Arrestan a Francisco Granados y a otras 51 personas en una redada contra la corrupción
El ex secretario general del PP de Madrid y quien fuera número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha sido detenido junto a otras 51 personas, entre ellos los alcaldes de seis localidades madrileñas, todas ellas acusadas de formar parte de una trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.
La Guardia Civil lleva a cabo una vasta operación contra la corrupción en varios ayuntamientos y comunidades, que se ha saldado con más de medio centenar de arrestos en Madrid, Murcia, León y el País Valencià.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y el País Valencià, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.
El ex número dos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre es uno de los principales acusados de esta trama que, «infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías» de las provincias citadas, lograban contratos públicos en «connivencia» de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.
Entre los 51 detenidos en la denominada ‘Operación Púnica’ se encuentran, además, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), sucesor de Isabel Carrasco, muerta el pasado mes de mayo, o el empresario David Marjaliza. También han sido arrestados los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); el de Parla, José María Fraile (PSOE); el alcalde de Casarrubelos, David Rodríguez (PP); el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UPMA); el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); y el de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).
La Guardia Civil ha arrestado también al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE), al secretario y a la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo y Mariola Martínez, así como al jefe de gabinete del consejero autonómico de Industria y Turismo de Murcia, José Fidel Saura, entre otras personas.
Adjudicaciones públicas y comisiones ilegales
Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado «el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
Además de los 51 detenidos, en la ‘Operación Púnica’ se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción.
Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional española una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información aportada por todos permitió presentar una «detallada querella» ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido «un eficiente trabajo de investigación», junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.