La paz se abre paso en los Llanos del Yarí, en Colombia

Franco García lleva dos chaquiras coloradas. Una muestra el rostro del Che Guevara rodeado por corazones, la otra su nombre y el de su novia. Se conocieron combatiendo en las filas del Bloque Sur de las FARC-EP, donde el joven milita desde hace quince años.

A Franco lo encontramos en el campamento que los insurgentes han instalado en los Llanos del Yarí con motivo de la X Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC-EP. Desde el pasado sábado y hasta mañana, unos 250 delegados de la guerrilla analizan el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que el 26 de setiembre firmarán oficialmente con el Gobierno de Juan Manuel Santos en Cartagena de Indias, y cómo transformarse en un movimiento político.

Se trata de un campamento construido a las orillas de un arroyo que sirve de ducha y lavadero, en una explanada verde rodeada por la selva en el Departamento del Meta, a unas seis horas de carretera sin asfaltar desde San Vicente del Caguán. Una zona ganadera de llanos y atardeceres maravillosos, controlada por la guerrilla.

Mientras los delegados de las FARC debaten por primera vez en 52 años sobre la paz en vez de hacerlo únicamente sobre estrategias y frentes de guerra, Franco escucha música vallenato y descansa en su cambuche, una especie de caseta construida con palos y lonas, cubierta por una mosquitera. A su lado están colgados su fusil y la mochila donde lleva su hamaca, unas mudas de ropa, útiles para el aseo, comida y navajas.

«Entré a la guerrilla por la misma necesidad que impera en el país, sobre todo en el campo, donde el Estado no brinda garantías al campesino. Si de pronto tienes para desayunar, no tienes para almorzar», explica Franco, que tiene varios familiares en las FARC, tres de ellos muertos en combate.

«Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a movilizar, vamos a dar un paso más. Dejamos la situación de las armas para seguir el proceso en política. Dejar el arma es más duro para uno, porque es la fiel compañera de uno, es la que le defiende la vida. Tengo como un dolor en el alma», afirma.

Franco confía plenamente en los comandantes de las FARC que negociaron los acuerdos de paz en La Habana. El Acuerdo Final, de 297 páginas, deberá ser refrendado por los colombianos en el plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre.

El capítulo de Víctimas incluye la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo objetivo máximo es satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición a través de penas alternativas y de carácter restaurativo.

Además, el Gobierno se comprometió a impulsar reformas constitucionales y un amplio programa de desarrollo rural integral que prevé la titulación de siete millones de hectáreas de tierras que ya son cultivadas por campesinos, y la distribución de diez millones de hectáreas de tierra a agricultores que no la tienen.

Esperanzas y dudas

«Los acuerdos no resuelven los problemas estructurales que causaron la guerra pero en algunos temas, por ejemplo el relacionado con la desigualdad en la tenencia de la tierra, va mucho más allá que acuerdos pasados», asegura en entrevista Arlene Tickner, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá.

«No se trata de una reforma agraria, que es un término que espanta a las élites rurales colombianas, pero sí contempla una redistribución que si se puede implementar atenderá algunos de los problemas del campo que originaron el conflicto. Pero hay que tener en consideración que el 75% de la población colombiana es urbana, y atender únicamente el problema de la tierra no va a resolver los problemas de desigualdad que están a la base del conflicto armado en un país que está entre los diez más desiguales del mundo», advierte.

Colombia se encamina rumbo a la paz con esperanzas y dudas. Con una fuerte incertidumbre causada por un plebiscito que podría invalidar cuatro años de negociaciones, con las inquietudes sobre la capacidad de las partes de respetar los acuerdos firmados, y con problemas de presupuesto para implementarlos. Con la presencia de otros grupos armados en su territorio –como el ELN y las Bandas Criminales (BaCrim)–. Y con generaciones a las que les cuesta imaginar la paz, porque solamente han conocido la guerra. «¿Cómo te imaginas la paz?», preguntamos a Franco. «(…) No sé cómo describirla», contesta después de un largo silencio.

El «no» de uribe a un «acuerdo de paz aceptable» frente a la opción de la guerra

A Maritza la secuestraron cuando tenía diez años, en los años 90. Estaba en el coche con su padre cerca de la ciudad de Medellín, cuando un vehículo los obligó a detenerse. Bajaron unos hombres armados y se los llevaron al monte. Maritza no sabe quiénes eran, pero está convencida de que eran guerrilleros de las FARC, pues era la organización que entonces controlaba la zona.

La niña pasó dos meses viviendo en un corral, durmiendo en el suelo. A veces la amarraban, otras veces la dejaban salir de su jaula. Cada tres días el campamento cambiaba de lugar, «sobre todo si había sobrevuelos de avionetas» y les tocaba caminar en los senderos que recorren el Departamento de Antioquia desde que el sol nacía hasta que se metía.

Maritza recuerda las ampollas en los pies, el arroz blanco que le tocaba como única comida, la preocupación en los ojos de su padre.

Hoy en día la joven no odia a sus carceleros, pues «no era culpa de ellos, solo cumplían órdenes; nunca me hicieron daño y cuando una habla con ellos se da cuenta de que son personas normales, con sus problemas como todos». Pero no ha perdonado a quienes ordenaron el secuestro. Responsabiliza de ello a la dirección de las FARC. En su opinión, el proceso de diálogo «ha sido muy permisivo» con la guerrilla.

«No estamos de acuerdo con que haya tantos recursos para reincorporarlos a la vida civil. El Gobierno les dará millones de pesos para desmovilizarse y para los proyectos productivos que presenten. Entonces los campesinos, que están enfrentando una fuerte crisis, dicen: ¿Cómo es que a ellos les dan todo esto y a nosotros nada?», sostiene Ernesto Masillas Tobar, senador del Centro Democrático, partido de ultraderecha que está promoviendo el «no» en el plebiscito del 2 de octubre. Sin embargo, de acuerdo a muchos analistas, el Gobierno no les está prometiendo a las FARC más que a otros grupos con quienes anteriores ejecutivos alcanzaron acuerdos parecidos en el pasado.

El partido liderado por el ahora senador y expresidente Álvaro Uribe defiende que, al implementarse los acuerdos de paz, el movimiento o partido que surja del tránsito de las FARC a la política podría ganar las elecciones convirtiendo a Colombia en un país «castro-chavista» gobernado por «terroristas» y critica que el Gobierno de Santos no ha previsto cómo financiar el posconflicto.

Otro de los recurrentes argumentos de Uribe y del Centro Democrático contra el Acuerdo Final es el de la supuesta impunidad. «Es cierto que no va a haber cárcel, pues una de las condiciones de las FARC para sentarse en la mesa fue ‘nada de cárcel’. Pero esto no significa impunidad, ni que no vaya a haber reclusión u otro tipo de penas, como la restricción de la libertad de movimiento o acciones de reparación. Esto es lo que se denomina justicia restaurativa, que no equivale a impunidad», resalta Arlene Tickner, de la Universidad del Rosario.

De acuerdo a las encuestas, en el plebiscito del 2 de octubre la mayoría de la población colombiana votará para que se implementen los acuerdos de paz pactados por el Gobierno y las FARC en La Habana. Sin embargo, parece unánime el reconocimiento de las dificultades del posconflicto.

«Yo creo que un acuerdo de paz aceptable –todos tienen problemas, pues todos implican concesiones por ambas partes– es mil veces preferible a continuar con la guerra, pese a que no necesariamente vaya a garantizar una paz genuina», concluye Tickner. «Entre tener gente matándose y no tenerla, evidentemente una prefiere lo segundo», subraya.O. BELLANI