«Quemada»

La única legislatura de Yolanda Barcina ha sido explosiva en Nafarroa. Los escándalos golpearon uno tras otro a la autoproclamada «rompeolas frente al nacionalismo». Muchos piensan que, en el fondo, la presidenta solo sufrió los daños colaterales del regalo envenenado de Miguel Sanz. De hecho, cuando Alberto Catalán intentó derrocarla en IX Congreso de UPN, los barcinistas la defendían como la «limpia» frente al clan corellano y sus cómplices en el PSN-UGT (Roberto Jiménez, Miguel Ángel Ancízar y José Antonio Asiáin).

Esta lectura es, cuando menos, excesivamente benévola. Barcina ha esquivado los escándalos de corrupción como una anguila desde que ejerciera como madrina en el bautizo de una de las hijas de Ignacio Galipienzo, aquel alcalde corrupto de Eguesibar que le encargó a su exmarido una casa de cultura subterránea que, al final, terminó siendo un ingreso en la cuenta del despacho Capilla y Vallejo. Por no hablar de los siete trasteros sin licencia en su ya famoso ático.

La vida política de Barcina pasa por enlazar un escándalo tras otro. La aparición de su ex exhibiendo una mansión de dos millones de euros en televisión volvió a encender las alarmas. No se sabe si al final la casa se vendió o no. Lo cierto es que si Barcina recibió algún dinero, no queda reflejo de él en su declaración de bienes. Y si aún posee parte de la casa, tampoco lo reconoce.

La CAN, el gran escándalo

Pero todo se queda pequeño si lo comparamos con el escándalo de Caja Navarra y las dietas. La denuncia de Kontuz contra Yolanda Barcina por cobrar 89 euros por minuto de reunión en un órgano fantasmagórico que solo parecían conocer sus miembros y los pagadores le llevó a las puertas del Supremo. Tras interrogar a Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda, la juez María Paz Benito elaboró una exposición motivada pidiendo al Supremo que la imputara (solo ese tribunal podía hacerlo, debido a su aforamiento) para seguir con las investigaciones.

Ocurrió en junio del año pasado y parecía que a Barcina solo le quedaba un soplido. Tan mal pintaban las cosas que la presidenta optó pasar por el bochorno de elegir al abogado que había defendido a Jesús Gil, Silvio Berlusconi y el cerebro de la «Malaya» para ver si la salvaba. Al final se libró gracias a un arrebato de «magnanimidad» del Supremo, que realmente duró una semana. El 18 de julio archivó la causa a Pepiño Blanco; el 23, absolvió a Jaume Matas; y el 24, decidió no imputar a Barcina.

El argumento del tribunal fue que Barcina no cobró como presidenta, sino como directiva de Caja Navarra. Un tecnicismo que funcionó desde el punto de vista penal, pero que no resultó muy satisfactorio para la ciudadanía. Las dietas que cobró Barcina de dos en dos (bajo manga en la Permanente) y las que eran de tres en tres en la Junta de Entidades Fundadoras fueron devueltas. Pese a ese gesto que Miguel Sanz no tuvo, la gente aún recordaba que Barcina decidió que renunciaría a esas dietas pero que, a cambio, se subiría el salario un 33%. Por no hablar del asunto de los relojes que le regalaron a ella y a Roberto Jiménez o el más prosaico aguinaldo de 3.000 euros cuando terminaban los mandatos en la Comisión de Control.

Por cierto, si se repasan las actas de doce años de esa comisión, la mayoría presididos por la exalcaldesa de Iruñea, no encontraremos ninguna intervención suya. Eso sí, cobró «por imperativo legal». Al hilo de las actas, hay que recordar que las de la Permanente se elaboraron tiempo después de que se celebraran y que una se modificó con la denuncia ya interpuesta. Tampoco conviene olvidar que Barcina cobraba dieta de Hiscan, una sociedad que dejó un agujero en la caja de 203 millones en un solo año. De récord.

Y eso sin hablar de Navarra Building, esa sociedad que compró oficinas de CAN surgidas durante el desguace de la entidad. Barcina es socia, junto con su madre. El asunto llegó a manos de Fiscalía, que le dio carpetazo. Luego se supo que el Banco de España reprendió a CAN porque el negocio era demasiado beneficios para los accionistas.

Barcina también pecó de pesetera cuando, en el interregno entre alcaldesa y presidenta, reclamó su plaza en la Universidad Publica para cobrar durante 19 días sin pegar un palo al agua.

Ante semejante bagaje, no resulta extraño que la ciudadanía esté quemada.