Tres años después de la Conferencia de Aiete, los representantes políticos y electos de prácticamente todo el arco político de Ipar Euskal Herria presentaban ayer al atardecer un documento «de calado» dirigido al Gobierno francés. Los firmantes no obviaron las dificultades, debates y las horas de reuniones discretas que han sido necesarias para llegar a un texto consensuado que, esperan, tendrá eco tanto en las instancias políticas a las que se dirige como en la propia sociedad civil.

Antes de su presentación, los miembros de Lokarri Aitziber Blanco e Iñaki Arzak explicaron la larga travesía recorrida por los firmantes que, unos meses después de la Conferencia, solicitaron la intermediación de su organismo para intentar ahondar en los puntos allí planteados y hacer una aportación positiva. Fue así como les pusieron en contacto con el GIC y se estableció un espacio de trabajo en el que los intervinientes «se han ido conociendo y ganando confianza mutua».

El texto que comenzó a gestarse en febrero de 2012 lo suscriben Jean-René Etchegaray, alcalde centrista de Baiona; Kotte Ezenarro, alcalde de Hendaia y vicepresidente del Consejo General (PS); Max Brisson, consejero general (UMP); Frédérique Espagnac, senadora del PS; Jean-Jacques Lasserre, senador centrista y presidente del Consejo de Electos; Xabi Larralde, responsable de Sortu; Jakes Bortayrou, responsable de AB; Jean Lissar, portavoz de EE-Los Verdes; Michel Larralde, secretario general del sindicato CFDT; Marc Oxibar (UMP) y Jean-Pierre Etceverry (CFDT).

«Modelo a seguir»

Brian Currin, que junto a los también miembros del GIC Raymond Kendall y Alberto Spektorowski, había mantenido una reunión previa con los firmantes, subrayó la importancia de algunos de los puntos del documento. Así, remarcó el de la recomendación de respetar los derechos de los presos, «algo que los principales partidos de España son incapaces de hacer», dijo.

Hizo hincapié, asimismo, en que en él se manifiesta la necesidad de un «acuerdo político y la promulgación de nuevas leyes» que conduzcan a la evolución de la situación de los presos. El tema del acuerdo entre el Gobierno francés y ETA para «proceder al desarme y desmantelamiento de las infraestructuras en Francia» y las demandas de una comisión de paz y reconciliación, así como la de una institución para Lapurdi, Nafarroa Behere y Zuberoa fueron también resaltados por el abogado sudafricano que felicitó a los suscribientes por haber alcanzado ese nivel de consenso «en unas cuestiones que son tan difíciles y complejas».

De hecho, los calificó como «modelo a seguir» y se mostró convencido de que este mensaje tan claro tendrá un impacto importante porque todas estas cuestiones son muy complicadas y otros se han negado a abordarlas». «Es encomiable que los líderes políticos de un pequeño país digan a sus líderes nacionales que tienen que hacer más para abrir el camino de la paz», enfatizó.

Muy detallado

La hoja de ruta en dirección al Ejecutivo francés llega a recoger aspectos que hasta ahora no se habían precisado con tanto detalle y plantea, incluso, las formas en las que, a su entender, se debieran abordar, indicando que el diálogo entre el Estado francés y ETA «debería llevarse a cabo en un primer tiempo de manera confidencial».

Propone la aplicación extensa de las leyes en vigor para dar salida desde el prisma de los derechos humanos a diversas situaciones y la creación de una instancia específica que pueda estudiar «un marco jurídico nuevo» para abordar otras. Como colofón de dicho marco, plantea, la elaboración de una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco.

Además de las medidas relacionadas con el desarme de ETA o con la verdad y la reconciliación, el documento aborda la cuestión del reconocimiento político e institucional de Ipar Euskal Herria como «contribución positiva a la consecución de una paz duradera».

Tras la presentación, todos los electos y miembros destacados de las fuerzas políticas reiteraron uno a uno, la convicción que les ha llevado a trabajar juntos, a saber, «la responsabilidad que como ciudadanos y representantes políticos tenemos para hacer todo lo posible por que las próximas generaciones puedan crecer en paz».

Subrayaron el «amplio consenso obtenido entre quienes representamos a la gran mayoría de la ciudadanía», al tiempo que manifestaron su deseo de que se haga extensivo tanto a la sociedad civil como a otras partes de Euskal Herria. «Deseamos que otros tengan la sensibilidad y el coraje de andar ese camino para que el proceso pueda avanzar», dijo Xabi Larralde.