Amaiur y Sortu creen que la sentencia evidencia la actitud de Madrid ante la tortura

Amaiur y Sortu han remitido sendas notas en relación a la sentencia europea que condena al Estado español por no investigar la denuncia de torturas presentada por Patxi Arratibel.

Tras hacerse pública la sentencia, Amaiur ha solicitado la derogación del régimen de incomunicación «porque supone un evidente riesgo para la conculcación de los derechos fundamentales de las personas detenidas».

El diputado Jon Iñarritu ha presentado 20 preguntas sobre el examen del que fue objeto la semana pasada el Estado español por parte del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, organismo encargado de verificar el grado de cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Entre otras cuestiones, Iñarritu desea saber «cuál es la razón por la que el Gobierno no aportó los datos solicitados por el CAT» y si «tomar alguna decisión ante la valoración del CAT de que la tipificación del delito de tortura no cumple con las exigencias de la Convención».

Por su parte, Sortu ha indicado que «esta sentencia condenatoria deja en evidencia la actitud connivente que el Estado español ha mantenido hacia la tortura. La tortura no es un exceso policial sino una herramienta cruel y despreciable que el Estado ha utilizado para el control social y político».

La formación abertzale ha abogado por una «comisión de la verdad» como «antídoto para que nadie vuelva a pasar jamás por el calvario de la tortura». También ha instado al Estado español a «asumir la responsabilidad de esa práctica deleznable» y tomar medidas como el fin de «los juicios y sumarios políticos basados en autoinculpaciones obtenidas bajo tortura, como es el caso del que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional de Madrid esta semana contra varios jóvenes de Iruñea».