GuraSOS afirma que la incineradora «no se va a poder materializar»
GuraSoS ha señalado que la incineradora de Zubieta «no se va a poder materializar» porque «carece de viabilidad técnica, jurídica y económico-financiera» y por la falta de «confianza» de la ciudadanía. Afirma además que el pasado 27 de diciembre no se adjudicó la construcción de la planta, sino que se cumplimentó un trámite anterior.
Los representantes de GuraSOS Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta han presentado las conclusiones de un dossier sobre la incineradora y han informado de las últimas novedades judiciales sobre los distintos recursos presentados contra la planta proyectada para Zubieta.
Han explicado que aunque GuraSOS aún está pendiente de las resoluciones del TSJPV sobre la autorización medioambiental y un proceso participativo relativo a esta planta, hoy mismo este tribunal se ha dirigido en un auto al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia para advertirle de que le corresponde a él resolver sobre la petición de suspensión cautelar de la adjudicación de la incineradora.
A este respecto, los representantes de la plataforma han recordado que el pasado 27 de diciembre «no se produjo», como se pensaba, la adjudicación de esta infraestructura por parte del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), sino que se cumplimentó un trámite anterior, «denominado propuesta de clasificación de orden decreciente de ofertas de licitadores».
Nueva normativa
Según ha explicado, Belaustegi, una «pista muy importante» de por qué esto se hizo así es porque el 1 de enero entró en vigor una normativa, según la cual «el endeudamiento a largo plazo de los consorcios adscritos a la Diputación, como ese el caso de GHK, necesitan de la autorización de la institución foral».
«Es el caso de este contrato», ha dicho el portavoz de GuraSoS, quien ha avanzado que «mañana mismo» la plataforma va a solicitar a la Diputación que requiera a GHK para que «suspenda inmediatamente la continuación de la tramitación de la licitación, porque no cuenta con esta autorización».
«Es un trámite más, pero que va a requerir de la emisión de informes de fiscalización de la dirección de Presupuestos, y sobre todo un informe sobre el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera», ha dicho.
Belaustegi ha desvelado también que el contrato planteado «no corresponde al modelo de concesión», porque «exonera al contratista del riesgo operacional, resultando escandalósamente gravoso para las arcas públicas», de forma que «consolidará deuda a la Diputación con consecuencias sociales para todos los guipuzcoanos en reducción de gastos para consolidar la misma».
En su opinión, el contrato, cuyo coste «se desconoce, al igual que la certeza de su financiación», no cumple «con los principios esenciales de eficiencia y sostenibilidad en el gasto público y eficacia en la asignación de recursos públicos».
Derecho a la participación vulnerado
Ha insistido además que con la construcción de esta planta «se vulnera el derecho fundamental a la participación ciudadana, y la legislación ambiental sobre evaluación y revisión continua de los planes de residuos, impidiendo a la sociedad replantearse libre y democráticamente la opción de la incineración».
Ha concretado, que según las investigaciones realizadas por GuraSOS, la Administración ha «incumplido» el deber de evaluar el anterior Plan de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) y tramitar aprobar el nuevo.
Belaustegi ha considerado que, por estos motivos, la incineradora «responde a un mero impulso de voluntad política que prescinde de la ley y de los ciudadanos, lo que genera un grave déficit de credibilidad, imprescindible en una instalación peligrosa como esta».
«Las autoridades creen que pueden ganar la batalla jurídica, pero desde luego lo están haciendo a costa de perder la de la confianza ciudadana», ha concluido.