La jueza Servini solicita formalmente la extradición de los torturadores del franquismo
La juez argentina María Servini de Cubría ha solicitado formalmente la extradición de Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y Jesús Muñecas Aguilar acusados de practicar torturas durante el franquismo, según informa ‘El Diario.es’. El Estado español debe ahora decidir si acepta que los acusados sean juzgados en Argentina por crímenes de lesa humanidad.
La juez María Servini, que instruye la causa argentina contra los crímenes del franquismo, ha realizado una petición formal para que los torturadores del franquismo sean extraditados a Argentina para su posterior enjuiciamiento, según informa ‘El Diario.es’.
En concreto se trata de tres antiguos miembros de la Brigada Político Social de la Policía española (Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño») y de un exguardia civil, Jesús Muñecas Aguilar. La peticióna afecta solamente a Pacheco y Aguilar, ya que Abascal y Giralte fallecieron anteriormente.
Según señalan las mismas fuentes, la cancillería argentina deberá remitir a la española esta petición, y será el Estado quien decida si accede a que los dos acusados sean juzgados en Argentina por crímenes de lesa humanidad.
‘El Diario.es’ afirma que la petición de Servini se basa en el principio de justicia universal, ya que entiende que los acusados no responderán en el Estado español por sus delitos.
«Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables estan sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal», señaló la magistrada cuando dictó el arresto de los acusados.
Los cuatro imputados son figuras muy conocidas por su participación en la represión franquista. Entre ellos se encuentra el exguardia civil Muñecas Aguilar, uno de los lugartenientes de Antonio Tejero durante el golpe de Estado de 1981 y que fue denunciado, entre otros, por la familia de Andoni Arrizabalaga, torturado en el cuartel de Zarautz en 1964 y cuyo testimonio se incluye en la resolución.