Juristas vascos apoyan el 1-O y subrayan que «convocar un referéndum no es delito»
Un grupo de juristas vascos por el derecho a decidir han denunciado los «dislates jurídicos» que se han producido en Catalunya y han subrayado que «convocar un referéndum no es delito», al igual que tampoco lo es participar en él. Llaman asimismo a participar en la marcha convocada por Gure Esku Dago para este sábado en Bilbo.
Los abogados Miguel Castells e Iñigo Santxo, junto a la portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, han denunciado en nombre del grupo de juristas vascos que defiende el derecho a decidir los «dislates jurídicos» que se han producido en Catalunya.
Arrizabalaga, en euskara, y Castells, en castellano, han leído un comunicado que la comisión de defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha hecho llegar a esa plataforma de juristas al tiempo que han llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación que Gure Esku Dago ha convocado para mañana en Bilbo.
La marcha, que recorrerá las calles de la capital vizcaina bajo el lema ‘Demokrazia/Erabakitzeko eskubidea’, cuenta con el apoyo de EH Bildu, PNV, Podemos Euskadi, así como de los sindicatos ELA y LAB, la red Independentistak o ANC-Euskal Herria, entre otros.
El grupo de ‘Juristas por el derecho a decidir’ ha subrayado que «convocar un referéndum no es delito» y «tampoco lo es participar en él» ya que, alega, la ley 2/2005 de 22 de junio «despenalizó la convocatoria» de una consulta por parte de «autoridades o funcionarios sin competencia para ello" o que "facilitaran, promovieran o aseguraran el proceso».
Afirman que el referéndum del 1 de octubre «no es ilegal» porque surge de una ley aprobada por el Parlament de Catalunya.
Esta norma está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero esta instancia «se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma» y «no sobre legalidad, algo que corresponde dictaminarla a los jueces ordinarios», ha puntualizado Castells.
Respecto a la actuación de la Fiscalía, afirman que «se ha arrogado la posición de mando de los cuerpos policiales» a pesar de que el asunto está en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona con lo que, a su juicio, «vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)» así como el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Los juristas denuncian asimismo la «intervención fáctica» de la Generalitat que en su opinión constituye un «fraude de ley por eludir el artículo 155 de la Constitución», al tiempo que muestran su preocupación por las «arengas prebélicas a policías y militares en sus ciudades de origen» así como por la calificación de «sedición» a las concentraciones de Barcelona el pasado 21 de setiembre tras la detención de altos cargos del Govern.