La muerte de un hincha del Deportivo a manos de miembros del Frente Atlético ha sido respondida por el Gobierno español con una serie de medidas excepcionales centradas en lo que denomina «simbología» y «violencia verbal».

El número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, dijo ayer en el Congreso que en quince días se definirá un protocolo para las FSE que dará paso a sanciones tanto a clubes como a aficionados. Y de hecho, en paralelo la Liga de Fútbol Profesional (LFP) comunicó que envía a la Comisión Antiviolencia informes de cinco partidos de Primera de esta jornada, los jugados en el Bernabéu, Camp Nou, Vallecas, Granada y A Coruña (San Mamés e Ipurua se libran), por gritos como ``Messi subnormal'', ``Negredo maricón'', ``Atleti mierda'' o ``Puta Catalunya''.

Esta reacción oficial desencadenó titulares como este: ``Insultar en los campos ya no saldrá gratis''. Pero todo esto es muy matizable. Para empezar, la excepcionalidad en las sanciones ya era tónica general en Euskal Herria, especialmente en Iruñea, hasta el punto de que dos presidentes de Osasuna (Javier Miranda en 2002 y Miguel Archanco el pasado año) tuvieron que encararse con la Policía para defender a sus aficionados. En El Sadar estos últimos años se han impuesto multas de 3.000 euros por llevar una banderola por los derechos de los presos o un arrano beltza.

Más escandaloso aún resultó lo ocurrido en un Racing-Osasuna en Santander en 2009. La llamada Comisión Antiviolencia propuso una multa de 506.000 euros para 57 miembros de Indar Gorri acusados de haber lanzado gritos en favor de ETA y en contra de España en la tribuna del estadio de El Sardinero, donde además fueron aporreados por la Policía. Se da la circunstancia añadida de que ni siquiera fueron identificados en el momento, sino en el autobús en que regresaban. Finalmente, en un tribunal contencioso-administrativo de Iruñea el caso quedó en una sanción más moderada pero igualmente grave: 4.500 euros para cinco jóvenes a los que se condenó por «incitar a la violencia» al declararse probado que habían cantado ``Puta España, puta Santander'' y ``Esa bandera [la española] la vamos a quemar''.

Antiviolencia también impulsó una condena aleccionadora contra la Peña Mujika de la Real Sociedad. Propuso 10.000 euros de multa para 39 seguidores denunciados en un partido en Getafe, a los que se pretendía además negar la entrada a los estadios durante dos años. Los peñistas replicaron que en realidad fueron ellos los atacados por cerca de 50 encapuchados, tras lo que sí hubo rifirrafes con la Policía. Curiosamente, la propuesta de sanción no alcanzaba a ningún seguidor local.

Un aficionado del Alavés fue igualmente multado por 3.500 euros acusado de insultar a hinchas del Logroñés en un partido jugado en la capital riojana.

La UEFA y el Bernabéu

En el resto del Estado apenas ha existido este tipo de sanciones, y cuando han llegado ha sido desde instancias europeas. Así, en mayo la UEFA impuso la clausura de dos sectores del Bernabéu para un partido de la Champions por la exhibición de una bandera nazi en el Real Madrid-Bayern de Munich de las semifinales de la pasada edición, y le amenazó con el cierre total del estadio en caso de reincidencia. El club blanco se resistió a la sanción, primero cuestionando la existencia de la bandera (la UEFA le respondió enviándole dos capturas de imagen) y luego con alegaciones que fueron rechazadas.

No hubo medidas contra los hinchas que pusieron la esvástica, aunque el Real Madrid dijo en el primer momento que los trataría de identificar. Tampoco para los responsables de esas zonas. Y parece muy probable que acaben igualmente sin consecuencias las medidas anunciadas a bombo y platillo estos días por Real Madrid y Atlético contra sus hinchadas radicales.

Así, el Real Madrid ha afirmado que tiene identificados y expulsará a diecisiete aficionados por proferir insultos contra Leo Messi y el Barcelona. Y el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, asegura que «expulsaremos al Frente Atlético». Sin embargo, uno y otro club han matizado posteriormente que ven difícil o imposible hacerlo si se trata de personas socias, que ya han adquirido y pagado su abono para toda la temporada.

Estas medidas, además, fueron improvisadas tras quedar bajo sospecha ambos clubes. En el caso del Madrid, el presidente de la LFP, Javier Tebas, había anticipado ya una petición de sanción por los cánticos del sábado. Y el Atlético, y sobre todo Gil Marín, estaban siendo fuertemente criticados tras afirmar al principio que «yo no soy quien para disolver el Frente Atlético».