INDEPENDENCIA EN SIETE PASOS Y UN PLAN SOCIAL DE PROPINA
El ambicioso acuerdo sellado por CDC y ERC con el visto bueno de las entidades soberanistas incluye la hoja de ruta para proclamar la independencia, así como un programa social que el Govern de concentración tendrá que aplicar mientras dura el proceso.
Si en las elecciones catalanas del próximo 27 de setiembre la candidatura Junts pel Sí formada por CDC, ERC y personalidades de las entidades soberanistas consigue la mayoría, sus diputados formarán un único grupo parlamentario conjunto que dará apoyo a un gobierno de concentración nacional que tendrá el mandato de «poner en marcha aquellas medidas imprescindibles para la constitución del nuevo Estado y afrontar las prioridades sociales».
Así consta en la letra del acuerdo presentado el lunes en Barcelona, del que ayer se conocieron algunos nuevos detalles, aunque aún queda mucho por concretar. Recogiendo el testigo de la hoja de ruta acordada por ambos partidos y las entidades soberanistas en marzo, el documento hecho público ayer detalla siete pasos para conseguir la independencia, de los cuales el primero será aprobar en el Parlament «una declaración solemne en la que se proclamará que, en virtud del mandato recibido de la ciudadanía, se inicia el proceso de independencia». Una declaración que se entregará a las autoridades españolas, europeas e internacionales.
Inmediatamente después se dará el segundo paso en dos frentes. Por un lado se iniciará la primera fase del proceso de elaboración de una nueva constitución («fase gestionada por la sociedad civil y todavía no regulada jurídicamente»). Por otro, el Govern se centrará en «la puesta en funcionamiento de las estructuras del nuevo estado».
Culminada esta fase llegará la hora de la verdad. El tercer paso será proclamar la independencia y el cuarto, aprobar la Ley de transitoriedad jurídica que permita hacer efectiva dicha proclamación. Este es, ciertamente, el punto clave, ya que debe convertirse en la norma que permita ir sustituyendo, conforme se vaya aprobando, la legalidad española vigente por la nueva legalidad catalana. Establecido de esta manera el marco jurídico arrancará la segunda fase de la elaboración de la constitución, que pasará por «regular la fase parlamentaria y refrendaria del proceso», así como «el encaje de la participación ciudadana». Ese será el quinto paso, tras el cual llegará «la convocatoria de unas elecciones parlamentarias constituyentes en un periodo máximo de 18 meses». Como séptimo y último paso, «el proceso de creación del nuevo Estado independiente culminará con la aprobación de la Constitución por referéndum». Es decir, si todo fuese bien tras el 27S, los catalanes aún tendrían que pasar dos veces por las urnas para ratificar la independencia. No será, por lo tanto, por falta de garantías democráticas.
Pese a la suspensión del autogobierno
El acuerdo incluye además una cláusula para garantizar que, aunque el Estado español bloquee el autogobierno, «el Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de transitoriedad jurídica». Toda una respuesta anticipada al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ayer aseguró estar «preparado para actuar» en caso de proclamación de la independencia.
Por último, conscientes de que la política social será el principal frente de batalla de la candidatura de Podemos e ICV-EUiA, el acuerdo independentista incluye el compromiso de elaborar «un programa electoral y un plan de gobierno que tengan como ejes principales la justicia social, la igualdad de oportunidades, la creación de ocupación y el desarrollo económico». De hecho, a «título enunciativo», el texto divulgado ayer ya incluye 12 medidas en esa dirección.