La renta garantizada buscará reducir la pobreza infantil

El proyecto de ley de reforma de la renta garantizada tiene como una de sus prioridades reducir la pobreza infantil. Así lo ha comentado el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Nafarroa, Miguel Laparra, quien ha asegurado que la nueva renta situará a Nafrroa a nivel destacado en Europa.

La reforma de la renta garantizada «tendría que situar a Navarra a un nivel destacado, no solo a nivel del Estado sino europeo, de una red de garantías y recursos adecuados para todos y al derecho a la inserción social», que es una «apuesta notable» de la ley en la que trabaja el Ejecutivo.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de Derechos Sociales en la jornada del Observatorio de la Realidad Social que se celebra en Iruñea bajo el título ‘Nuevas rentas mínimas: la Renta Garantizada de Navarra en el contexto autonómico’.

El Gobierno de Nafarroa aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley, que tras los oportunos informes, llegará al Parlamento, donde de partida cuenta con apoyo suficiente para salir adelante, si bien el vicepresidente ha mostrado su deseo de que alcance el máximo consenso político.

La reforma, que pretende ser «de calado, sólida y con vocación de permanencia en el futuro», es pionera en aspectos como la cobertura para familias con menores y en relación con los mecanismos que se ponen en marcha para la inserción laboral, según Laparra, quien ha citado dentro de estos los incentivos para el empleo.

Según ha explicado, el proyecto de ley se plantea como prioridades la reducción de la pobreza infantil, con un tratamiento especial de hogares con menores, y la inserción en el mercado laboral, a la vista de que un alto porcentaje de desempleados llevan más de uno o dos años en el paro.

En relación con la inserción laboral ha remarcado que es una apuesta clara, que avanza hacia el reconocimiento del derecho al empleo e introduce el empleo también como una obligación. Al respecto ha comentado que se recoge la obligación de aceptar un empleo siempre que este sea adecuado y la persona esté en condiciones de trabajar.

Para materializarlo cuentan con una batería de recursos «significativa», con unos 4.000 empleos de inserción que se gestionan desde organismos públicos, pero «insuficiente», tras lo que ha afirmado que queda mucho por hacer, por lo que la ley debe entenderse no como un punto final, sino como un punto de partida que se debe desarrollar en toda la legislatura.

El vicepresidente ha puesto en valor el proceso participativo que se ha llevado a cabo en torno a este proyecto de ley, con estudios, sesiones de trabajo y exposición pública, en la que se han recogido sugerencias diversas, que van a «mejorar la calidad del proyecto».