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El Parlamento de Gasteiz exige el cierre definitivo de Garoña y rechaza el almacén de residuos

El Parlamento de Gasteiz, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, ha reclamado al Gobierno español que cierre de forma definitiva y desmantele la central de Garoña, sobre cuya posible reapertura se pronunciará previsiblemente la próxima semana el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La Cámara se ha reafirmado en su rechazo a la apertura de un almacén de residuos en esas instalaciones.

Manifestación en Gasteiz contra la central de Garoña, en una imagen de archivo. (Jaizki FONTANEDA/ARGAZKI PRESS)

El pleno de la Cámara de Gasteiz ha aprobado una enmienda consensuada por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, formaciones que han reprochado al PP que se haya abstenido en la votación pese al «riesgo» que supondría el reinicio de la actividad nuclear de Garoña.

El Parlamento exige el cierre «definitivo» de la planta, que permanece inactiva desde 2012, pero cuya reapertura ha sido solicitada por sus propietarias (Endesa e Iberdrola).

El CSN tiene previsto pronunciarse la próxima semana sobre el posible reinicio de la actividad de la planta. No obstante, la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña depende directamente del Gobierno español.

Además, la Cámara ha reafirmado su rechazo a la apertura de un almacén nuclear en las instalaciones de la central.

El Parlamento ha instado al Gobierno español y a Nuclenor (sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola y que tiene la propiedad de Garoña) a que inicien «de inmediato» los trámites necesarios para el desmantelamiento de la central.

«Despolitizar» el CSN

Asimismo, han reclamado al gabinete de Mariano Rajoy que adopte las medidas oportunas para «despolitizar» el CSN y que destituya al presidente de dicho organismo, Fernando Martí Scharfhausen. Por otra parte, la Cámara ha pedido al Ejecutivo de Lakua que inste a sus dos miembros en el Comité Asesor del CSN a defender el criterio de que la planta debe ser clausurada.

La resolución también establece que se solicitará a los servicios jurídicos del Parlamento que, en el caso de que el Gobierno español decida la reapertura de las instalaciones, estudien las posibilidades de acudir «a cuantas instancias judiciales sean precisas» para impedirlo. También solicita que estos servicios jurídicos realicen un informe que analice las posibilidades jurídico-administrativas para reclamar el cierre definitivo de Garoña.

Alternativas

Por otra parte, el Legislativo autonómico se compromete a adoptar medidas para garantizar que la energía eléctrica suministrada a las dependencias de la Cámara «tienda» a la sustitución de sus fuentes nucleares o fósiles por las de origen renovable.

Con ese objetivo, se insta a los servicios jurídicos del Legislativo a que elaboren un informe sobre la «viabilidad» de esta propuesta y los plazos en los que sería posible llevarla a cabo. También se pide al Gobierno de Lakua a realizar un estudio similar.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo, que había presentado la propuesta original en torno a este tema, ha acusado al PP de tratar de «esconderse» detrás de argumentos «técnicos» para no verse perjudicado por su «decisión política» de reabrir Garoña.

Además, ha reprochado a ese partido que tan solo hayan apoyado iniciativas en favor del cierre de la planta cuando estaban «en juego» sus intereses electorales.

Por parte del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero ha alertado sobre el «peligro grandísimo» que supondría el reinicio de la actividad de Garoña, y ha preguntado al PP si quiere para Araba una situación similar a la que se produjo en las catástrofes nucleares de Chernobil o Fukushima.

«Títere del PP»

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que el CSN es un mero «títere» del Gobierno del PP, y ha lamentado que los principales partidos políticos y administraciones públicas sean «cautivos del oligopolio» de las grandes empresas eléctricas.

José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, ha denunciado que los técnicos del CSN están «amordazados» por la «politización» de los responsables de ese organismo, y ha asegurado que no será el gabinete de Mariano Rajoy el que cierre Garoña porque están en juego «intereses empresariales».

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha asegurado que su grupo se ha abstenido en la votación porque este es un debate «reiterativo» y porque, según ha dicho, «no hay novedades» en torno a la situación de la central.