La UDEF apunta que el Grupo Bruesa pagó la sede del PP en Bilbo
El informe policial en el que se basa el auto del juez Pablo Ruz sobre la financiación ilegal de la sede del PP en Bilbo apunta al dinero negro procedente del Grupo Bruesa como fuente de ingresos. La investigación policial, que ha comparado los apuntes de Luis Bárcenas con las cuentas oficiales del partido, revela que estas coinciden en un 81%. También revela que el exgerente Ignacio Aguirre, recibió dinero en efectivo para la hipoteca en diversas ocasiones.
Donaciones en dinero negro procedentes del Grupo Bruesa constituyeron una de las fuentes de financiación de la sede del PP en Bilbo, cuya hipoteca se pagó a través de un sistema de recaudación paralelo puesto en marcha por el extesorero Luis Bárcenas, similar a los «papeles» en los que se anotaban los pagos en «B» realizados por grandes empresarios que se investigan en la Audiencia Nacional. El auto hecho público por el juez Pablo Ruz el martes ya apuntaba a Emilio Álvarez López, que ocupó diversos cargos en la constructora guipuzcoana, como una de las personas que realizó estas donaciones. Concretamente, una de 36.000 euros en el año 2002. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía española detalla más la acusación y recuerda que el propio Bárcenas, en su declaración ante Ruz del 15 de julio de 2013, aseguró que la compra del inmueble de Gran Vía fue «financiada por un empresario».
Ya no son únicamente los 164 folios que el antiguo responsable de las finanzas de Génova entregó al magistrado para probar que la sede se pagó con fondos ilícitos. Ahora son los agentes y la propia Audiencia Nacional española los que dan credibilidad a esta versión y señalan a una trama en la que destacan dos nombres propios, además de Bárcenas y Álvaro Lapuerta, ya imputados. Se trata de Álvarez López y el exgerente del PP de la CAV Ignacio Aguirre, quien, según el informe policial remitido a Ruz, recibió en diversas ocasiones el dinero en efectivo y fue el encargado de pagar las cuotas de la hipoteca. Ninguno de los dos ha sido llamado a declarar todavía.
Según publicó «El Mundo», cuando Arantza Quiroga prescindió de sus servicios, el antiguo gerente habría sido el encargado de revisar las cuentas en la investigación interna desarrollada después de que Bárcenas presentase pruebas sobre las irregularidades financieras. No en vano, Aguirre, un histórico del PP vinculado a Jaime Mayor Oreja, gestionó durante dos décadas la economía del partido en la CAV. De este modo, se habría dado la paradoja de que la misma persona que analizó los balances del PP para presentarlos «limpios» era la que, durante años, había recibido el dinero en mano procedente de Génova. Este nombre, además, aparece en los denominados «papeles de Bárcenas» cobrando un importe de 25.000 euros que él niega haber recibido.
Los números coinciden
El análisis de la UDEF, que ha cotejado los manuscritos de Bárcenas con el epígrafe «sede Vizcaya» con la contabilidad oficial del PP, entregada al Tribunal de Cuentas, es contundente: las salidas y entradas registradas en el documento del extesorero ahora en prisión coinciden en un 81% con los resguardos y los ingresos aportados a la formación que lidera actualmente Arantza Quiroga. De hecho, como ya reflejó este periódico en julio del pasado año, las coincidencias se establecen hasta en los días en los que las cuentas de Bárcenas apuntan las «salidas» y las «entradas« reflejadas en la contabilidad oficial del PP. Este flujo económico se alargó entre noviembre de 1999 y noviembre de 2005 y sirvió para pagar los aproximadamente 1,2 millones de euros que costó tanto la hipoteca como las obras de remodelación del inmueble. Este último año, sin embargo, se recibieron varias partidas que no se destinaron al pago de la hipoteca, sino que se incluyeron en el apartado de «donantes anónimos» de Génova.
«Hermanos» sin nombre
«Es lo referido a la contabilidad en Vizcaya (sic), porque eran cantidades que recibíamos Álvaro Lapuerta en la sede central del partido, y esas cantidades se transferían luego al País Vasco para que pudiesen hacer frente al pago de la sede». Así explicaba Bárcenas, en su declaración del 15 de julio, en la que apuntaba a un solo empresario como fuente de financiación. No obstante, entre la documentación aportada también aparece una anotación de «hermanos» junto al pago de 18.000 euros, lo que según el informe aporta «algún tipo de indicio sobre su procedencia», sin entrar en más detalles sobre la identidad.
Como ya se explicaba en el auto de Ruz, la Policía ha detectado tres fórmulas distintas para realizar los trasvases desde Madrid a la CAV. En un primer momento, se efectuaban en pagos fraccionados (para sortear la ley) en cuentas del PP del Banco Vitoria y Argentaria. Posteriormente también se recurrió al abono directo de las cuotas desde la sede central en Génova. Una tercera fórmula es la ya apuntada previamente: la entrega de dinero en efectivo al entonces gerente, Ignacio Aguirre, para que este cumpliese con las obligaciones contraídas con el banco al que se pidió el crédito.
La vinculación del Grupo Bruesa con los «papeles de Bárcenas» no es nueva. De hecho, su presidente, Antonio Pinal, declaró en enero en la Audiencia Nacional española tras aparecer en los manuscritos del extesorero por un pago de 12.000 euros efectuado en 2006. En la anotación, junto a su nombre, aparecía también el de «Emilio», lo que lleva a deducir a los agentes la vinculación entre ambos. Ante el magistrado, sin embargo, negó haber pagado ninguna cantidad al PP y, negándose a contestar a preguntas del fiscal, se limitó a señalar que conocía a Bárcenas de un evento en el hotel Ritz.
No es la primera ocasión en la que esta empresa se ve involucrada en tramas de estas características. En su momento, la constructora guipuzcoana también se vio implicada en el escándalo de corrupción vinculado al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, quien fue condenado por «prevaricación» por adjudicar de forma «arbitraria» diversos proyectos. En el caso de «los papeles de Bárcenas», la propia UDEF desveló que un 30% de los ingresos de la compañía tenían relación con concesiones públicas procedentes de gobiernos del PP.
Quiroga desvincula el cese de Aguirre de la trama y defiende sus cuentas
La presidenta del PP en la CAV, Arantza Quiroga, insistió ayer en que hace un año enviaron toda la documentación de la compra de su sede en Bilbo al juez Pablo Ruz y este aceptó que estaba bien, por lo que ha insistido en que estas cuentas «pasaron el filtro del juez». Quiroga compareció ayer ante la prensa precisamente en el inmueble de Bilbo cuya financiación está en entredicho para asegurar que hace un año, cuando Bárcenas aportó la documentación, en el PP de la CAV «se examinaron las cuentas, lo miramos todo con lupa, con expertos externos, y no encontraron nada» y que toda la documentación del contrato de compraventa y de los pagos de la hipoteca se mandó al juez Ruz y «ha pasado el filtro del juez». En esta misma línea, consideró que no hay «nada más que aportar que hace un año» cuando el PP vasco facilitó la documentación a la prensa y al juez Ruz, «que la ha examinado y certifica que estaba bien hecho».
La dirigente del PP vasco insistió en que los miembros de su formación «son los primeros interesados en que se esclarezca cuanto antes», añadiendo que «si alguien se ha aprovechado del PP vasco y ha mancillado su dignidad vamos a ir a por él, se llame como se llame», reiterando que, si hubiese encontrado algo irregular, lo hubiese denunciado.
También hizo mención al cese del exgerente, Ignacio Aguirre, pero no lo vinculó al caso Bárcenas. Aseguró sentirse «tranquila con lo hecho» sobre este caso y enmarcó la destitución dentro de la renovación que aplicó tras ser elegida en el congreso de hace un año. Tampoco quiso entrar a valorar si Ángel Acebes debería dejar la militancia en el PP tras ser imputado, pero señaló que «es cada uno el que debe tomar las decisiones que le corresponden pero el partido está por encima». GARA