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Rechazado el recurso de FCC contra la adjudicación de la incineradora a Urbaser

El Diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, asegura que esta resolución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales (TAFRC) «da vía libre a la firma del contrato y permitirá iniciar las obras y cumplir con los plazos previstos» para su puesta en marcha en otoño de 2019.

Asensio tendrá que volver a firmar la adjudicación de la incineradora. (GIPUZKOAKO ALDUNDIA)

El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales (TAFRC) ha desestimado el recurso interpuesto por las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sartech Engineering, lo que levanta la suspensión de la adjudicación a la UTE liderada por Urbaser y las empresas Moyua, Murias, Altuna y Uria y LKS para la construcción y gestión de la incineradora de Zubieta.

El Diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha calificado la resolución de «muy positiva» porque «da vía libre para la firma del contrato y permitirá iniciar las obras y cumplir con los plazos previstos», según ha indicado en un comunicado. Ha añadido que una vez recibida la comunicación y aportada la documentación pertinente por parte de la adjudicataria, se procederá a la firma del contrato y al inicio de las obras.

En su resolución el TAFRC «declara expresamente su competencia para resolver este recurso» y «deja claro que es imposible revivir la adjudicación inicial» de la incineradora y el resto de instalaciones, que en 2011 fue para FCC y posteriomente anulada por el Ejecutivo foral gobernado por EH Bildu.

Solventado este escollo, el plazo para la puesta en marcha de la instalación será de treinta meses y  entrará en funcionamiento en otoño de 2019, ha indicado la Diputación.

Por otro lado, este viernes se va a celebrar una Asamblea Extraordinaria del Consorcio de Residuos en la que se formalizará la decisión de no presentar recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que rechazaba la anulación de los swaps suscritos con las entidades bancarias y que obligan a pagar cuantiosos intereses por la financiación del proyecto de Zubieta.