Economía, el gran campo de batalla final

La economía ha sido el tema estrella en las dos campañas. No hay más que asomarse a los puestos de información que ambas partes tienen en las calles para comprobarlo. Tanto unos como otros han de responder a muchas preguntas que van desde la economía doméstica a los grandes números nacionales.

Los partidarios de mantener Escocia dentro del Reino Unido esgrimen la supuesta inviabilidad de este país de 5,2 millones de habitantes. Y los del Sí creen que como Estado independiente podrían llegar a ser «el mejor país pequeño del mundo», para lo que cuentan con una gran cantidad de recursos naturales. En los últimos días, algunas grandes empresas y entidades financieras han hecho pública su posición. La BBC daba a conocer la intención del Royal Bank of Scotland (RBS) de trasladar su sede central a Londres. El Gobierno escocés ha denunciado la utilización de estas declaraciones por parte de los partidarios de la unión y Salmond esgrimió incluso una carta del banco que afirmaba lo contrario. ¿Qué hay de cierto?

RBS nació en Escocia y creció de un modo significativo durante los años 80 y 90 del siglo XX por medio de la adquisición de otros bancos, principalmente en Inglaterra. El grupo fue uno de los afectados por el rescate bancario anunciado en octubre de 2008. Tras aquello el Gobierno británico controla el 85%. Si los escoceses se decantan por la independencia, la sede de este grupo se trasladará a Londres debido a la directiva europea 26/95, que obliga a las entidades bancarias a radicarse en el país donde tengan la mayor parte de su negocio. Aun así, los responsables de este banco han hecho saber que solamente la sede fiscal se marcharía. Y añaden que «el voto sobre la independencia es un asunto de los escoceses, Escocia es nuestro hogar desde 1727 y RBS planea mantener un nivel significativo de operaciones y personal en Escocia».

Este punto ha sido confirmado por el primer ministro escocés, Alex Salmod, que ha tenido acceso a una carta de la entidad a sus trabajadores. La misiva tenía como objetivo hacer saber a los empleados que el traslado de la sede fiscal no tendría consecuencias para ellos.

El caso del grupo bancario Lloyds es diferente. Esta entidad es el resultado de la fusión de Lloys, con origen en Inglaterra, y TSB (Trustee Savings Bank), un banco escocés. La fusión ocurrió en 1995 y desde entonces la sede central ha estado en Londres; aun así, ha mantenido una sede fiscal en Edimburgo.

Según los partidarios de la independencia, la aportación fiscal de estas dos entidades a Escocia ha sido nula en los últimos años. El cambió de estas sedes fiscales no afectaría a las finanzas de un Estado escocés. A pesar de todo, la filtración a la prensa de estos movimientos ha disgustado a los responsables independentistas. El mismo Salmond pidió revisar cómo esta información llegó a manos de la radiotelevisión publica.

Pensiones garantizadas

Muchos escoceses están preocupados por el efecto del desenlace del referéndum sobre las políticas sociales, ya gane el Sí o el No. Desde que la devolution comenzó en 1999, el Parlamento escocés ha tenido competencias en materias como salud y servicios sociales. Y desde allí el SNP, durante los últimos siete años, se ha opuesto a los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Londres. Un ejemplo es el la reestructuración del Sistema Nacional de Salud (NHS) que abre las puertas a la privatización y del que ya se ha hablado en estas páginas.

Para los independentistas, la necesidad de un Estado propio queda reforzada por las políticas de Downing Street y la capacidad que el Parlamento de Westminster tiene para vetar las decisiones escocesas. Los unionistas, por su parte, creen que la capacidad de decisión de las instituciones autónomas es garantía suficiente para hacer frente a las políticas de recortes. Añaden también que la inseguridad que provocaría el nuevo status incidiría negativamente en las pensiones.

Tanto los partidarios de la independencia como varios de los responsables de las pensiones en el Reino Unido han declarado en varias ocasiones que las pensiones de los trabajadores escoceses no peligran. El presidente de la Comisión para los Asuntos Escoceses de Westminster, Ian Davidson, es partidario de la unión y declaró, ya en mayo de este año, que «en caso de independencia, la pensión pública de cualquier individuo en Escocia no se verá afectada negativamente. Ccontinuará recibiendo su correspondiente pensión del mismo modo que cualquier persona en el Reino Unido».

La libra, también escocesa

La moneda que se usaría en la Escocia independente es también objeto de debate. La mayoría es partidaria de seguir utilizando la libra esterlina, debido a las relaciones económicas, la tradición y los acontecimientos en torno al euro de los últimos años. Los contrarios a la independencia han afirmado en varias ocasiones que en caso de separación esta moneda no podría ser utilizada por los escoceses.

Los partidarios de la independencia, en su mayoría, proponen una unión monetaria entre el resto del Reino Unido y Escocia, pero recuerdan que incluso en caso de que Westminster se negara, ellos podrán seguir usando esta moneda debido a que la libra es una divisa reconocida internacionalmente.

El expresidente de la Reserva Federal de EEUU se posicionó a favor de los unionistas, y negó este mismo lunes que «haya ninguna posibilidad para que Londres acepte una unión monetaria». Los independentistas recuerdan que en caso de que esa convergencia no se hiciera efectiva, Escocia podría negarse a asumir su parte de la deuda, ya que le sería negada una moneda que, además, ellos consideran también propia.

El debate sobre los recursos naturales también ha supuesto uno de los puntos álgidos. Nadie niega que la titularidad de la pesca o el petróleo pertenecerán a Escocia en caso de un resultado afirmativo. Sin embargo, el debate se ha centrado en el tamaño de estos recursos.

El petróleo que siempre se acaba

En la década de 1970 se descubrieron yacimientos petrolíferos en las aguas escocesas. Los sucesivos gobiernos británicos han ocultado y rebajado la capacidad de producción petrolífera de los pozos del Mar del Norte. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con el llamado informe McCrone. Este dossier realizado en 1974 estudiaba la importancia y cantidad de petróleo que se había encontrado en las costas escocesas. La conclusión fue clara: la cantidad era tal que podría garantizar la viabilidad económica de un eventual Estado escocés independiente.

El Gobierno ocultó los resultados de este estudio a la opinión pública para no alentar un movimiento independentista, que en aquel momento comenzaba a crecer. El informe McCrone fue hecho público en 2005.

Así, los ejecutivos británicos de los años 70 decían en público que el petróleo escocés se acabaría en la década siguiente. Y hoy en día, el debate se lleva a cabo en términos parecidos. El presidente de British Petroleum Bob Dudley pidió el voto contrario a la independencia la semana pasada y rebajó las previsiones de explotación petrolífera de los independentistas. A pesar de ello, empresas petroleras como Shell han anunciado inversiones multimillonarias para los próximos años en sus instalaciones de la zona.

Los partidarios de la independencia recuerdan que en caso de ganar el referéndum habrá más zonas para explorar en busca de hidrocarburos. Estos posibles yacimientos están dentro de la actual zona de seguridad de la base naval de Clyde. El Ejercito británico almacena armas nucleares en estas instalaciones, y los partidarios de la independencia han anunciado que desmantelarán la base y declararán el país libre de energía nuclear. Un efecto colateral de esta decisión será la disponibilidad de esta zona para prospecciones y explotación petrolífera.

Informes tergiversados

Otra de las preguntas ciudadanas más repetidas a los miembros de la campaña a favor de la independencia es la referida a los precios en los supermercados. Medios de comunicación anunciaron la semana pasada una subida de la cesta de la compra generalizada, haciendo referencia a un informe oficial.

El grupo de empresarios proindependencia Business For Scotland criticó esta interpretación, y recordó que dos de las cadenas de supermercados más importantes del Reino Unido, Tesco y Sainsbury's, no tomaron parte en este estudio y otras dos, Asda y Morrison, no hablaron de subidas sino únicamente de revisar su política de precios para adaptarse a la nueva situación.