De Oslo 2012 a Cartagena 2016, el «sí se pudo» se hace realidad

«Sí se pudo», gritaron al unísono los más de 2.500 invitados que asistieron a la firma del acuerdo de La Habana, un compendio de compromisos para transformar una Colombia marcada por la violencia y la desigualdad. Los retos que aguardan son tan grandes como la ilusión que ha generado este pacto.

Hace cuatro años, la instalación de la mesa de negociaciones en Oslo abrió una puerta a la esperanza y al diálogo en Colombia y también en la comunidad internacional. En los salones del hotel Hurdal, rodeado de un hermoso lago a hora y media de la capital noruega, exiliados colombianos así como periodistas de ambos lados del océano, comentaban sus temores e ilusiones ante la apertura pública del proceso de conversaciones.

Los discursos de los jefes negociadores de las FARC-EP, Iván Márquez, y del Gobierno, Humberto de la Calle, aquel 17 de octubre de 2012 pusieron sobre la mesa dos visiones frontalmente opuestas a la hora de concebir el modelo de Estado y la doctrina militar. Si una imagen pudiera resumir aquella primera puesta en escena conjunta, sería el rostro serio, adusto, del general retirado Jorge Enrique Mora frente a las palabras de Márquez, de quien le separaban varias sillas. Casi cuatro años después, esta vez en Cartagena, los equipos negociadores de ambas partes no ocultaban su emoción ni sus ojos llorosos. Con una bala de ametralladora convertida en bolígrafo, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez o Timochenko, sellaron con su firma el Acuerdo Final, «el mejor posible», que establece las bases mínimas para la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social.

Ambas partes reconocen que, como manda la lógica de toda negociación, tuvieron que hacer concesiones y renunciar a algunas de las «líneas rojas» como la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación en el caso de las FARC o la cárcel como forma de castigo, en el del Estado. En su discurso en Cartagena, Timoleón Jiménez, a quien Santos se refirió en todo momento por su nombre de pila, Rodrigo Londoño Echeverry, afirmó que «con la convicción de que Colombia se merecía un acuerdo mucho mejor, que quizás con un poco más de voluntad lo habríamos logrado, debo de reconocer que lo firmado constituye una luz de esperanza, un documento de descomunal trascendencia para el futuro de nuestros hijos». Santos hacia lo propio remarcando que «todo pacto de paz es imperfecto, porque se trata precisamente de un pacto, en el que las partes tienen que hacer concesiones. Pero, sabemos que éste que hemos logrado es el mejor posible». Y pese a haber sido enemigos a muerte, ambos se reconocieron mutuamente como interlocutores válidos.

Pasada la euforia de Cartagena, la atención plena está en el plebiscito de este domingo. Preguntado por su confianza en el «sí» en una entrevista con BBC Mundo, Santos asegura estar «muy confiado» en que los acuerdos serán refrendados.

A la pregunta de qué hará si el sentido del voto es contrario, destaca que «no piensa» en esa eventualidad. «Yo estoy pensando qué hacer apenas gane el ‘sí’, apenas se apruebe el plebiscito cómo es que vamos a iniciar la implementación, todas las leyes que hay que aprobar en el Congreso, los decretos que yo tengo que firmar, cómo ponemos al Estado como a un todo a trabajar coordinadamente para implementar los acuerdos».

En las últimos días, el poderoso lobby de las iglesias ultraconservadoras y reaccionarias que se extienden a lo largo y ancho de Colombia ha cobrado un peligroso protagonismo.

El video, convertido en un fenómeno viral, del jugador de la selección colombiana y del Alavés Daniel Torres, en el que censura los acuerdos de La Habana y llama a votar por el «no» porque «Jesucristo no está en el centro» del Gobierno de Santos y de las negociaciones, se podría tomar como una mera salida de tono si no fuera por la influencia que este tipo de expresiones y las iglesias ultraconservadoras tienen en la sociedad.

El exprocurador Alejandro Ordoñez, férreo opositor a los diálogos, sostiene que lo acordado es «contrario a la moral católica» por incluir un inédito enfoque de género y un reconocimiento expreso a la comunidad LGTB. «Las FARC y el Gobierno pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional», denunció Ordoñez, que en la década de los 70 lideró la quema de libros, entre ellos la obra de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”.

La Sociedad Colombiana Tradición y Acción ha distribuido en Cali, Bogotá y Medellín folletos por el «no», en cuyo punto tercero se dice que «las FARC y el Gobierno acuerdan promover la educación de género y con esto la inmoralidad en los colegios». El mismo día de la firma en Cartagena, el pastor Miguel Arrázola compartió tarima con el expresidente y senador Álvaro Uribe. En su prédica, el fundador de la iglesia Ríos de Vida, que reúne a 15.000 personas, defendió que el presidente «está entregando el país al diablo».

En el departamento de Antioquia está circulando un video en el que dos individuos profieren amenazas de muerte contra todo aquel que «se levante contra la palabra de Dios».

El Alto Comisionado para la Paz y negociador plenipotenciario del Gobierno, Sergio Jaramillo, ha llamado a los colombianos a participar masivamente en el plebiscito.

«Es la primera vez, desde el plebiscito de 1957, en el que el futuro del país está en las manos de cada uno de nosotros, de los negros, de los blancos, de los indígenas, de los mestizos, de todo el mundo. O aprovechamos la oportunidad de construir un futuro de paz con las dificultades que esta etapa va a tener o volvemos al pasado. Es, literalmente, una decisión de vida o muerte», remarca.

Los colegios electorales cerrarán a las 16.00 hora colombiana, mientras que los resultados se sabrán, previsiblemente, a las 19.00 (siete horas más en Euskal Herria). A partir de ese momento se abrirá para Colombia la etapa más difícil; la de la implementación de los acuerdos.

Una comisión de verificación integrada por tres representantes del Gobierno y otros tantos de las FARC –Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino– velarán junto a la ONU y Noruega, país garante, por el cumplimiento de lo pactado en las 297 páginas del Acuerdo Final.

Las FARC deberán ahora iniciar su proceso de dejación de las armas y su concentración en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y zonas campamentarias, periodo que se extenderá durante 180 días.

En las últimas horas han surgido diferencias en la interpretación del famoso día «D» que marca el inicio del desarme.

A través de su cuenta de Twitter, el negociador Santrich sostuvo ayer que el día «D» arranca «con la puesta en vigor de los acuerdos incluyendo la amnistía», que deberá ser tramitada vía express en el Congreso.

En el acuerdo sobre víctimas se establece que «a la finalización de las hostilidades, el Estado puede otorgar la amnistía más amplia posible» a las personas «acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos.

Sin embargo, para el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, el día «D» arrancó ayer, un día después de la firma. «Lo que debe ocurrir es de nuestro lado: la disposición de las tropas del Gobierno en forma que permita la movilización de las FARC hacia las zonas de normalización y proteja ese tránsito, eso debe ocurrir ya», dijo.

Ambos equipos negociadores se reunieron ayer para solventar estas y otras divergencias que puedan surgir en adelante en la interpretación de la letra pequeña de los acuerdos –por otra parte lógicas en una negociación tan compleja–.

Terminado el proceso de dejación de armas, la guerrilla deberá convocar el congreso fundacional de su movimiento o partido político. Si todo marcha según lo pactado, será en la primavera de 2017. «Que nadie dude de que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones», proclamó el lunes Timochenko.

En la apertura de la Décima Conferencia Nacional Guerrillera en los Llanos del Yarí, que ratificó unánimente las negociaciones de La Habana, abogó por ofrecer «un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios» y por vincular a «las grandes mayorías inconformes a la vida política activa». De esa capacidad de aglutinar voluntades dependerá en parte el éxito en términos electorales del nuevo partido. Y también de que se respeten las garantías de seguridad de los excombatientes.

«¿Será que podré ir a comprar el pan sin temor a que nos maten y después digan que fallecí en un atraco?», se preguntaba en febrero un miembro de la delegación de paz en una conversaciones informal con GARA.

La respuesta a esa pregunta será una de las claves de la etapa posacuerdo y de la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, política y económica.

Otro de los retos más inmediatos es el inicio de la fase pública de las conversaciones con el ELN. Los últimos pronunciamientos tanto de esta guerrilla como del presidente Santos apuntan a un pronto y esperado desbloqueo del proceso.