Comptos reivindica su competencia exclusiva para fiscalizar las cuentas de Nafarroa
La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha reivindicado que la ley del Amejoramiento le atribuye la «competencia exclusiva para fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de Navarra», en lugar del Tribunal de Cuentas, que, a pesar de ello, ha requerido diversa información sobre las cuentas de 2014 y 2015 precisamente para su fiscalización.
Olaechea, en un comunicado remitido a los medios, ha afirmado que «la competencia exclusiva de la institución para fiscalizar las cuentas es un aspecto esencial del régimen foral de la autonomía financiera de nuestra comunidad». «De hecho, las administraciones de Navarra nunca han rendido cuentas ante el Tribunal de Cuentas ni han sido fiscalizadas por esa institución», ha subrayado.
La presidenta de Comptos ha remitido este comunicado tras conocerse que el Tribunal de Cuentas ha requerido al Gobierno de Nafarroa diversa información económico-financiera de las cuentas de 2014 y 2015 para su fiscalización, habiendo obtenido la negativa del Ejecutivo a presentarlas argumentando que la fiscalización de los fondos públicos en Nafarroa corresponde a la Cámara de Comptos.
Asun Olaechea ha precisado que las relaciones entre la Cámara de Comptos y el Tribunal de Cuentas «fueron unos de los asuntos más espinosos en la negociación del Amejoramiento del Fuero». «Por un lado, los representantes de Navarra defendían la exclusividad de la Cámara de Comptos en la fiscalización de los fondos públicos de nuestra comunidad apelando a nuestros derechos históricos. Los representantes del Estado, por su parte, apelaban al carácter de ‘supremo órgano fiscalizador del Estado’ que el artículo 136 de la constitución atribuye al Tribunal de Cuentas», ha explicado.
Finalmente, según señala la presidenta de Comptos, «tras muchas negociaciones, se llegó a una fórmula de compromiso por la que la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de las cuentas públicas de Navarra, remite al Tribunal de Cuentas el resultado de sus actuaciones».
Desde el restablecimiento de la Cámara de Comptos en 1980, el Tribunal de Cuentas ha intentado varias veces fiscalizar las cuentas de entidades públicas de Nafarroa, apunta el organo fiscalizador navarro.
Ya en 1985 la prensa se hacía eco de unas declaraciones del senador Alfonso Añón en las que señalaba que el Tribunal de Cuentas no respetaba al régimen foral de Nafarroa, al requerir a los ayuntamientos del herrialde diversa información económico-financiera para su fiscalización. «Similares intentos se sucedieron en las décadas siguientes, con el mismo resultado: postura contundente del Gobierno de Navarra en defensa del régimen foral y consiguiente negativa a facilitar la información solicitada», ha añadido.
En cuanto al caso origen del actual conflicto, la remisión de planes de ajuste requeridos por el Tribunal de Cuentas en el marco de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria, en relación a las cuentas de 2014 y 2015, «debe tratar de resolverse por los mismos cauces previstos en el Amejoramiento y con la colaboración necesaria entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Comptos, como siempre ha ocurrido».
Las cuentas de esos ejercicios ya han sido fiscalizadas por la Cámara de Comptos y los correspondientes informes fueron oportunamente remitidos al Tribunal de Cuentas, ha añadido Asun Olaechea. «La Cámara de Comptos analizará los planes de ajuste exigidos en el contexto de la fiscalización de las cuentas de 2016, un trabajo ya iniciado que se remitirá también al Tribunal de Cuentas. Por las informaciones publicadas, las cuentas de Navarra de 2016 han cumplido los parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria en cuanto a déficit, regla de gasto y nivel de endeudamiento», ha apuntado.
Finalmente, ha afirmado que «el conflicto ahora planteado no deja de ser sino una confrontación más, estéril y sin sentido, derivada de un nuevo intento del Tribunal de Cuentas de fiscalizar las cuentas de Navarra, desconociendo su régimen foral y la fórmula pactada en el artículo 18 bis del Amejoramiento». «Frente a ello, el Gobierno y el Parlamento de Navarra deben tener una postura unánime, contundente y clara, como siempre ha sido, en defensa de nuestro régimen privativo», ha sostenido.