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Profesionales de la comunicación catalanes denuncian la situación excepcional que «ha hecho saltar todas las alarmas»

Decenas de periodistas y profesionales de la comunicación han protagonizado esta tarde una concentración frente a la sede del Colegio de Periodistas de Catalunya para denunciar la «situación excepcional» que se vive en Catalunya con registros, identificaciones, coacciones y citaciones judiciales a periodistas y medios. También han denunciado la macrooperación de ayer contra instituciones catalanas. Mònica Terribas y Jordi Évole han leído el manifiesto que cuenta con más de 100.000 adhesiones.

Mònica Terribas y Jordi Èvole durante la lectura del manifiesto. (Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS)

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La sede del Colegio de Periodistas de Catalunya, situada a escasos 50 metros de la sede del Departamento de Economía y Vicepresidencia del Govern catalán, ha acogido una protesta de profesionales de la comunicación contra la situación de excepción que vive Catalunya y que «ha hecho saltar todas las alarmas», según ha subrayado el representantes de Radio La Mina, en cuyos estudios irrumpió esta semana la Guardia Civil para entregar la orden de no emitir anuncios del referéndum.

Unos 200 profesionales se han congregado para denunciar estas actuaciones, también han censurado la macro-operación de ayer contra instituciones catalanas y tras el acto han llamado a acudir a la protesta del Arco del Triunfo, la movilización permanente convocada por las entidades soberanistas en el paseo Lluís Companys contra las detenciones de ayer.

Mónica Terribas y Jordi Èvole han leído el manifiesto cuyo título reza «Por la libertad de prensa y por todas las libertades.

El texto, que ya ha recogido más de 100.000 adhesiones particulares y de decenas de entidades, subraya que los firmantes son «profesionales comprometidos con un ejercicio responsable del periodismo» y «de la comunicación, incluida la publicidad». El manifiesto denuncia la «actuación desproporcionada del Gobierno español» para impedir el referéndum del 1 de octubre y pone en valor que lo hace «a pesar de la voluntad del Parlamento y la mayoría de la ciudadanía».