La nueva ley hipotecaria hará pagar hasta 800 euros de más al año

Las personas que suscriban nuevas hipotecas podrían llegar a pagar hasta 800 euros más al año si no contrataran los productos vinculados que les ofrece su banco. Se prevé que las hipotecas contratadas a tipos variables se encarecerán por esa causa 808,3 euros al año en la CAV, mientras que en Nafarroa el incremento anual sería de 641,88 euros.

Los nuevos hipotecados de Hego Euskal Herria tendrán que pagar 800 euros más al año si no contratan los productos o servicios vinculados que les ofrece su entidad financiera. Según el análisis realizado por la web de ahorro Kelisto.es, con la nueva ley hipotecaria que el Gobierno español pretende aprobar después del verano, los bancos podrán subir el interés que cobran por sus hipotecas a sus clientes si estos no aceptan la vinculación. En el caso de las variables, el diferencial medio pasaría del 1,2% al 2,3%, lo que supone un encarecimiento del 91,6%; mientras que en las fijas la subida sería del 2,3% al 3,4%, lo que implicaría un encarecimiento del 47,8%.

En cifras monetarias, esta subida implicaría que los hipotecados fijos de la CAV pagarían 872,56 euros de más al año si no contratan productos vinculados, mientras que con una hipoteca variable la cifra se quedaría en los 808,3 euros. Es decir, supondría un encarecimiento medio de las hipotecas de 67,36 euros mensuales. En cuanto a Nafarroa, el incremento sería menor para aquellos clientes que no deseen contratar productos vinculados; concretamente, la diferencia se sitúa en 641,88 euros anuales; es decir, 53,49 euros mensuales.

La CAV, se encuentra junto con Madrid y Catalunya, entre las comunidades en las que más se encarecerían las hipotecas.

Productos a contratar

A día de hoy, muchas entidades financieras ya requieren a sus clientes contratar productos o servicios vinculados. Con la nueva ley, el recargo será mayor o menor dependiendo de los productos que se contraten o se rechacen. El mayor encarecimiento se produciría si el consumidor decide no domiciliar su nómina en el banco al que solicitará la hipoteca: en ese caso, el interés a pagar aumentaría en 0,7 puntos porcentuales. Tras esta vinculación se situaría la domiciliación de los recibos (+0,5%), la contratación de un seguro de vida (+04%) y la contratación de un seguro de hogar (+0,3%).

En la práctica, la nueva ley prohibirá las “ventas vinculadas”, pero permitirá las “ventas combinadas”. Es decir, impedirá que una entidad obligue al consumidor a contratar productos extra con su hipoteca, pero le permitirá ofrecérselos por separado a cambio de beneficios y bonificaciones, como ya sucede con las hipotecas actualmente.

La cuestión más espinosa, según el portal Kelisto.es, es la transparencia: «El principal problema de la vinculación hipotecaria reside en su falta de transparencia. Aunque la mayoría de los bancos informa de lo que se encarecería su préstamo si no acepta la vinculación propuesta, un 33% no desglosa esa información: es decir, el consumidor no sabe si le convendría más contratar un seguro que un plan de pensiones». Además, según añade la web de ahorro, existe poca información sobre los propios productos vinculados, su precio y sus características, para realizar una comparación.

La nueva ley entrará en vigor con retraso

La nueva ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy será aprobada, presumiblemente, después del verano. Pero, como recuerda el portal Kelisto.es, debió haber pasado a formar parte de la legislación estatal hace ya un año y cuatro meses. Introducirá en el ordenamiento jurídico español una normativa europea que las instituciones de la UE venían exigiendo hace tiempo al Estado español para garantizar una mayor protección a todos los consumidores: la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

La ley establece, entre otras medidas, la obligatoriedad de consultar dos veces ante notario el contrato a firmar con el banco, mejorar la información precontractual que recibe el consumidor y rebajar los costes de cambio de una hipoteca variable a fija. Además, se endurecen las condiciones para que una entidad financiera pueda proceder a una ejecución hipotecaria. GARA