Constitución catalana
El pasado sábado se presentó en Barcelona el proyecto «Una Nova Constitució», una propuesta de Carta Magna elaborada por un equipo de nueve juristas que tiene al mediático juez Santiago Vidal como portavoz. La ausencia de ejército, las mayorías absolutas prohibidas y las listas electorales abiertas, entre los aspectos más llamativos de una propuesta abierta ahora a las enmiendas de la ciudadanía.
Desde el independentismo catalán, tanto de izquierdas como de derechas, siempre se ha repetido como un mantra que la independencia no es el objetivo final de los catalanes, sino el medio para construir un país mejor. La máxima, sin embargo, ha sido olvidada en los últimos meses, en los que el debate partidista (sobre todo entre CiU y ERC) ha minado la moral de las bases soberanistas. Es en este sentido que el proyecto de Constitución presentado el pasado sábado por el juez Santiago Vidal en Barcelona se presenta como una posibilidad para poder debatir sobre la forma de Estado a la que se aspira.
La propuesta está elaborada por un grupo de juristas y desde el pasado sábado está abierta a las enmiendas de la ciudadanía, que en apenas dos días ha realizado ya más de 500 aportaciones, algunas de las cuales se refieren a los aspectos más novedosos de una propuesta de Constitución que trata de ignorar el legado constitucional español y se fija sobre todo en las Cartas Magnas de países como Noruega, Suecia, Islandia y Suiza.
Destaca, por vistosa, la idea de una Catalunya sin Ejército. Así, según el artículo 85, el nuevo Estado sería «territorio libre de ejército y fuerzas armadas, a excepción de la policia propia (Mossos d'Esquadra) encargada de la seguridad pública». En este sentido, el texto añade que «los valores supremos que el Estado republicano quiere transmitir al resto de pueblos del mundo son la justicia social, la cultura, la paz», entre otros.
También sorprenden algunos aspectos del sistema político propuesto, como es la prohibición, por ley, de las mayorías absolutas, con el objetivo de que el partido en el Gobierno siempre tenga que pactar con alguien la agenda legislativa. También resulta novedosa la propuesta de listas electorales abiertas contemplada en el artículo 41, según el cual «los electores podrán votar indistintamente cualquiera de los candidatos hasta el número máximo predeterminado por la ley». Es decir, uno no votará a un solo partido, sino a los candidatos que mejor considere, sean del mismo partido o de formaciones diferentes.
Uno de los aspectos más polémicos, en clave catalana interna, es la de la lengua, que sigue provocando arduos debates entre los defensores y los detractores de la cooficialidad del castellano. En este sentido, la propuesta del equipo de Vidal se decanta por el catalán como única lengua oficial, pero con el castellano en régimen de cooficialidad. «Dada la composición demográfica y social actual de Catalunya, y con la explícita voluntad de velar por la mejor convivencia entre todos los catalanes, sea cual sea su origen, el castellano disfruta del estatuto de lengua cooficial, y podrá ser empleado oralmente y por escrito por todos aquellos ciudadanos que así lo deseean», se lee en el artículo 4, que es el que a día de hoy más enmiendas ciudadanas ha recibido.
Un juez perseguido
La elaboración de este proyecto de Constitución, en la cual el equipo de juristas lleva enfrascado un año entero, amenaza con comportar graves consecuencias para el juez Vidal, sobre quien pende un expediente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le acusa de traicionar su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución española.
Pese al apoyo recibido dentro y fuera de Catalunya (la Asociación de Jueces por la Democracia ha pedido el archivo del expediente), la maquinaria del Estado avanza hacia una fuerte sanción disciplinaria. De hecho, el mismo viernes la Fiscalía reclamó la suspensión inmediata de Vidal de su puesto al frente de la sala penal número 5 de la Audiencia Provincial Española. La última palabra, sin embargo, la tiene el CGPJ, que en las próximas semanas decidirá entre tres posibles sanciones: la suspensión de empleo y sueldo durante tres años, el traslado forzoso fuera de Catalunya o la expulsión definitiva de la carrera judicial.