El ministro español de Interior subraya que si ETA quiere entregar sus armas no necesita verificadores
El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha indicado a ETA que «si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta», si bien ha matizado que cualquier posible avance hacia el desarme «es lógicamente positivo».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha tenido lugar antes de la comparecencia de la Comisión Internacional de Verificación, Fernández Díaz ha manifestado que «es evidente que todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo y todo lo que sea entregar las armas es positivo, pero eso no es incompatible con el hecho de que se trate de una escenificación».
«Para adquirir sus armas ETA no necesitó de verificadores. Si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta. No son los verificadores los que derrotaron a ETA. No nos hace falta con todos los respetos, porque los mejores son la Guardia Civil y la Policía. Bastaría con ofrecer la geolocalización y señalar las coordenadas de sus depósitos de armas», ha añadido el ministro de Interior, quien ha rebajado el tono empleado la víspera por su subordinado Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, que tildó a los verificadores de «comparsas» que ETA «tiene en nómina» y que son «expertos en hacer el ridículo».
Para el titular de Interior, lo acontencido este mediodía en Bilbo es parte de un proceso de «teatralización» que la organización armada puso en marcha en octubre de 2011, cuando anunció el cese definitivo de su actividad. «No debemos contribuir a esa teatralización, a darle credibilidad a esa escenificación a la que ETA nos viene sometiendo. El Gobierno y el Estado están trabajando para la disolución definitiva sin condiciones de ETA, trabajando para la derrota total y definitiva de ETA», ha recalcado.
Fernández Díaz ha subrayado que el Estado español «no está en tregua» y ha puesto como ejemplo de ello las 99 detenciones llevadas a cabo o las operaciones contra organismos como Herrira desde que el Partido Popular tomó el poder en Madrid.