La oposición venezolana intenta reavivar su pulso en las calles
La oposición venezolana urgió ayer a sus seguidores a retomar la protesta mañana, después de que los últimos dos llamamientos a las calles registraran muy escasa afluencia y mientras la Asamblea Constituyente sigue dando pasos como máxima autoridad.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado para mañana al menos dos concentraciones en Chacao y El Hatillo, feudos del antichavismo, y cuyos alcaldes, Ramón Muchacho y David Smolansky, han sido destituidos y condenados por el Tribunal Supremo a 15 meses de prisión e inhabilitación por permitir instalar barricadas durante protestas. Se desconoce si habrá otras marchas en otros puntos del país.
«No está en discusión» que la calle «es la principal fortaleza de la oposición; si la abandonamos nos rendimos. Abandonar las calles es abandonar la democracia. Darle paso a la dictadura», dijo el diputado Freddy Guevara, en un intento de recuperar el pulso que la oposición mantenía con el Gobierno y cuya fuerza ha ido disminuyendo hasta ser residual.
Mientras tanto, y quizá sea una de las razones de que la protesta antigubernamental se haya desinflado, las Asamblea Constituyente sigue dando pasos como máxima autoridad en Venezuela. El martes (miércoles en Euskal Herria), durante su segunda sesión, los diputados constituyentes aprobaron por unanimidad la Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
La comisión fue creada por el presidente, Nicolás Maduro, para brindar justicia a las víctimas de la violencia promovida por sectores de la oposición, explicó su presidenta, Delcy Rodríguez.
Diosdado Cabello, uno de sus diputados más influyentes, señaló ayer, por otro lado, que los políticos opositores que quieran ser candidatos a gobernadores en las elecciones de diciembre deberán tener un certificado de «buena conducta» expedido por la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, en el que se recoja que nunca llamaron a la violencia y a «quemar Venezuela».
Ayer, el Gobierno de Venezuela criticó el «seudo informe» de la ONU responsabiliza de las violaciones de derechos humanos en Venezuela «a las más altas autoridades del Gobierno» y acusa a las fuerzas de seguridad de cometer torturas, detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza. Acusó a la ONU de intentar «engañar» a la comunidad internacional mediante una «patraña» que no tuvo en cuenta la versión de Caracas.