones vinculadas a grupos criminales ligados al narcotráfico o a otras prácticas por lo que no se puede deslindar de forma precisa dónde termina la violencia por el conflicto armado y dónde empieza la delincuencia común-; a cierta incapacidad del propio Estado para investigar en zonas muy apartadas donde no hay un organismo que haga un levantamiento del cadáver a tiempo, que documente y registre, por lo que los responsables quedan como autores no identificados.

¿Cómo valora el reconocimiento público por parte del presidente de la responsabilidad del Estado?
Tiene un fuerte valor simbólico. Asumir públicamente la responsabilidad del Estado es dar un primer paso importante porque no hay nada más perverso que la negación. Aceptar que el Estado incurre en violaciones de derechos humanos, que tiene que pedir perdón y está empeñado en aportar a la construcción de una institucionalidad distinta, es un avance muy significativo.

Desde La Habana, la delegación de paz de las FARC-EP ha solicitado la creación de una comisión de la verdad y la ampliación del informe por considerarlo incompleto.
Este es un informe de una comisión de memoria histórica, que dista mucho de ser una comisión de la verdad. Nunca hemos afirmado que el conflicto empezase en 1958. No obstante, hay puntos que, por la extensión y las posibilidades de trabajo que teníamos, no asumimos y seguramente en ese punto tienen razón. Por ejemplo, se debe desarrollar con mayor profundidad la incidencia internacional en la dinámica del conflicto o el papel de los medios de comunicación. Con este informe no pretendemos sustituir ni negar el trabajo necesario que requiere una comisión de la verdad.

Este sería un insumo para una o varias comisiones de la verdad, porque algunos sostienen que por la complejidad del conflicto, habría que pensar en comisiones regionales, temáticas o en una gran comisión. Lo que veo difícil es la construcción de comisiones que en un tiempo muy corto aborden algunos temas que, a juicio de las FARC, no están tratados en el informe y entreguen informes realmente contundentes.

¿Qué le ha aportado este informe?
Fueron seis años de trabajo directo con las víctimas en muchas regiones. La realización de este informe genera mucho dolor porque hemos escuchado historias absolutamente dolorosas, hemos conocido situaciones que nos han generado sentimientos de repudio, de impotencia, de solidaridad, de desolación. Es mucho el dolor acumulado a lo largo y ancho del país. Y mucha la injusticia. Pero este trabajo no solo documentó la guerra, también nos permitió ser testigos de lo mejor de la condición humana -mujeres sacando cuerpos en pedazos para intentar reconstruirlos y devolver a ese cuerpo su dignidad y entregárselo a la familia; acogimientos en medio de la miseria más absoluta; jóvenes haciendo obras de teatro; construcciones de pequeños museos de la memoria-. Esa otra cara de la guerra te genera admiración y esperanza en que el porvenir no solo lo trazan los actores armados sino que también lo puede trazar esa otra Colombia con capacidad de resistir y transformar. Esto nos deja muchas lecciones en cuanto a la arrogancia académica; en el mundo intelectual hacemos juicios y valoraciones que a veces se desprenden de teorías. Pero cuando estás en el campo y frente al sufrimiento, te ves obligado a replantear tus conceptos y los juicios que emitías.