MENTIRAS Y MEDIAS VERDADES PARA TAPAR A ERTZAINAS EN JUICIOS
La Ley de Protección a Testigos se elaboró en 1994, justificada en la acción de ETA. Esta razón ha perdido ya cualquier sentido, pero la Ertzaintza no renuncia a parapetarse en ella, aunque para eso tenga que sobredimensionar pintadas o recurrir al caso de Altsasu.
La solicitud presentada por el Departamento de Seguridad de Lakua para que ertzainas citados en un próximo juicio en la Audiencia Nacional puedan declarar ocultos intenta recrear la ficción de que el riesgo de acción de ETA sigue latente. Cinco años y medio después del cese definitivo de sus atentados y tres días después de materializarse su desarme, el escrito presentado el 11 de abril para reclamar el amparo de la Ley 19/94 de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales no tiene desperdicio.
Podría decirse que solo las dos primeras líneas responden fehacientemente a la verdad de los hechos (aunque incurriendo en un error temporal). En ellas admite Seguridad que «la banda terrorista ETA, en fecha del día 20 de noviembre de 2011 [realmente fue en octubre], anunció el fin de la lucha armada». Acto seguido se introduce ya un matiz muy cuestionable al señalar que desde entonces «se han llevado a cabo numerosas detenciones de activistas de la organización, siendo desarticulados varios comandos». Es sabido que ETA no ha cometido atentado alguno desde entonces y que sus estructuras militares fueron declaradas ya totalmente desmanteladas en julio de 2014.
A continuación asume también el escrito que el 8 de abril pasado «se anuncia la entrega del armamento en posesión de la organización terrorista ETA», pero se matiza que en el pendrive entregado por los verificadores internacionales con la localización de los depósitos de armas y explosivos «no aparece ningún zulo en suelo español».
Más sorprendente aún resulta que la Ertzaintza argumente que horas antes de la jornada de desarme «desconocidos efectuaron pintadas a favor de la organización en los muros de varias viviendas de la localidad navarra de Iturmendi, con el anagrama de la banda», y que algo similar ocurrió en Algorta, Hernani, Añorga o Pasaia.
Para intentar convencer a la Sala de lo Penal de que en este juicio previsto entre el 22 y el de 24 mayo los once ertzainas llamados a testificar deben declarar ocultos, el departamento que lidera Estefanía Beltrán de Heredia añade lo siguiente: «Hay un sector de la llamada izquierda abertzale, llamado Eusko Ekintza y discrepante con la estrategia de Sortu, que manifiesta que ‘el acto de desarme hará aún más legítimo el monopolio de la violencia de los estados ocupantes’».
En otro salto al vacío, la solicitud de la Ertzaintza recurre a evocar los hechos de Altsasu, perseguidos como «terrorismo» por la Audiencia Nacional en una actuación paradójicamente criticada entre otros muchos por Lakua, así como a los posteriores de Iruñea, que recuerda que están siendo instruidos igualmente en Madrid.
«Tregua» en vez de fin de atentados
Seguridad de Lakua traslada a la AN que «estos sucesos no son casos aislados» sino que muestran «por parte de ciertos círculos de la izquierda abertzale cierta añoranza hacia tiempos pasados». Y añade que algunas organizaciones «han continuado con el hostigamiento y acoso hacia ciertos grupos», y especialmente las FSE, «a pesar de la tregua de la organización terrorista ETA». Llama la atención que el fin acreditado de la lucha armada siga siendo planteado como una «tregua», que según el diccionario de la RAE significa «cese temporal de hostilidades».
«La Ertzaintza, por su parte, se ha visto directamente implicada en la lucha contra el terrorismo etarra, lo que ha convertido a sus agentes en una de las principales víctimas de estos grupos adláteres de la organización terrorista, tanto durante el ejercicio de sus funciones como policía integral como en su vida privada, sufriendo ataques personales, contra familiares e incluso contra sus bienes», sigue diciendo la solicitud, que concluye así: «Las medidas que se hayan adoptado carecen de virtualidad si no se acompañan de otras complementarias como las que ahora se solicitan, que formen parte de una actuación integral coherente con la necesidad de dotar de protección a los agentes».
La pasada semana, el argumentario ha recibido el visto bueno de la AN, que tras el plácet de la Fiscalía autoriza que declaren ocultos. El auto también tiene sus «perlas». Ahí van dos: «La propia naturaleza y metodología de la delincuencia terrorista hace que la intimidación exista sin necesidad de acto concreto en cada caso» y «las medidas de protección proceden con independencia de que el riesgo exista o no en realidad».
Más que la Guardia Civil
Así las cosas, los ertzainas declararán en la vista contra Xabier García Gaztelu –por un ataque de ETA contra el Gobierno Civil de Gipuzkoa que no produjo heridos– ocultos a la vista del público y quizás camuflados bajo gafas, pelucas o barbas postizas. Ha sido la norma habitual desde la implantación de la Ley de Protección de Testigos hace 23 años.
Las medidas adoptadas por la Ertzaintza superan generalmente a las de la Guardia Civil. Los agentes españoles comparecen en la sala de juicios también ocultos, pero con su número profesional real y sin disfraces,.
La diferencia fundamental, con todo, estriba en el momento en que se formula esta solicitud, en que la amenaza de una acción de ETA es inexistente. Durante años, para reclamar la protección las solicitudes del entonces Departamento de Interior de Lakua enumeraban los atentados mortales de ETA contra Joseba Goikoetxea, Montxo Doral, Mikel Uribe, Ana Isabel Arostegi, Javier Mijangos y otros agentes de la Ertzaintza. El amparo se les concedía automáticamente. Ahora, sin riesgo, se pide en similares parámetros y la AN sigue otorgándolo.