Ante una sala repleta de periodistas, Estanis Etxaburu, en nombre del grupo de intermediación del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK), dio inicio a la comparecencia precisando que el objetivo de la misma no era otro que ofrecer la valoración de los intermediadores sobre el comunicado del pasado 28 de diciembre, junto a la lectura política de los prisioneros excarcelados recientemente; buena parte de ellos, en libertad después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara ilegal el alargamiento de condenas al que estaban siendo sometidos en aplicación de la doctrina 197/06 del Tribunal Supremo español.

En nombre de quienes han sido excarcelados en los últimos meses, Itziar Martínez, en euskara, y Antxon López Ruiz, en castellano, comenzaron su intervención expresando que eran conscientes de que sus palabras pueden «generar sentimientos contrapuestos, que a más de uno le generarán inquietud». «Es por ello que actuaremos con responsabilidad, con voluntad y visión positiva y constructiva, con la confianza de ofrecer nuestra humilde aportación a esa realidad social y política que estamos conociendo nuevamente después de tantos años», precisaron.

Tras recordar que solamente entre los ayer reunidos en Durango «acumulamos cerca de 1.500 años de cárcel», de los que más de 200 han sido una condena «ilegalmente añadida tal y como ha determinado Estrasburgo», manifestaron que han sido «testigos del dolor y la muerte causada por la dispersión». «Acarreamos con nosotros las consecuencias del conflicto político -prosiguieron-, igual que hemos sido testigos y sujetos de la lucha».

Explicaron que, en su condición de miembros de EPPK hasta hace poco tiempo, han mostrado su adhesión a las reflexiones y decisiones del colectivo y han sido «parte activa del gran esfuerzo» realizado estos últimos años para «adecuar su posicionamiento político». Por ello, subrayaron su «total conformidad con las decisiones adoptadas». «Nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la izquierda abertzale», puntualizaron.

Por una solución «integral»

Expresada su disposición a participar en el nuevo camino abierto tras la decisión de ETA de abandonar la lucha armada, plantearon que la solución al conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral, que atienda a la raíz política del mismo y que, a su juicio, se debería concretar en «el respeto al derecho a decidir» del pueblo vasco. Consideran que la normalización política exige que se respete este «derecho elemental» y que, en paralelo, es «urgente» solucionar todas las consecuencias del conflicto, en referencia al «grupo de compañeros que continúa en las cárceles españolas y francesas». Agregaron que es tiempo de «derogar toda medida de excepción y respetar todos los derechos», y reclamaron expresamente el fin de la dispersión.

«Tenemos que repatriarlos y liberar hasta el último de ellos», indicaron, aludiendo a la necesidad de que la ciudadanía se implique para «quebrar el bloqueo» y que «puedan darse nuevos movimientos». Reiteraron su «compromiso personal para impulsar nuevos pasos e iniciativas que pueda realizar EPPK», y avanzaron que seguirán trabajando para superar la represión que aún padece Euskal Herria «con la misma determinación con la que hemos hecho frente durante estos largos años a la política penitenciaria, a las leyes vulneradoras de derecho, con el mismo compromiso e ilusión renovada».

Una campaña «sin precedentes»

En representación del grupo de intermediación de EPPK, Estanis Etxaburu y Arantza Garbayo habían destacado previamente la importancia de la lectura política realizada por los presos afectados por la doctrina 197/2006, que situaron como «la aportación positiva y constructiva» de «aquellas personas de las que tanto se ha hablado», desde el convencimiento de que «sus palabras serán importantes desde una visión enfocada al futuro».

Resaltaron que sus compañeros han recobrado la libertad porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «ha obligado al Estado español a terminar con el castigo añadido en contra de la ley» y denunciaron «la campaña política sin precedentes» emprendida por quienes «han vivido las excarcelaciones como un drama y una derrota política». A este respecto, criticaron que hablen de impunidad refiriéndose a personas que han cumplido «20 y 30 años de condena en condiciones realmente duras» y que han soportado «un castigo desmedido y añadido».

«Impunidad absoluta -señalaron- es con la que han contado los aparatos del Estado y quienes han estado implicados en ellos durante las últimas décadas». «Hoy en día siguen bajo ese mismo manto, tal y como demuestra el que no haya ni un solo preso del otro lado del conflicto», recordaron.

Los mediadores del colectivo hicieron «un llamamiento responsable a que las excarcelaciones sean recibidas de modo constructivo y positivo», al tiempo que reivindicaron que «quien ha sido parte en el conflicto tiene mucho que aportar desde la humildad en la solución del mismo, mucho que decir y mucho en lo que ayudar».

Tomando como referencia la declaración del pasado día 28, en la que EPPK se declara dispuesto a tratar la opción de un proceso escalonado con compromisos individuales, el grupo de intermediación avanzó que en las próximas semanas compartirá este posicionamiento con los agentes políticos y sociales. Como punto de referencia, citaron la movilización ciudadana convocada para el próximo sábado en Bilbo, en «un contexto en el que la dinámica social y política en favor de los derechos de las personas encarceladas ocupará de lleno la agenda política», según comentaron.