Cargos electos catalanes firman una carta de denuncia para la ONU y las instituciones europeas
El Parlament ha acogido este mediodía la firma de un documento de denuncia firmado por cargos electos de CiU, ERC e ICV-EUiA contra la actitud del Estado español. La carta podrá ser firmada por ayuntamientos y ciudadanos el próximo domingo, tras lo cual será enviada a la ONU, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE.
«Nos sentimos legitimados para emprender todas las actuaciones necesarias, de forma pacífica y democrática, que nos permitan conocer la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya con relación a su futuro político y, posteriormente, para obrar en consecuencia siguiendo este mandato democrático». Es uno de los puntos del documento firmado hoy por cargos electos de CiU, ERC e ICV-EUiA esta mañana en el Parlament y que será enviado, después del 9N, a la ONU, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE.
La CUP ha declinado participar en el acto, aduciendo que la prioridad a día de hoy sigue siendo la consulta alternativa del 9N. Eso sí, ayer anunciaron que firmarán la carta el domingo, cuando esta esté a disposición de ayuntamientos y ciudadanos, que podrán firmar el documento en el mismo momento en que participan en la consulta.
La iniciativa nace de la demanda de ICV-EUiA de trasladar una protesta contra la actitud del Gobierno español a instancias internacionales y ha sido consensuada con el resto de partidos soberanistas y con entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis de Catalunya (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).
El documento, que será entregado a instancias internacionales pasado el 9N, recuerda que «las instituciones catalanas han utilizado todas las vías legales para poder celebrar un referéndum», lo que ha servido para constatar «la falta de voluntad política por parte del Gobierno español». Por ello piden a la ONU, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo de Europa y a la OSCE que «lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir, democráticamente, su futuro político».