Voces distintas se integran en Donostia para una paz «con justicia social y estable» en Colombia
La Casa de la Paz de Aiete aunó ayer diferentes formas de encarar el conflicto colombiano y, sobre todo, el proceso de resolución. Enfoques distintos que convergen en una sola idea: la oportunidad histórica que vive Colombia.
En la presentación del Encuentro Internacional de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia celebrado ayer en el Palacio de Aiete de Donostia, el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, destacó la importancia de generar espacios «inclusivos» en los que se puedan escuchar «diferentes relatos y vivencias de un un mismo acontecimiento». Y es exactamente lo que ocurrió.
«Hace tres años en este mismo lugar celebramos una conferencia internacional que abrió las puertas de la paz en nuestro país. Esta antigua residencia de Franco se convierte día a día en referente de la paz y hoy lo hace un poco más. Me alegro de que estéis quienes estáis hoy aquí, de manera inclusiva, un concepto fundamental», dijo Izagirre. Bajo esa premisa, Martha Cecilia Maya, asesora de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y miembro del equipo negociador del Gobierno en La Habana Sergio Jaramillo; la exsenadora y portavoz de Colombianos y Colombianas por la Paz Piedad Córdoba; y el analista Oscar Guardiola ofrecieron diferentes puntos de vista sobre las conversaciones y los retos que van superando, más allá de la suspensión temporal de los diálogos que ha marcado estos días.
El Acuerdo, una hoja de ruta
En representación del Gobierno colombiano, Maya describió la forma en la que se diseñaron las conversaciones, partiendo del hecho de que el Acuerdo de agosto de 2012 que define la agenda de seis puntos es tan solo «una hoja de ruta» porque «el verdadero proceso de paz comenzará en la tercera fase, tras la terminación formal del conflicto. En La Habana simplemente se está poniendo fin al conflicto. El acuerdo sentará la base para entrar a la fase verdadera de transición».
Uno de sus pilares es territorial. «Debemos recuperar los territorios de manera diferenciada y revertir los efectos del conflicto en cada lugar, impulsando cambios radicales».
«Este enfoque territorial es nuevo, nunca antes se había abordado en procesos anteriores. Uno de los desafíos que tenemos es dar a conocer los efectos tan duros del conflicto en las regiones, los cuales hemos invisibilizado por mucho tiempo, y superar la enorme brecha enorme que existe entre las ciudades y el campo».
Elogió igualmente «la ampliación de la participación». En este punto, reconoció que al Gobierno no le ha resultado fácil acertar en la metodología para incorporar a la ciudadanía a las conversaciones entendidas como «confidenciales», pero remarcó que se han dado pasos como las 8.000 propuestas ciudadanas que han recibido las partes en la mesa de conversaciones y los foros desarrollados en Colombia.
En el plano de la justicia y las víctimas, calificó como «logro histórico» el decálogo aprobado por las FARC y el Gobierno, que incluye el reconocimiento de las responsabilidades y certifica que el objetivo «no es un intercambio de impunidades». Y defendió la estrategia del presidente, Juan Manuel Santos, de dialogar en medio de la confrontación armada, aunque también planteó la posibilidad de «desescalar» el conflicto.
Desescalar el conflicto
Esa fue una de las principales reivindicaciones de Piedad Córdoba, que reclamó un cese bilateral de las hostilidades y una mayor participación de la ciudadanía, porque «el proceso no se puede construir desde arriba a abajo. No es un tema de las élites. La paz va más allá de la mesa». Criticó la falta de pedagogía por la paz de Santos, que «no ha sabido enamorar a los colombianos y trasladarles el mensaje de la importancia de estos diálogos y de lo que está en juego».
Recordó el genocidio de la Unión Patriótica y los casi 70 miembros de Marcha Patriótica que han matado hasta la fecha. Para que en Colombia haya verdaderamente garantías políticas, exigió que se ponga en marcha el Estatuto de la Oposición -que se incluye en el segundo acuerdo parcial entre las FARC y el Gobierno- y la restitución del «delito político, que nunca se debió de eliminar».
Córdoba abogó por un proceso constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana porque «la fórmula del referéndum no sirve» y pidió diseñar entre todos los sectores un «nuevo pacto social». «El Estado de Derecho lo tenemos que construir nosotros; nosotros debemos crear las instituciones para la paz, no puede venir la Corte Penal Internacional a decirnos que tenemos que mandar a la cárcel a unos cuantos guerrilleros. Eso sería un craso error y debemos abrir ya ese debate», enfatizó.
Paz positiva vs. paz negativa
Oscar Guardiola, colaborador del Instituto Birlbeck de Humanidades y asistente del decano de la Escuela de Derecho de Birkbech, diferenció entre «una paz positiva con justicia social y otra negativa, que ha dominado gran parte de la agenda». «El gran reto es que Colombia dé ejemplo de liderazgo al resto del mundo». El Estado debe aprender a «educarse, comunicarse y a hablar con los otros. Es simple, nos debe escuchar de verdad porque hay una enorme fertilididad de organizaciones».
«Deben de dejar de gobernar los mismos apellidos de siempre. Nosotros podemos hacer la paz pese al espectáculo que quieren hacer los políticos», añadió. Y lamentó «la enorme falta de confianza de los colombianos; es un problema del sistema político en conjunto y debemos generar un liderazgo nuevo que al colombiano de a pie le dé la convicción de que lo que está sucediendo es lo más decisivo que le puede pasar y al resto de generaciones».
El saludo de las FARC y del ELN apuesta por el cese de las hostilidades
Una vez finalizada la mesa redonda en la Casa de la Paz, se dio a conocer un mensaje de la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana, en el que saluda a Lokarri y Mundubat como entidades organizadores de este encuentro y agradece este tipo de iniciativas encaminas a fortalecer el proceso de diálogo con el Gobierno colombiano. En un video de 17 minutos, el delegado de la guerrilla Ricardo Téllez urge a «lograr un rumbo de irreversibilidad y de verdadero compromiso hacia la conquista del acuerdo final» e insta a acordar un cese de las hostilidades para «evitar nuevas víctimas».
Afirma que ya han comenzado a abordar «asuntos que apuntan a tomar medidas que den paso al cese de fuegos y de las hostilidades» y añade que «estamos observando caminos que conduzcan a la dejación de las armas, lo que para nosotros significa la no utilización en política. Todo esto dentro unos compromisos bilaterales que impliquen también la desmilitarización de la sociedad y del Estado». Adelanta la posibilidad de lograr un «pronto armisticio» que «permita generar un mejor ambiente para la conclusión de los acuerdos y su implementación dentro de un escenario en el que queda deshechado cualquier planteamiento gubernamental de sometimiento».
Remarca que el tratado de paz deberá «reconocer el derecho a la rebelión como derecho universal puesto en práctica por la insurgencia» y en este sentido reclama el restablecimiento del «delito político».
Sobre estos dos años de diálogos, la guerrilla destaca que tanto los tres acuerdos parciales como gran parte de las 28 salvedades planteadas por las FARC «no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales vigentes. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer un descomunal esfuerzo para hacer realidad estas aspiraciones».
Advierte que «por más intentos de restitución, formalización y distribución de tierras que se hagan, en una reforma rural integral como la que pretende el primer acuerdo parcial será imposible si no se resuelven el grave problema del latifundio, que sigue latente, o los conflictos sobre el uso de tierras».
En cuanto al acuerdo sobre las garantías políticas, incide en que «la expansión de la democracia no será cierta si se impide el acceso a las minorías a instancias de representación, ni si se mantienen la doctrina de seguridad y la concepción del enemigo interno, el paramilitarismo, las leyes liberticidas de seguridad ciudadana o la pretensión de aprobar un fuero militar de impunidad».
Téllez celebra que «el tercer acuerdo concibe una nueva política de drogas de uso ilícito fundamentado en el carácter social del problema, desmilitarizándolo y restándole el acento prohibicionista y punitivo respecto a campesinos y consumidores, que en realidad son víctimas y el eslabón más débil».
El ELN también se sumó a este saludo, exigiendo un urgente «cese del fuego y de las hostilidades, que se garanticen los derechos de los luchadores sociales que siguen siendo asesinados, perseguidos y judicializados y que se cuente con la participación de la sociedad en el proceso y en la vida del país». A. L.