Madrid desata la guerra económica a la espera de la decisión del Govern

Con Caixabank y Gas Natural a la cabeza, ayer varias empresas decidieron cambiar de sede social, empujadas por el impulso del Gobierno español. En Catalunya, el alivio por la vuelta a casa de Trapero, Cuixart y Sànchez se solapó con la incógnita sobre la declaración de Puigdemont ante el Parlament, que finalmente se producirá el martes.

La posición de los trenes a punto de chocar es la misma, pero la imagen parece congelada. Los vértigos son compartidos y parece que ni Catalunya ni España se deciden a dar el paso adelante, conscientes de que nadie tiene la certeza de si va a encontrar tierra firme o un profundo abismo. Los líderes de las entidades soberanistas y el mayor de los Mossos volvieron ayer sin mayores sustos de Madrid y Puigdemont postergo otras 24 horas su aparición en el Parlament. A la espera de una mediación, a la que ayer se apuntó hasta Suiza, el choque sigue mostrándose como inevitable, pero cada vez parece más claro que no será una explosión tras la que se instalará la calma. Esto va para largo y el Estado va tomando posiciones a través de una abierta guerra en el ámbito económico.

Pero vamos por partes, que los flecos son numerosos. La principal incógnita del día de ayer era saber si la Audiencia Nacional española decidía enviar a la cárcel a los presidentes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, o al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero –también estaba citada la intendente de la Policía catalana Teresa Laplana, cuya declaración quedó postergada por motivos médicos–. Todos ellos están imputados por sedición. La temperatura del fin de semana dependía de la decisión de la jueza Carmen Lamela, que finalmente dejó en libertad a los imputados.

La Fiscalía, sin embargo, amplió la querella a los hechos del 1-O, por lo que los afectados serán llamados a declarar de nuevo en próximas fechas. El Estado se sigue guardando la baza.

¿Tranquilidad hasta el martes?

Con los citados en la AN volviendo sin sorpresas a Catalunya, el president, Carles Puigdemont, anunció por sorpresa que comparecerá en el Parlament el martes a las 18.00. Lo hará a petición propia para burlar la prohibición del TC, que ilegalizó la anterior comparecencia propuesta por JxSí y la CUP.

Más allá de tretas y obstáculos jurídico-reglamentarios, lo que está en cuestión es la naturaleza de la declaración que Puigdemont realizará en la Cámara. Las voces –no se sabe si mayoritarias– que en su propio partido le piden recular o no avanzar se hicieron ayer más públicas que nunca, sobre todo a través del artículo que el consejero de Empresa, Santi Vila, publicó en el diario “Ara”. De forma paralela, la CUP pidió la declaración de independencia para el mismo martes: «Es el momento inaplazable e ineludible de ejercer la autodeterminación».

La resolución final podría estar a medio camino, aunque no son más que especulaciones. La obsesión compartida del independentismo es la de no dilapidar rápidamente el capital político acumulado el 1-O, algo que podría pasar por una declaración de independencia light que reclame la mediación, y por la puesta en marcha de un proceso constituyente como modo de retener a los menos cercanos al independentismo. Sobre la mediación, por cierto, encontrarán más detalles en el texto de Iraia Oiarzabal en la próxima página.

Guerra económica abierta

Mientras en Catalunya se debate sobre qué forma dar a la declaración del martes, el Gobierno español dio ayer una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de pánico económico inaugurada el jueves con el anuncio del Banc Sabadell de trasladar su sede social a Alicante –el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, consideró ayer que la decisión se tomó por presiones de Madrid–. Después de que el Gobierno español aprobase una reforma para facilitar el traslado de empresas, ayer un pequeño pero notable número de empresas siguió los pasos del Sabadell, con dos menciones especiales: Caixabank, que se va a València, y Gas Natural, que se traslada a Madrid.

Aunque hay que remarcar que son solo empresas españolas las que se mueven –Seat rechazó ayer hacerlo–, y aunque cabe recordar que el cambio de sede social apenas tiene consecuencias en la práctica, tampoco cabe menospreciar el impacto del goteo de empresas que se van. Tanto para Catalunya como para España, como recordó ayer el FMI en su primera aparición en la presente crisis: una «prolongada incertidumbre» podría frenar la confianza en España.

Apuntes del día

La mayoría silenciosa... española

Barcelona acoge mañana la que promete ser la manifestación unionista más grande que recuerde. Sin embargo, será difícil saber cuántos catalanes participan en ella, dada la cantidad de autobuses fletados desde España. Las entidades soberanistas han llamado a no caer en provocaciones.

El falso autogol de Artur Mas

Un titular del Financial Times despertó ayer las alarmas: «Exlíder catalán dice que la región no está preparada para la ‘independencia real’». La frase se atribuyó a Artur Mas, que rápidamente lo desmintió, publicando el audio de la entrevista para acreditarlo. El diario aceptó cambiar el titular.